En este texto, que forma parte de uno más amplio, exploro la autonomía universitaria como un concepto político. Aclaro que su significado no es entendido de la misma manera en todas partes, tiene diferencias según la historia, el marco jurídico y la cultura política de cada país o territorio. Además, sus alcances han cambiado en el tiempo histórico. Aquí vamos a señalar los antecedentes de la concepción política de la autonomía en nuestro país. Considero importante traerlos a colación pues, desde su origen hasta la fecha, la autonomía, que es concedida por el Estado a la universidad, ha sido objeto de una querella política permanente entre ambos.
En América Latina, la autonomía nació como demanda de los estudiantes de Córdoba, Argentina, en 1918. En México fue otorgada a raíz de una huelga estudiantil en la Universidad Nacional. Emanó de una disputa política entre la universidad, de la que hacía parte un grupo que reclamaba una posición social desde la academia, y el Estado. Un Estado que estaba ubicándose en un escenario político extraordinariamente complicado.
En ese entonces, 1929, el Estado tenía un gobierno interino, al inicio del maximato, en el cual todavía pesaban los generales revolucionarios. Enfrentaba un año electoral por la sucesión presidencial. Las fuerzas oficiales, encabezadas por el presidente Calles, contendían con el vasconcelismo, una de cuyas puntas eran los propios estudiantes universitarios. Era un Estado que estaba delimitando sus espacios frente a la Iglesia, banqueros, petroleros y potencias extranjeras, en medio de un desplazamiento de la hegemonía internacional de Europa hacia Estados Unidos, donde ocurre el gran crack. Un Estado que estaba saliendo de una guerra de tres años y sofocando rebeliones en el territorio, que había tenido gastos excesivos y se encontraba endeudado. Un Estado que buscaba armonizar intereses políticos mediante la creación de un partido (el PNR), un Estado al cual le urgía consolidar la paz y el orden interno, diferenciándose para establecer reglas del juego político, entre otros con la Universidad Nacional, que con la autonomía ganaba independencia política frente a la sociedad y al propio Estado.
En los años treinta, la UNAM vivió serias dificultades cuando el Estado, justificado en la autonomía, le quitó el subsidio. Después, a partir de los años cuarenta, la universidad pasó a jugar un papel político muy relevante. Con estructuras estatales consolidadas e impulsoras de la economía, la sociedad experimentaba cambios muy importantes con el modelo de desarrollo sustitutivo. Emergió una clase media que había aumentado su número con una participación muy activa en los procesos sociales. Un sector que demandó educación universitaria, movilidad social para trepar a los altos puestos de la sociedad y la política. El gobierno había conferido a la universidad la capacidad de formar y acreditar a los profesionistas. De la universidad se reclutó a los líderes políticos y económicos.
La universidad, gracias a su autonomía, desde entonces, ha dado legitimidad al régimen estatal. Pero también gracias a su autonomía la universidad generó criterios en los que se fundó el cambio social, una enorme energía en la construcción y difusión de la cultura, a menudo opuesta a la cultura oficial. Y todo ello desde una perspectiva crítica hacia el gobierno y sus instituciones.
Sin duda, el ejercicio de la crítica, la revisión y análisis de los hechos presentes, los planteamientos para llevar a México hacia adelante, han sido incómodos para los gobernantes del país. Pero, como señala Levy (1987), ni la crítica ni el juego político de la universidad fueron impedimentos para que pudiera tener con el gobierno un modus vivendi conveniente para ambos, para que el gobierno pudiera presentar una cara democrática por el respeto a la autonomía universitaria, que fue extendiéndose a las universidades públicas estatales. De hecho, la tesis central de este autor es que frente a un gobierno de corte autoritario, las universidades públicas disfrutaban (hasta los años setenta, cuando hace su investigación) de un alto grado de autonomía. Después del cisma político del 68, surgieron fuertes movimientos sindicales en las universidades. El Estado mexicano tomó la decisión de elevar la autonomía a rango constitucional, uno de cuyos efectos directos fue ubicar el trabajo académico como un trabajo especial, regulado de esa manera en la Ley Federal del Trabajo.
Las relaciones del gobierno, ahora, con la universidad pública comenzaron a tener cambios a raíz de la crisis de la deuda (a principios de los años ochenta). Con escasez de recursos, el gobierno comenzó a economizar en el gasto educativo. Su deseo de coordinar, planear y evaluar el desempeño de las universidades públicas para economizar, lo ubicaron en una posición distinta frente a la autonomía. Supervisar a distancia, controlar “sutilmente” el desarrollo institucional; las relaciones del gobierno con la universidad pública se modificaron. De una relación en la cual el financiamiento era otorgado sin demasiados requisitos, se pasó a otra en la que el gobierno provee de recursos económicos ordinarios, para la operación de las casas de estudios, y extraordinarios, para el “fortalecimiento institucional”.
El cambio en el modelo de financiamiento significó una modificación en las relaciones políticas entre la universidad pública y el Estado. Las universidades públicas quedaron subordinadas a las políticas educativas y económicas del Estado. La autonomía se tradujo en una molestia para la introducción de las mismas. En los hechos se trastocó. Se volvió acotada, restringida, amenazada por parte del gobierno. El desarrollo de la universidad pública y la manera de realizarlo se sujetaron a las políticas federales. Y esta nueva fase de vinculación del Estado con la universidad ha tenido repercusiones que animan el análisis para destacar y situar la importancia del concepto desde una perspectiva política, porque sigue en disputa.
