La semana pasada se llevó a cabo en la UNAM el II Encuentro de Autoestudio de las Universidades Públicas Mexicanas organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro de Estudios sobre la Universidad. También por esos días, salió publicado el libro del Seminario de Educación Superior titulado La academia en jaque, editado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Grupo Editorial de Miguel Ángel Porrúa.

En el libro se tratan las perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior y contiene dos capítulos sobre el salario de los académicos.

En el encuentro hubo una sesión dedicada a la deshomologación salarial. Las condiciones laborales de los académicos en México –un grupo estratégico en la estructura cognitiva de la sociedad- representan un grave problema en la educación superior pública. Como fui ponente en el encuentro, resumiré para los lectores algunas tesis que sostuve ante mis colegas.

1. La diferenciación de ingresos de los académicos se produjo a raíz de una acción deliberada del gobierno federal en los años ochenta, la cual estuvo acompañada por el congelamiento de nuevas plazas.

A estas acciones se hilvanaron otras medidas que a través del tiempo formaron una política explícita ejecutada mediante un complejo sistema de evaluación. Tal sistema modificó las relaciones del gobierno con las instituciones públicas de educación superior y con la comunidad académica.

Se dio paso al control a distancia de las instituciones mediante el uso del subsidio. Y la libertad-autonomía del trabajo quedó atrás para ser sustituida por hábitos e imaginarios alienados a orientaciones de mercado.

2. Concretamente, la diferenciación de los ingresos se ha instrumentado a través del pago por méritos mediante becas al desempeño. Uno de sus efectos ha sido que la mayor parte de los ingresos que recibimos es de carácter no contractual.

Esto es, pueden subir, bajar o simplemente perderse. La elevación de los ingresos se tornó selectiva al tiempo que los salarios permanecieron anclados.

3. Los sistemas de pago por méritos han puesto énfasis en el trabajo de investigación relegando a la docencia. A la vez, los instrumentos que se utilizan para medir el desempeño y otorgar incentivos están diseñados para distraer al académico de las tareas sustantivas, pues le exigen dedicarse a múltiples actividades para certificar el cumplimiento de sus funciones, lo que incita a la simulación.

El académico decide la división de su tiempo de trabajo orientado a la acumulación de méritos. La calidad cuenta, pero hay un acento en la cantidad. El sistema de incentivos modificó el ritmo de la vida académica. El producto debe ser publicado puntualmente para que pueda contabilizarse en el siguiente periodo de evaluación. Los informes registran el trabajo individual. Las tareas colectivas quedan en segundo plano.

4. El ciclo de vida laboral de los académicos es excesivo. Nadie se jubila debido a que pierde hasta tres cuartas partes del dinero que percibe por las becas. Los académicos consolidados y de mayor antigüedad deben seguir produciendo como los demás debido a que los estándares de productividad se aplican por igual a quienes empiezan que a quienes están por terminar su carrera.

Ansiedad, incertidumbre y estrés, con sus respectivos efectos sobre la salud, son riesgos de la profesión académica, cuyas repercusiones sobre la productividad quedan fuera para juzgar el rendimiento.

5. La principal motivación laboral de los académicos no es realizar una obra de trascendencia intelectual y esmerarse en formar a sus alumnos. Ahora, lo que impulsa el trabajo es llegar a las posiciones más altas en distintas escales jerárquicas reguladas por normas diferentes.

Hay comités de pares para todo, que aplican criterios de evaluación que no son definidos por ellos, cuyos juicios alteran las condiciones de trabajo y distribuyen ingresos, prestigio y símbolos. Con lo cual se ha debilitado a la autoridad académica sancionada en los estatutos y reglamente de las instituciones.

Vale aquí recordar una reflexión de Bordieu: los académicos “no han luchado por imponer el valor de sus productos y su propia autoridad de productor legítimo”. Son otros quienes le dan valor mediante “una definición de ciencia cuya realización consiste en tener, ser o hacer lo que ellos tienen, son o hacen”.

6. Los programas de incentivos han modificado la percepción e intención de la carrera académica. Lo que se ofrece a las nuevas generaciones que desean pertenecer a ella es un modelo en el cual el buen académico es el mejor calificado en los programas de estímulos.

7. El régimen laboral impuesto nos transformó de empleados asalariados en trabajadores a destajo, flexibles. Nos hizo trabajadores necesitados y la precariedad nos volvió vulnerables. Por mantener nuestro nivel de vida o mejorar económicamente adquirimos una cultura política de sumisión, de apatía. Nos convertimos en acomodaticios: hacemos lo que nos piden. Perdimos dignidad, un valor fundamental para el reconocimiento del grupo.

Lo expuesto está fundamentado en el escrito que presenté al encuentro y, desde luego, no espero que sea compartido por todos los académicos universitarios; aunque sí pretendo que represente a una parte considerable de quienes no alzan la voz.

En lo que sí estamos de acuerdo quienes hemos escrito sobre estos temas es en la necesidad de cambiar el régimen laboral vigente por otro que permita a la academia liberarse de todas las ataduras que obstaculizan su creatividad; abrir posibilidades históricas para que las instituciones educativas, y quienes en ellas trabajan, respondan de mejor manera a las exigencias que imponen los nuevos modos de producir y transmitir conocimiento original.

Cambiar el régimen laboral de los académicos requiere construir una organización institucional que favorezca mejores condiciones para desempeñar nuestras funciones y remuneraciones fijas que nos permitan vivir de nuestro trabajo. Que la docencia gane prestancia y que los investigadores le dediquen a la enseñanza todo el tiempo que sea indispensable sin la presión a la que se encuentran sujetos.

Pero además, supone revisar las normas estatutarias que definen nuestros derechos y obligaciones, modificar la dirección del financiamiento, reforzar los vínculos colectivos, precisar la división del tiempo de trabajo dedicado a cada función, así como los mecanismos de ingreso y promoción, la apertura de espacios autónomos en las universidades para que sean los académicos quienes tomen decisiones colegiadas de lo que se debe hacer, en enseñar y conocer.

Pero sobre todo instalar un régimen laboral que motive y permita a la academia darle fuerza a la ética en la que se sustenta la creación intelectual.

He aquí una problemática que necesita ser enfrentada políticamente ser enfrentada políticamente y apunta al desarrollo de las capacidades institucionales, al que todos debemos aunar esfuerzos. Esperemos que en lo tiempos de campaña por venir los partidos derrochen mucha energía para recoger en sus plataformas este tema, tan fundamental para que los jóvenes tengan la mejor educación.