Los académicos que estudiamos a la educación superior del país llegamos cada vez más a la convicción de que es necesario un cambio de fondo en la óptica de las políticas que han sido aplicadas durante los últimos lustros. No se puede manejar el sistema de educación sólo por indicadores, sí lo que miden se refiere a objetivos que no atienden los problemas sustantivos que atoran la mejoría en la educación.

La calidad no se logra con más doctores, si las comunidades académicas carecen de identidad y si el esfuerzo de su trabajo está concentrado en cumplir aquellas actividades que le rinden a cada uno de sus miembros una mayor remuneración. Tampoco, si el impulso a la vida académica se produce por criterios de un mercado artificialmente creado que sirve como racionalidad a un régimen de competencia que esconde las restricciones financieras impuestas por el gobierno.

Es indispensable hacer un balance de las políticas educativas que se han aplicado. Su continuidad puede llevar a varias universidades públicas estatales a tener un déficit en sus economías que obviamente no les permite cumplir cabalmente con sus funciones. También, las lleva a debilitarse, a reforzar acciones de austeridad que a todas luces les impide dar una buena educación a miles de jóvenes. Un buen ejemplo de cómo estas políticas debilitan a una institución educativa, a la que se trata de colapsar, es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A lo anterior se agrega que la universidad está en un entorno político complejo, en una entidad que está en manos de un gobierno panista carente de interés por la educación superior pública, de legitimidad y moral, a juzgar por lo que expresa la ciudadanía morelense.

Somos cada vez más los investigadores que afirmamos que las instituciones de educación superior, todas, necesitan ser dirigidas por políticas que tengan una relación estrecha con un modelo de nación a ser construido para salir del atraso y la pobreza. Ciertamente, no vamos a llegar a la sociedad del conocimiento con la cantidad de pobres que hay en el país, con una gran mayoría de personas que en promedio tienen una escolaridad que no cubre la educación básica, con jóvenes sin empleo, llenos de universidades patito y con una transición a la democracia inacabada. Y -como ha dicho una colega- si nos seguimos sintiendo y pensado como pobres.

A últimas fechas hubo dos encuentros, en Sevilla y en la Ciudad de México, en los que se reunieron cientos de universitarios y de rectores. Los resultados de ambos eventos los hemos seguido. Abren pistas de trabajo, pero también coinciden con ideas que hemos elaborado colectivamente y refuerzan otras como grandes lineamientos para el cambio de las políticas.

A mi modo de ver, necesitamos programas y acciones que explícitamente estén dirigidos a acortar las distancias académicas que hay entre las universidades públicas del país, que vinculen en un solo eje la investigación y la docencia, que pongan mucho énfasis en los posgrados, que se atienda a los que pueden elevar su nivel a corto plazo y la creación de los que todavía hacen falta. Hay entidades del país en las que sólo unas decenas de estudiantes cursan el doctorado. Diría que este punto es de urgencia.

Las universidades más fuertes, como la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional, pueden formar una plataforma institucional de conocimiento que se encadene de una manera coordinada y flexible con las universidades estatales. El enlace es en proyectos académicos factibles y específicos que redunden en la mejoría de sus posgrados y para realizar investigaciones orientadas al bienestar y a elevar el nivel de vida del entorno local. Insistir en que la universidad pública se asuma verdaderamente, junto con otros actores locales, como agente del cambio social y para que establezca nuevos nexos con la sociedad.

Si se me permite la analogía, la creación de un espacio común universitario en el país que busque elevar las capacidades académicas será un motor para transformar a las instituciones y para cumplir con varios objetivos de las políticas educativas. Ya hay pasos en esta dirección y en lo que sigue necesitamos entenderla como un proceso de largo alcance en que cada unidad se mueve a partir de sus propias condiciones y características hacia mínimos de calidad académica a ser cumplidos por el conjunto. Las políticas educativas en la Unión Europea tienen claro que no puede haber competencia sin cooperación.

A diferencia de otros enfoques que empujan a la universidad pública a ligarse casi exclusivamente con la empresa privada, una nueva óptica entiende que las universidades son agentes que pueden dinamizar las fuerzas productivas que impulsan el desarrollo económico. En el contexto nacional lo que hace falta es que los agentes productivos, públicos y privados, tengan interés de buscar un mayor acercamiento con las universidades. No conozco que tal acercamiento se haya dado, en alguna ocasión, sin encontrar una respuesta positiva de las instituciones. No conozco un país desarrollado sin buenas universidades.

Además, la política educativa no puede omitir que las universidades son casas de cultura y que la cultura y el pensamiento crítico no están distanciados de la técnica y la transformación productiva con justicia social. Conocimiento científico y cultura humanística van de la mano para darle sustento a un proyecto de desarrollo nacional que sea integral y con menos desigualdades sociales en el territorio.

Para que el sistema educativo progrese y sirva mejor a los intereses de la sociedad se necesita elevar y distribuir mejor el gasto en educación superior, ciencia y tecnología. El financiamiento es el primer factor a considerar, porque es toral. No puede haber ni se puede exigir un mejor desempeño académico a las instituciones con escasez de recursos. Una mejor educación no se alcanza con una lógica de rentabilidad, ni es un asunto exclusivo del Estado y el mercado. Es una ecuación en que la más interesada en participar es la sociedad. Y a ella es a la que hay que rendirle cuentas.

No está por demás insistir en que la educación superior es una responsabilidad nacional, es un bien público. El Estado es el responsable de cumplir con el compromiso de entregar recursos y ejecutar políticas convergentes con las distintas necesidades e intereses que se manifiestan en una sociedad crecientemente participativa y plural.

Por ahora, es imposible hilvanar en un artículo como éste todas las dimensiones que intervienen para formular un cambio en el enfoque de las políticas educativas a seguir de inmediato. Aquí he escrito algunas reflexiones de inicio que salen de las ideas que estamos discutiendo y analizando en el Seminario de Educación Superior de la UNAM, en reuniones como la que tuvimos hace ocho días en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.