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Financiar universidades: hacia una política de Estado
Javier Mendoza Rojas
Campus Milenio Núm 13 [2002-12-05]
 

En la reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones de la ANUIES (CUPIA), celebrada los días 22 y 23 de noviembre en la Universidad de Colima, se aprobó un documento que propone lineamientos para una política de Estado en materia de financiamiento de la educación superior. El documento señala que “se requiere de una política de financiamiento sostenido y creciente a la educación superior que brinde certidumbre de largo plazo al desarrollo de las instituciones públicas de educación superior; esto sólo podrá realizarse con la concurrencia de los tres niveles de gobierno: estados, federación y municipios; de los poderes Ejecutivo y Legislativo, federal y estatal, y de la sociedad civil. Asimismo, es imprescindible incorporar disposiciones y mecanismos equitativos y transparentes para la asignación y uso de los recursos”.

El propósito que animó a CUPIA en la formulación de este documento es avanzar en nuestro país en la construcción de una política pública para el sostenimiento y desarrollo de la educación superior que tenga el carácter de política de Estado, esto es, que esté plasmada en la legislación educativa; con ello se sustituirá a las políticas educativas que se definen con visión de corto plazo y que obedecen a la correlación de las fuerzas políticas y a las coyunturas económicas del país.

La semana pasada, tras un fuerte debate entre fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 25 de la Ley General de Educación, que obliga al Estado (federación, estados y municipios) a destinar cuando menos 8 por ciento del PIB a educación, del cual 1 por ciento se destinará a ciencia y tecnología en las instituciones de educación superior. Esta reforma, más allá del debate en torno a la gradualidad en su aplicación y a las previsiones de ingresos fiscales para lograr la meta en los próximos cuatro años, representa una política de Estado en materia de financiamiento a la educación y refleja el interés de todos los partidos políticos por destinar recursos crecientes a este sector estratégico para el desarrollo del país. Habrá que esperar la suerte de esta iniciativa en el Senado.

Algunas de las propuestas centrales que se hacen en el documento del CUPIA guardan relación con lo anterior: incrementar el gasto federal en educación superior de manera sostenida para pasar del 0.67% del PIB estimado para 2002 (1), 1 por ciento en el año 2006; elaborar una estrategia legislativa que involucre al Poder Legislativo en la aprobación de cualquier ajuste al presupuesto educativo; incrementar anualmente los recursos para los proyectos especiales para el mejoramiento de la calidad educativa; atender los grandes rezagos acumulados en algunas universidades públicas mediante mecanismos compensatorios que permitan establecer con claridad los compromisos que deberán cumplir tanto las instituciones como los gobiernos federal, estatales y, en su caso, municipales; continuar con la atención a los problemas estructurales de carácter financiero de las universidades públicas estatales mediante el incremento de los montos que anualmente destine la Cámara de Diputados para su atención, e incrementar la participación de los gobiernos estatales en el financiamiento de las universidades públicas en las entidades con participación debajo de la media nacional.

Estos planteamientos se hacen en la coyuntura de la definición del presupuesto federal de las instituciones de educación superior para el próximo año. A principios del mes de noviembre el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el paquete económico que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (PEF); en estas semanas las comisiones legislativas se han dado a la tarea de analizar iniciativa y proyecto, para lo cual han sostenido reuniones con actores relevantes de cada uno de los sectores analizados.

En el caso de la educación superior, el Consejo Nacional de la ANUIES se ha reunido con las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología para dar a conocer su posición en torno al proyecto de presupuesto que el Ejecutivo propone para la educación superior y la investigación.

Veamos las cifras del proyecto de presupuesto, tanto para educación superior como para algunas de las principales instituciones de este nivel, incluyendo lo que se destina a educación media superior y a ciencia y tecnología.

1. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003 el monto total de los recursos canalizados a educación superior (licenciatura y posgrado) se incrementa nominalmente pero se reduce en términos reales. De acuerdo con el destino funcional del gasto, éste pasará de un cierre estimado en 41,453 millones de pesos a 42,277 millones; al aplicarse el deflactor establecido por la SHCP (3.7) la disminución real es de 1.5 por ciento.

2. El presupuesto en ciencia y tecnología considerado en el ramo de Educación Pública y en el nuevo ramo del CONACYT tiene un aumento real de 16 por ciento: se propone para 2003, 12639 millones de pesos (descontando el gasto que va para los posgrados de excelencia del CONACYT y que los contabilizó en el gasto en educación superior), frente al cierre de 2002 de 10,520 millones de pesos, que representa un crecimiento real de 1.07 por ciento, insuficiente para el desarrollo de sus proyectos académicos.

