Un nuevo ajuste en el gabinete de esta administración tuvo lugar la semana anterior. No solamente se trata de la falta de consolidación y continuidad en el equipo de trabajo gubernamental, a pesar de que está por entrar en el último tercio de su ejercicio, sino también de la subordinación de la gestión a una eventual agenda política que no parece reparar en sus propias promesas ni en el crecimiento y competitividad del país.

En términos constitucionales, el presidente de la república tiene la facultad de “nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho” (fracción II del artículo 89). Por tanto, no se pueden objetar los cambios en la titularidad de las secretarías y menos por ciertas características del anterior o nuevo funcionario. Es una facultad del Ejecutivo federal y punto.

El problema, sin embargo, es que en esta administración, generalmente, los nombramientos o los cambios en las carteras han sido comandados por el posicionamiento y la dinámica política, no por un horizonte de crecimiento económico de la nación o por las capacidades y resultados de los funcionarios.

Desde el comienzo de la actual administración se hicieron notar los nombramientos que ilustraban la distribución de posiciones, según los grupos afines, y acaso uno de los más emblemáticos, en el sector educativo, fue la cesión de la conducción de la educación básica a la dirigencia del sindicato de maestros.

El cambio en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en abril del año pasado, ratificó que lo más relevante no era elevar el nivel escolar de la población o la calidad educativa, sino el intercambio político, haya sido motivado por la presión del mismo sindicato magisterial para la remoción de la titular o por un cálculo de mayor rendimiento político en la posición que actualmente ocupa en la Cámara la ex secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota. En cualquiera de los casos, la cartera de educación no mereció mayor importancia y el activismo político de su actual titular, así como los cambios posteriores en los subsecretarios, lo corroboró.

Lo mismo ocurrió con el escándalo mediático en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en marzo del año pasado. El enfrentamiento público entre el titular del despacho, Luis Téllez, y una de sus subsecretarias, Purificación Carpinteyro, culminó con la separación de ambos de sus funciones y una agenda de pendientes en el sector que persiste a la fecha. Nuevamente, la disputa política se impuso sobre los imperativos sectoriales; las decisiones sobre múltiples y variados temas en el ramo de las comunicaciones dio paso a las especulaciones.

Sin embargo, tal vez los cambios más sorprendentes del gabinete fueron los del pasado mes de diciembre. El Ejecutivo federal propuso a Agustín Carstens, quien se desempeñaba como su secretario de Hacienda, como nuevo gobernador del Banco de México para el periodo 2010-2015, un cargo para el que se necesitaba la ratificación del Senado, así que los legisladores también comparten la responsabilidad en el nombramiento, y pasó a su entonces secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, a ocupar la cartera de Hacienda.

Los movimientos fueron sorprendentes porque se trataba del delicado sector financiero y, especialmente, por el periodo crítico de recesión que estaba por quedar atrás. Una vez más, los cambios estaban animados por el cálculo político, no por las calificaciones técnicas de quienes ocupaban sus respectivos puestos.

En la modificación del gabinete del pasado miércoles 14, la atención pública se ha centrado principalmente en el nuevo titular en la Secretaría de Gobernación y en la sustitución del director de Comunicación Social de la Presidencia. Por el contrario, el cambio en la Secretaría de Economía ha pasado relativamente desapercibido, a no ser por algunas de las credenciales de su ahora titular.

El asunto es que la Secretaría de Economía registra a su tercer secretario. El primero en encabezar la dependencia fue Eduardo Sojo, quien ocupó el puesto al iniciar funciones la actual administración y hasta agosto de 2008, cuando pasó a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía —poco después de que el organismo se declaró autónomo y su nombramiento también debió ser ratificado por el Senado—. Luego vino como secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien ocupó el puesto hasta la semana pasada. El nuevo titular de la cartera es Bruno Ferrari García de Alba.

Al igual que lo ocurrido con otros ajustes previos en el gabinete, el acicate principal para los movimientos se ha localizado en el terreno político, más que en el técnico o en la eficiencia y eficacia de la administración. Difícilmente podremos esperar en lo que resta del periodo el cumplimiento de las promesas de mayores empleos, una economía más fuerte y competitiva o una mejor calidad educativa, si esas carteras carecen de importancia o son fácilmente intercambiables para la actual gestión.