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¿Sistema Nacional de Competitividad?
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 299 [2008-11-27]
 

La agenda tiene varios asuntos pendientes en materia científica y tecnológica. Es el último año de ejercicio de los actuales legisladores y, ocupados como están en los asuntos trascendentes de la República, tal vez no tendrán espacio para discutir los temas más pedestres de la vida cotidiana. Aunque, seguramente, en algún momento tendrán que ocuparse de ellos, si es que llegan a notarlos.

A la reforma pendiente de la Ley de Ciencia y Tecnología desde la anterior legislatura, donde el concepto de innovación y el problema del financiamiento serían centrales, ahora habrá que sumarle el de la competitividad. Al comienzo de este año se presentó una iniciativa al respecto, aunque parece poco probable que llegue a dictaminarse y todavía menos que se apruebe.

El antecedente de la iniciativa está en las propuestas de puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados de octubre de 2006. Aunque por esas fechas los diputados apenas se acomodaban en sus curules, ya estaban preocupados por el porvenir de la nación. En ese tiempo crearon una “comisión de prospectiva para la definición del futuro de México”, que se habría de encargar de formular los lineamientos con una visión de largo plazo en materia de Estado de derecho, justicia social, desarrollo humano sustentable, rumbo económico, etcétera. Claro, la recesión que hoy se asoma no estaba en las coordenadas del ejercicio de prospectiva.

En fin, las propuestas de puntos de acuerdo sobre competitividad presentados al final de 2006 tenían en su horizonte incrementar las posibilidades de desarrollo del país, la creación de empleos, lograr la estabilidad macroeconómica, el mejoramiento de los niveles educativos y el fomento a la competitividad. Las propuestas culminaron con la creación de un “Comité de Competitividad” en enero de 2007 (Gaceta Parlamentaria no. 2172-I, 15/I/07).

Según se indicó, el comité coadyuvaría a las comisiones relacionadas a proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad de las diversas regiones del país y contribuir al logro de los correspondientes acuerdos. Al principio se dijo que el comité estaría integrado por 15 diputados y, como todas las comisiones, conservando la proporcionalidad de las fracciones parlamentarias. Al final se integró con 14 diputados: seis diputados del PAN, cuatro del PRD, tres del PRI, uno de Convergencia y otro más del Verde Ecologista; lo preside un diputado del PRI, Mariano González Zarur, y fungen como secretarios un diputado del PRI y otro del PRD.

A la fecha, el comité ha realizado algunas actividades, principalmente encuentros con diferentes instancias sobre el tema de la competitividad. En términos prácticos, las iniciativas legales han derivado más bien del Ejecutivo federal, a través de las secretarías implicadas en el tema, o de sectores empresariales, las cuales el comité se ha comprometido a apoyar.

Las iniciativas más relevantes han sido las que presentó el presidente del comité en abril de este año. Es la Ley del Sistema Nacional para la Competitividad y las reformas a la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La primera, es una iniciativa relativamente simple —tiene 16 artículos—, la cual intenta regular la coordinación y organización entre los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores privado y social, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Competitividad. Este último, de forma tautológica, lo define como el “el conjunto de programas, instrumentos, recursos, actividades, instituciones y medidas que de manera coordinada promuevan e implementen una política nacional de competitividad para el país”.

El dato más sobresaliente de la iniciativa es que propone la integración de un Comité Nacional para la Competitividad. Un comité encargado de coordinar y regular el sistema, determinar los lineamientos, formular las propuestas y analizar los proyectos. El problema, como casi todos los organismos que diseñan los legisladores, es que sugiere la integración de un comité muy numeroso, diverso y de alto nivel. Por ejemplo, 10 titulares de secretarías de Estado (presidido por el secretario de Economía), el procurador general de la República, un representante de los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes de los consejos locales y regionales para la competitividad, representantes de organismos empresariales, el director de Conacyt, etcétera.

La experiencia con la integración de órganos de gobierno de alto nivel fuera del gabinete es que son poco funcionales y rara vez se reúnen, como lo muestran las contadísimas sesiones desde 2002 del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que lo preside el Ejecutivo federal y lo integran la mayoría de secretarios.

La integración de un Sistema Nacional para la Competitividad no es mala idea, como tampoco otro de innovación, pero hasta ahora parecen más un recurso retórico que un cálculo estratégico.


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