3. En conjunto, el presupuesto para educación superior y ciencia y tecnología asciende a 54,919.2 millones. Este año se estima que el gasto cierre en 52,277 millones, lo que representa un crecimiento real de 1.3%.

4. En el proyecto de presupuesto se observan variaciones entre los tipos de institución si se consideran los montos totales a ellas asignados (educación media superior, ecuación superior, investigación y difusión de la cultura): resaltan las siguientes variaciones:
• Las universidades federales tienen un ligero decrecimiento: la UNAM de -0.8 por ciento; la UAM de -0.9% y la UPN de -2.2 por ciento.
• El IPN, considerando a sus órganos descentralizados (COFA y Patronato de Obras) crece en términos reales en 2%; las IES sectorizadas en la SAGARPA crecen en 1.7% y las universidades estatales en 3.5%. A estas últimas se les incrementa en 5% su gasto de operación, mientras que a las universidades federales solamente 3%, aumento que se anula con la inflación esperada para 2003.
• El Colegio de México –que permanece sectorizado en la SEP a diferencia de los demás centros de investigación que ahora se ubican en el Ramo del CONACYT- tiene una disminución real de 4.3%. Los demás centros, en su conjunto, aumentan en 1.1%.
• Se asignan recursos para los fondos de subsidio extraordinario, pero se dan variaciones importantes: el FOMES diminuye en 8%; e, PROMEP y el FIUPEA aumentan en 28% y la bolsa para otros programas (PROADU, PRONAD, oferta educativa evaluación del sistema de educación superior) aumenta en 222%. Resalta que en el proyecto no se asignen recursos al fondo para problemas estructurales de las universidades estatales (que este año fueron ejercicios para disminuir los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones) ni recursos para disminuir brechas entre las universidades y que fomenten la equidad.
• El presupuesto no considera, por tercer año consecutivo, inversión en los Institutos Tecnológicos Federales que enfrentan severos problemas en materia de infraestructura.
• El monto del fondo de Aportaciones Múltiples destinado a apoyar la infraestructura de las universidades públicas en los estados tiene una disminución de 3%.

En suma, el proyecto de presupuesto a la educación superior, si bien crece en algunos rubros, es insuficiente para atender las necesidades más apremiantes de las instituciones y dar continuidad a los proyectos de mejora académica emprendidos en los últimos años.

La ANUIES ha puesto a la consideración de la Cámara de Diputados un incremento de 6,658 millones de pesos al proyecto de presupuesto para este nivel educativo. Se ha enfatizado ante las comisiones legislativas la necesidad de que para el próximo año se cuente con recursos para atender los problemas estructurales de carácter financiero de las universidades y se destinen recursos al fondo de equidad. Cabe señalar que con los mil millones de pesos que se asignaron este año a 20 universidades, se logró un ahorro de casi 40 mil millones de pesos en los sistemas de pensiones como resultado de las reformas realizadas; ello representa un inversión de la mayor trascendencia e incide en la solución de uno de los principales problemas financieros de las universidades públicas. Por otra parte, en semanas pasadas, la Cámara de Senadores aprobó proponer a la Cámara de Diputados la conformación de un fondo de equidad y fortalecimiento institucional para disminuir las brechas en el trato financiero a las universidades y apoyar a las más desfavorecidas. De contar con este fondo, se podrán atender otros rezagos históricos que no han podido ser atendidos ni con el subsidio ordinario no con los recursos extraordinarios destinados al mejoramiento de la calidad de los programas educativos.

Otros rubros que se ponen a consideración de los diputados son los referidos específicamente a las instituciones tecnológicas y a las universidades públicas: se plantea destinar recursos para la inversión de los institutos tecnológicos y construir un fondo para el mejoramiento de la calidad de sus programas educativos equivalente al FOMES; ampliar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples destinado al mejoramiento de la infraestructura de las universidades estatales, y ampliar los gastos de operación y de inversión de las instituciones federales y de las universidades estatales.

En suma, se espera que los diputados consideren la importancia estratégica que tienen las instituciones de educación superior para el desarrollo del país y la reflejen en el presupuesto para el siguiente año. En el actual escenario de la educación superior compuesto por múltiples actores, los legisladores juegan un papel estratégico en la conformación de la política de Estado a la cual las universidades públicas aspiran.




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