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La eficiencia educativa en México según la OCDE
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm 335 [2009-09-03]
 

La semana pasada comenzó a circular la monografía sobre México de la serie OECD Economic Surveys. Esta edición, fechada en julio 2009, comenta varios temas relevantes en la coyuntura del país desde la perspectiva del organismo multilateral. A pesar del enfoque predominantemente económico del reporte, uno de los temas abordados compete al ámbito educativo. Al respecto, la OCDE presenta un diagnóstico general sobre la eficiencia del gasto público en el sector y ofrece recomendaciones de política pública.

El volumen centra su atención en cuatro temas, cada cual en un capítulo: la crisis financiera y sus efectos sobre el perfil macroeconómico; la problemática del sector petrolero; la eficiencia de los sectores educativo y de salud, y las reformas estructurales pendientes. El cuarto capítulo, por cierto, lleva un título por demás curioso, automovilístico y revelador: “Pedal to metal. Structural reforms to boost long-term growth and spur recovery from crisis”. Puede traducirse como “Acelerar a fondo. Reformas estructurales para impulsar el crecimiento a largo plazo y estimular la recuperación de la crisis”. La expresión pedal to metal, sin embargo, no es sólo acelerar a fondo, sino, literalmente, hasta que tope. ¿Será que los especialistas de la OCDE creen que eso es posible sin que el vehículo se desbiele?

En fin, vamos a la sección educativa. El enfoque analítico consiste en identificar, medir y discutir la eficiencia del gasto público colocado en el sector educativo. Por eficiencia se entiende el nivel de resultados obtenidos por medio de la inversión de recursos fiscales en el sistema. Con dos aclaraciones. Primera, sólo se precisan datos y comentarios respecto de los niveles de educación primaria y secundaria. Segunda, los resultados educativos que buscan ser explicados se concentran en una sola dimensión: el desempeño de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) que administra la OCDE.

El reporte reitera lo ya sabido: a los jóvenes mexicanos les va mal en esa prueba cuando se comparan sus resultados con los de cualquier otro país afiliado a la OCDE. Último lugar en la edición 2006, aunque alguna mejoría respecto de los resultados obtenidos en las ediciones previas de la prueba (PISA 2000 y PISA 2003). El informe subraya que el gasto público total de México en educación está por encima de la media de la OCDE, aunque el gasto relativo (financiamiento por alumno) permanece en el nivel inferior debido a la estructura demográfica del país.

Para explorar si el gasto educativo invertido es eficiente en función de los resultados PISA, el reporte ofrece dos niveles de contraste. En el primero se analiza la posición de México en el conjunto OCDE mediante un índice que relaciona gasto por alumno (variable independiente) contra resultados PISA (variable dependiente). En una escala de cero a uno, los países del área más eficientes resultan ser, en orden descendente, Finlandia, Corea del Sur, República Eslovaca, Polonia y Australia. Al final de la lista aparecen, de más a menos, España, México, Italia, Grecia y Portugal.

El segundo contraste es con países que no forman parte de la OCDE, por ser economías emergentes, pero aplicaron la prueba PISA en 2006. Dentro de ese grupo México aparece en antepenúltimo lugar, sólo por encima de Israel y Argentina.

Total que, para decirlo en breve, aunque el gasto por alumno que se invierte en México es bastante limitado, debería alcanzar para obtener mejores resultados en la prueba PISA. Ése es el argumento central, del que se sigue: el gasto educativo en México es ineficiente en función de la calidad obtenida (porque PISA es la calidad).

¿Cuáles son las fuentes de la ineficiencia según el reporte? Se apuntan varias. Primera, que, en comparación con otros países, en México se gasta mucho en salario magisterial y muy poco en infraestructura educativa. Segunda, la preparación de los profesores es insuficiente pues, en el ámbito nacional, sólo la mitad de los profesores de secundaria cuentan con título equivalente a licenciatura, y el panorama entre los estados es sumamente heterogéneo.

Sobre este último punto, el reporte incluye una estadística singular, que da cuenta de la proporción de profesores de secundaria con título equivalente a licenciatura en cada entidad federativa. Resulta, según el cuadro, que las entidades en que esa proporción es menor a 40 por ciento son, de menos a más, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán y Tamaulipas. En el otro extremo, con 65 por ciento o más de profesores titulados, están Zacatecas, Colima, Tlaxcala y Baja California. El último estado, con casi 80 por ciento del personal docente titulado. La estadística es inverosímil, pero se basa en fuentes oficiales. Lo que es ciertamente un problema.

Efectivamente, la publicación de la SEP Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras ciclo escolar 2007-2008 consigna esa información en un cuadro (pág. 71). En éste leemos, por ejemplo, que mientras en Nuevo León sólo 22 por ciento de los profesores de secundaria tiene título equivalente a licenciatura y 11.8 por ciento posgrado, en Chiapas las proporciones respectivas son 40.4 y 10.9 por ciento. Ajá.

Otro factor que la OCDE considera es la falta de incentivos para motivar la superación del magisterio. Según el organismo, el programa de Carrera Magisterial está centrado en requisitos para la promoción salarial, pero no cuenta con elementos para que los resultados obtenidos por los alumnos indiquen la calidad del desempeño docente. El cuarto elemento que, según la OCDE, gravita en el problema de la calidad, es la falta de autonomía de los centros escolares en el sistema de educación básica.

Con estas premisas, ¿qué recomienda la organización? Es fácil de anticipar: más recursos en la infraestructura escolar, mayor autonomía a las escuelas, incentivos a docentes centrados en el logro de los estudiantes y consolidar el sistema de evaluación. Y, por supuesto, concretar la Alianza por la Calidad de la Educación, iniciativa que, según la OCDE, resulta ser la política pública “más promisoria” en este sector.


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