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La fiscalización de las actividades científicas y tecnológicas
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 404 [2011-02-24]
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte del examen de la cuenta pública 2009, fiscalizó algunas de las actividades del sector científico y tecnológico. Al respecto, dio a conocer cinco dictámenes: tres de ellos fueron negativos, otro fue emitido con “salvedad” y solamente uno fue clasificado como “limpio”. En conjunto reflejan, con su matiz administrativo, el desempeño del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La ASF es un órgano técnico de los diputados, aunque tiene autonomía técnica y de gestión. El objetivo principal de la Auditoría es fiscalizar la utilización de los recursos públicos por parte del gobierno federal, pero también de los mismos legisladores, del Poder Judicial y de cualquier entidad o particular que ejerza recursos públicos.

Básicamente, el análisis que realiza la ASF se concentra en constatar el cumplimiento o no de los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, así como el desempeño de las entidades encargadas de llevarlas a efecto y, muy especialmente, el manejo de los recursos públicos.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, como se denomina su reporte, debe ser entregado, por normatividad, a más tardar el 20 de febrero de cada ejercicio. Sin embargo, por la complejidad de la fiscalización, la programación de las auditorías sobre gastos ya efectuados y el volumen de datos, los informes generalmente aparecen con cierto retraso. El informe que se presentó la semana pasada se refiere a la cuenta pública de 2009.

La información reportada es relevante, se trata del primer ejercicio que realiza plenamente el actual auditor, Juan Manuel Portal, pues apenas asumió el cargo hace poco más de un año. Más importante, incluyó el sector científico y tecnológico y, por primera vez, la información se presenta de forma individualizada, por sector y programa auditado, lo que facilita su consulta.

En lo que se refiere a los dictámenes negativos del sector, el más extenso y detallado es el que se refiere al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La ASF sostiene que en 2009 el Conacyt no cumplió con los objetivos básicos del SNI.

Los factores que destaca la ASF es que las reglas de operación del SNI en 2009 incluyen elementos adicionales a los establecidos en su decreto de creación y a su reglamento, pero que tales reglas no especifican su operacionalización y, por tanto, los indicadores para valorar el cumplimiento de sus fines. Tal vez se trata de un argumento burocrático, pero finalmente expresa las variaciones e inconsistencias de planeación del programa.

En lo que corresponde a la eficiencia del programa, destaca que del total de investigadores de nuevo ingreso entre 1984 y 2008, solamente 16.9 por ciento (2 mil 631) siguieron una trayectoria esperada de ascenso y consolidación. Por tanto, dice la ASF, de cada seis investigadores vigentes en 2009, solamente uno ascendió por las categorías y niveles del SNI. Esto es, el programa no ha contribuido mayormente a la consolidación de investigadores. Un rasgo que se ha reiterado en diferentes análisis.

Sobre la eficacia, entre otros aspectos, el examen determinó que la productividad de los investigadores se concentró en 99.1 por ciento en la publicación de artículos, libros y capítulos de libros, y el restante 0.9 por ciento en patentes. O bien, que la mayoría de los investigadores se concentran en entidades federativas con los índices más bajos de pobreza. Ambos casos nada sorprendentes, dado el origen del SNI, la estructura de incentivos y el desigual desarrollo en el país.

Otro dictamen negativo fue sobre la operación del programa Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas. En este caso, se refiere a recursos por 130 millones de pesos del Fondo Institucional (Foins) que permanecieron sin utilizarse, al igual que montos transferidos al año siguiente, así como una ausencia de metas de cumplimiento de los programas auditados.

El tercer dictamen negativo concierne a la operación del Programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. También se trata de apoyos financieros por alrededor de 35 por ciento del total del programa que no se comprometieron en proyectos de investigación. O bien, montos que se retiraron sin justificación o apoyos para investigaciones que ya contaban con soporte de otros fondos del Conacyt.

En lo que corresponde al dictamen con salvedad, se refiere al cumplimiento normativo sobre el fondo sectorial de investigación para la educación. Esto es, está dentro de la norma, pero no completamente, las excepciones son una inconsistencia en su saldo real y cierta falta de transparencia en el proceso de evaluación, dado que “19 proyectos, por 29,737.5 miles de pesos, fueron revisados por 105 evaluadores de los cuales 48 pertenecen a la institución que propuso los proyectos”.

El único programa que recibió un dictamen “limpio” fue el de los recursos destinados a compensar el impacto del IETU sobre la aplicación de los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico.

Uno de cinco. Sí, como la gestión del Conacyt.


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