En este año se realizarán las llamadas elecciones intermedias, mediante las cuales se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, así que pronto comenzará a intensificarse la contaminante propaganda de los partidos políticos para atraer a los posibles votantes, pero también las querellas públicas entre fuerzas políticas y las argucias para darle la vuelta a la normatividad electoral. Lo más importante es que tal vez algunas iniciativas controvertidas en materia científica podrían ocupar parte del debate electoral.

Los partidos políticos, los senadores y los diputados, según la medición de encuestas, sistemáticamente han ocupado las últimas posiciones en los niveles de confianza de los mexicanos. Es decir, son las instituciones en las que menos confían los ciudadanos y, sin embargo, cada tres años está el dilema de votar por sus representantes.

Como éste es un año electoral, los partidos políticos intentarán seducir al eventual electorado con las ofertas políticas más increíbles que su escasa o prolífica imaginación les permita. (¿Suena conocida una iniciativa a favor de la pena de muerte de un partido que está por la vida?)

Probablemente no sólo sonarán las ofertas que una buena parte de los electores quieren escuchar, también podrían estar las que se dirigen a un electorado muy localizado, a quienes prácticamente son la base de tal o cual fuerza política y ya están convencidos de las ideas y convicciones que éstas sostienen. Sin duda, es una apuesta riesgosa que debieran calibrar los partidos políticos.

Por ejemplo, el viernes de la semana de anterior, los titulares de la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Colegio de Bioética y el Seminario de Investigación de Ética y Bioética de la UNAM, cuatro instituciones reconocidas del ámbito científico, se pronunciaron públicamente en diferentes medios para expresar su discrepancia con el contenido de dos iniciativas presentadas por legisladores del Partido Acción Nacional.

Según los firmantes del pronunciamiento público, si se aprobaran tales iniciativas, “además de constituir un retroceso para el desarrollo de la ciencia y de la salud pública, sentaría un grave precedente para la posterior prohibición de la investigación con células troncales embrionarias, de la fertilización in vitro, de la interrupción del embarazo y quizá hasta del uso de anticonceptivos. Desde el punto de vista de la ciencia, y en particular de la bioética, las propuestas de estos legisladores son inaceptables”.

or tanto, hacían un llamado a los legisladores para que los temas objeto de la iniciativa en curso fueran abordados con mayor prudencia, responsabilidad y fundamento en el Congreso de la Unión.

Desde la Legislatura anterior, el tema de la regulación de la actividad de investigación en materia genómica está en discusión, sobre todo después de que se produjo un relativo consenso en el ámbito internacional sobre la importancia de impulsar la clonación con fines de investigación terapéutica. También debe recordarse que hace poco más de cuatro años la discusión al respecto fue relativamente intensa en el país, puesto que por esas fechas se aprobó la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y había posiciones encontradas sobre la conveniencia de limitar o no la investigación con células troncales de la naciente institución. Al final terminó por imponerse la prudencia y no hubo ninguna prohibición expresa en la normatividad institucional.

Ahora, una de las iniciativas del PAN, presentada el pasado mes de noviembre por la senadora María Teresa Ortuño Gurza, busca reformar la Ley de Salud. El cambio consiste en añadirle a esa ley dos artículos y reformar otro más. Uno de los artículos, como lo señalan los titulares de las organizaciones científicas, prohíbe “la investigación, manipulación o intervención que tenga como fin realizar cualquier tipo y forma de clonación humana” (100 bis), y el otro “prohíbe la producción de embriones por transferencia o reprogramación nuclear o por cualquier tecnología…” (100 ter).

Es difícil anticipar qué ocurrirá con las recientes iniciativas de Acción Nacional, pero por los antecedentes, la experiencia internacional y las elecciones en puerta, lo más probable es que no se aprueben e incluso que no traspasen el umbral de las comisiones.

Según el más reciente informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología de los diputados, existe una decena de iniciativas de ley sobre el sector que están a la espera del dictamen correspondiente, algunas sobre los mismos artículos a reformar, así que la agenda legislativa tiene materia para discutir. Claro, la dinámica de las negociaciones entre las fracciones parlamentarias y los intercambios políticos son realmente impredecibles; al final, parece inexplicable cómo llegan al punto en el que están. Sin embargo, al menos ahora que están en curso las elecciones, esperemos un poco de cordura y si se discutirá el tema, que sea con seriedad.