Juan Carlos Romero Hicks es el nuevo director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El jueves de la semana pasada, siete días después de que inició su ejercicio la actual administración y junto con las designaciones en otras tres áreas, se hizo el anuncio por parte de presidencia.

El nombramiento dio fin a algunas especulaciones y abrió otras. Obviamente, entre las primeras estaba el tiempo que tardaría en producirse la designación y quién sería la persona que ocuparía el despacho. En los medios circularon algunos nombres e incluso se sugirió la posibilidad de una ratificación del anterior director, Gustavo Chapela Castañares, dado que solamente estuvo en el cargo poco más de un año.

Pero no, las dudas, como ya lo constatamos, no tardaron demasiado en despejarse y ahora ya sabemos que el nuevo director de Conacyt es Romero Hicks. Un ex rector de la Universidad de Guanajuato, que lo fue prácticamente durante todos los años 90, primero a partir de 1991, cuando esa universidad no gozaba de autonomía, y luego a partir de 1994, como primer rector, en el marco de la nueva Ley Orgánica de la institución que le otorgó el estatus de autónoma. Pero tal vez su nombre alcanzó mayor notoriedad cuando contendió internamente por el Partido Acción Nacional para alcanzar la gubernatura de Guanajuato en el año 2000, dos años después de haber ingresado a las filas de ese partido; ganó las elecciones estatales y gobernó hasta el pasado mes de septiembre.

Otra de las especulaciones que también se disipó fue el de la estructura organizativa del sector. Como seguramente recordará el lector, hace unos meses los medios hicieron eco de una propuesta del Foro Consultivo Científico y Tecnológico sobre la posibilidad de crear una nueva secretaría, una que concentraría lo concerniente a educación superior y a ciencia y tecnología. Tampoco fue el caso, al menos por ahora la estructura permanece de la misma forma: Conacyt sigue como un órgano descentralizado, no sectorizado, y la educación superior sigue adscrita a la Secretaría de Educación Pública.

La creación de una nueva secretaría no es un asunto menor y menos su puesta en marcha. Desde que se comenzó a manejar tal opción parecía difícil de instrumentar, no solamente porque su justificación fue cuestionada públicamente, sino también porque se trata de un cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que tiene que ser sancionado por el Congreso de la Unión (artículo 90 constitucional y 26 de la LOAPF). Desde el pasado 1 de septiembre, en la apertura de sesiones de la actual legislatura, con la ceremonia del informe de gobierno cuestionada, la polarización de las fuerzas políticas y la incertidumbre sobre la toma de posesión del actual presidente, era más bien imposible la autorización de un cambio a la estructura de la administración pública.

Actualmente, todavía es más difícil que se opere un cambio, ahora por una razón más: el actual gobierno federal emitió un decreto de austeridad que limita los gastos de las dependencias y los sueldos de los funcionarios de primer nivel (Diario Oficial de la Federación 04/12/06). En tal contexto no encaja una nueva secretaría y un incremento de la burocracia.

Por otro lado, las especulaciones que se abren se refieren sobre todo a lo que está por venir. Algunas se remiten al posible desempeño que tendrá el nuevo titular de Conacyt, particularmente por su trayectoria política y académica. El Consejo es un organismo que tiene una estructura relativamente sencilla y pequeña: una docena de direcciones generales, una media docena de programas sobresalientes, 181 mandos superiores, una planta de personal operativo de más de medio millar y un presupuesto directo de poco más de 10 mil millones de pesos (incluyendo el de los centros de investigación que coordina). Pero el tamaño no es lo relevante sino la rectoría que tiene sobre las políticas científicas y tecnológicas y la capacidad de interlocución con la comunidad académica. Ese es el reto principal. Cabría esperar brevedad en la curva de aprendizaje de la nueva administración.

Otras especulaciones, y quizás la de mayor preocupación, giran sobre las nuevas líneas que se pondrán en marcha y las que tendrán continuidad. La administración anterior planteó un escenario a cumplirse en el primer cuarto de siglo y, según su propia apreciación, en el periodo 2000-2006, con las reformas normativas, se lograron sentar las bases para una política de Estado en el sector. El esbozo inicial de la actual administración, con su plan 2030, también indica un horizonte de largo plazo, pero lo que todavía no conocemos son las grandes líneas para el sector, las bases sobre las que se edificará la actual política, cuáles serán las prioridades y qué resultados se esperan. Algunas respuestas vendrán en las próximas semanas y meses, lo que no podemos admitir son más improvisaciones o que nuevamente se vuelvan a diferir las decisiones en este terreno.