La "nueva economía" implica el retiro del Estado en áreas de producción y servicios y la liberalización del comercio internacional. Así, no extraña el interés empresarial de participar en el suministro de educación superior y buscar expansión internacional. Me refiero al proceso de “transnacionalización” de la educación superior, que afecta negativamente el carácter de bien público de las universidades.
Las universidades no son claustros. Al contrario; desde sus orígenes impulsaron el contacto internacional; sobre todo aquellas que practican investigación y les concierne la difusión del conocimiento la cultura. Pero una cosa es el intercambio académico tradicional y otra muy distinta la mercantilización global de la educación superior, es decir su exportación e importación como servicio. El fenómeno está ocurriendo, crece y se expande, y en la actualidad se discute en el marco de negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La iniciativa del GATS proviene de la Ronda Uruguay de la OMC en 1995, e incluye doce sectores generales objeto de regulación: administración, computación, comunicaciones, construcción, distribución, educación, ambientales, financieros, salud, turismo, cultura, transporte y otros no incluidos. El GATS avanza a través de rondas de negociación que buscan la liberalización de los sectores. Cada país determina sus intereses y posibilidades de apertura y fija compromisos en la materia. La negociación es compleja porque en ella intervienen no sólo las posturas de cada país sino, principalmente, las definiciones asumidas en el marco de acuerdos multilaterales como son la Unión Europea, el Mercosur, o el TLC de México, Canadá y Estados Unidos.
En algunos sectores los acuerdos van muy adelantados. En otros, como energía y educación, ha habido reticencias y críticas para su negociación en el convenio general. Es más, la educación superior como tal no figuraba en los capítulos del GATS pero, en noviembre de 2001, los países de la OMC convinieron su inclusión. Además, en varios tratados multilaterales de comercio la educación comienza a aparecer como tema de regulación. La mayoría de los países de la OCDE han suscrito compromisos, aunque aún son pocos los países fuera de ese ámbito que han hecho lo propio. A la fecha sólo 42 han firmado algún compromiso de comercio educativo, únicamente 32 un compromiso en el capítulo de educación superior; y de ellos sólo 22 han convenido acuerdos de trato nacional asimilables a los modos de suministro considerados en el GATS. Este último grupo incluye a México y a Panamá como los únicos en América Latina.
Los "modos de suministro" tipificados en el GATS son: a) suministro transfronterizo; en educación superior la enseñanza a distancia y la universidad virtual serían ejemplos; b) consumo en el extranjero, por ejemplo el envío y recepción de estudiantes de un país a otro; d) presencia comercial, por ejemplo, el establecimiento en un país de instituciones filiales o franquicias de otras extranjeras, así como alianzas comerciales con instituciones del país receptor, y d) presencia de personas, que implica la residencia temporal de académicos extranjeros para trabajar en instituciones nacionales o en filiales. El TLC norteamericano prevé la eliminación de restricciones en casi todas las formas de suministro, excepto en el renglón de inversión extranjera directa, en que se requiere autorización del gobierno y se regula la participación de capital extranjero.
En las rondas GATS, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y Japón han presentado iniciativas para liberalizar los servicios educativos. La propuesta de EUA (diciembre de 2000), se refiere a la comercialización de la educación superior a través del sector privado. Las iniciativas no se han concretado aún en acuerdos o normas vinculantes, pero ya han suscitado reacciones de protesta. Una de las más significativas es la Declaración Conjunta de la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá, el Consejo Americano de Educación, la Asociación Europea de Universidades y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Juntas, estas organizaciones suman más de cuatro mil instituciones. La Declaración plantea el compromiso de las asociaciones de “reducir los obstáculos al comercio internacional de la educación superior mediante la realización de convenios y acuerdos fuera de un régimen de política de comercio”, es decir al margen del GATS.
En el ámbito latinoamericano, la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, con representación de rectores de América del Sur, España, Portugal y Centroamérica, firmaron en abril de 2002 la “Carta de Porto Alegre”, mediante la cual donde llaman a sus gobiernos a evitar compromisos de educación superior en el GATS. Este pronunciamiento fue confirmado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que concentra a las universidades públicas del Mercosur, el pasado agosto.
Aunque el tema no ha cobrado plena visibilidad en México, es un debate pendiente. Baste recordar que, según el calendario del GATS, en 2003 tendrá lugar en México la Quinta Conferencia Ministerial, y según la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, el quinto encuentro de la serie se realizará en Guadalajara en 2004. Asociados con Norteamérica, la Unión Europea y los países de la Cuenca del Pacífico ¿estamos preparados para negociar de igual a igual los términos de una relación de comercio en materia de educación superior?
