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El comité y los ritmos de la administración
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 350 [2009-12-17]
 

Finalmente, quedó instalado el Comité Intersectorial para la Innovación. Una propuesta de hace casi dos años, prevista en la reforma a la normatividad del sector científico y tecnológico de este año y base para dirigir los apoyos para favorecer la innovación. La trayectoria de las modificaciones y las iniciativas en este terreno, como en otras áreas del mismo Conacyt, muestran las dificultades para alcanzar los propósitos anunciados y una escala de tiempo que no corresponde con la urgencia de los problemas.

El tema de la innovación no es ninguna novedad en el sector. Desde la administración anterior se comenzó a discutir la importancia de incluir el tema de la innovación en la política sectorial. El Banco Mundial otorgó un préstamo a México en 2005 —en continuidad con otro de 1998— para fomentar la innovación por medio de algunos de los programas del Conacyt en marcha; por cierto, en este año vencerá la primera fase de ese préstamo. La OCDE, posteriormente, llevó a cabo un examen del sistema de innovación en México y los resultados apenas se conocieron en este año.

Hacia el final de la administración de Vicente Fox se hicieron algunas propuestas sobre innovación y se esbozó una iniciativa de ley al respecto. Pero la Legislatura estaba por concluir, y la dinámica política marcaba otros ritmos y otros temas. Hasta ahí quedó el asunto. La actual administración, tras el accidentado y competido proceso electoral, estaba tratando de afianzarse en los asientos y parecía que el acicate de la controversia electoral la impelería a mostrar resultados rápidamente. No ha sido el caso.

El programa de ciencia y tecnología de la actual administración, después de dos años de ejercicio, fue de los últimos en aparecer. Premura no había. Tal vez la imposibilidad de que el programa sectorial incluyera la palabra innovación en su título, fue una de las razones para que se retomara la discusión sobre una nueva reforma a la normatividad.

La principal iniciativa de ley fue presentada en mayo de 2008 y en los meses siguientes se presentaron otros proyectos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma el último día de marzo de este año y de ahí pasó a la Cámara de Senadores. Estos últimos la aprobaron, sin modificaciones, el 21 de abril, casi un mes después de que la recibieron. Después, los senadores enviaron la nueva ley al Ejecutivo federal para que éste, a su vez, la publicara en el Diario Oficial de la Federación y, entonces sí, entrara en vigor. La nueva ley apareció publicada el pasado 12 de junio y apenas este 9 de diciembre se instaló el Comité Intersectorial para la Innovación.

Uno de los cambios más importantes de la nueva ley, como en su momento lo indicamos, es que incluye la palabra innovación, como extensión, en prácticamente todos los artículos donde antes solamente aparecían ciencia y tecnología. Por tanto, el programa sectorial, el sistema nacional o el máximo órgano de gobierno del área, ya pueden añadir ese término a sus respectivos nombres.

No solamente cambió el nombre del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el máximo órgano de gobierno del sector, sino también su composición y funciones. Ahora sus atribuciones también incluyen la coordinación en materia de innovación y ha integrado a cinco nuevo miembros: tres representantes del sector productivo, uno de la conferencia nacional —la que agrupa a los organismos estatales del sector— y otro de los centros públicos de investigación.

El comité intersectorial, recientemente instalado, es el principal organismo que se habrá de encargar de orientar la política de innovación. Lo integran: el titular de la Secretaría de Economía, quien funge como presidente; el director del Conacyt, como vicepresidente, y el titular de la Secretaría de Educación Pública. Son invitados permanentes el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los representantes del sector productivo ante el consejo general y también el representante de los centros públicos de investigación (artículo 41 de la Ley de Ciencia y Tecnología).

Las funciones que desempeñará el comité son sumamente relevantes para avanzar o limitar la política de innovación: incluyen la aprobación del programa de innovación; la aplicación de los recursos correspondientes previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; el establecimiento de las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación, y la celebración de convenios relacionados en los diferentes niveles de gobierno y con los sectores académicos, productivos o de servicios, entre otros.

Claro, ahora sólo habrá que aguardar el funcionamiento del comité. Esperemos que sea antes de que concluya el periodo de la administración. Si se tardaron dos años para emitir el programa sectorial, otros tantos en el proceso legislativo y otros más para ajustar el nombramiento de sus funcionarios (por cierto, sigue pendiente el nombramiento en el SNI), la perspectiva no es alentadora.


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