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En las universidades públicas. Preparase para la competencia política
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 142 [2005-08-25]
 

En la historia reciente de México, las relaciones del gobierno con las universidades públicas han sido complejas y, en ocasiones, llenas de tensión. Su forma y contenido tienen mucho que ver con la visión general que guía al primero, la cual se aprecia en orientaciones como aquella que le exige a la educación superior satisfacer las condiciones del mercado laboral.

Gracias a la fuerza que tiene el gobierno en la relación puede imponer un rumbo educativo, aunque sus propósitos estén destinados a incumplirse. Sigo con el ejemplo para ilustrar el punto. La formación universitaria debe servir a los estudiantes para conseguir un buen trabajo. Ocurre, sin embargo, que las oportunidades ocupacionales dependen de la reactivación de la economía y de las características de la demanda laboral, que son variables en el tiempo y el espacio social. Los atributos escolares de los profesionistas, por mejores que sean, no pueden realizarse en ningún mercado laboral, local, regional o nacional, si no hay los puestos de trabajo correspondientes.

Al final de cuentas, por causas que no les son imputables, las casas de estudios quedan en falta con la sociedad. Se debilitan, incluso frente al gobierno, por el fracaso de expectativas sociales, alimentadas por políticos y gobernantes. Cuando la falta de crecimiento económico impide que la educación superior funcione como palanca de movilidad social pagan los platos rotos. El propio gobierno usa como pretexto "el mal funcionamiento" de las universidades públicas para limitarles sus recursos con lo cual se dificultan sus relaciones con ellas, no se entiende la comunicación y ambas partes se tensan.

Aumenta el tutelaje y la centralidad de las políticas gubernamentales. En los últimos tres lustros hemos vivido una situación que limita las iniciativas de las instituciones para intentar o proceder a reformar por sí mismas su estructura y funcionamiento. Por así decirlo, están obligadas a informar al gobierno de cualquiera de sus pasos. Sobre todo cuando éste último estima que las medidas a ser tomadas alteran el patrón habitual de las relaciones y más aún sí tales acciones pueden provocar un conflicto político.

El gobierno hace un cálculo político previo o sobre la marcha. Observa las fuerzas internas y externas. Su objetivo es minimizar los riesgos de un conflicto porque sus resultados son imprevisibles. Sabe que la movilización universitaria es un factor de inestabilidad del sistema político y recuerda experiencias que han fracturado hasta a la sociedad misma.

De ahí que en innumerables ocasiones, aún teniendo el consenso de la comunidad universitaria, el gobierno haya frenado las iniciativas de los universitarios "porque no era el momento". Pero a menudo se ha equivocado en sus cálculos y en lugar de apagar el fuego lo ha alentado. Le ha provocado a las universidades muchas dificultades para retomar su cauce.

Operar cambios en las instituciones es harto difícil. Generalmente, el gobierno es el que prefiere que los tiempos institucionales no coincidan con tiempos electorales. Es mejor procesarlos al inicio de un gobierno y todavía más si coincide con un nuevo rectorado. En varias universidades públicas de los estados se siguió esta receta en un clima armónico. La descomposición de tal clima vino después, en el momento en que fue necesario apoyar financieramente las implicaciones de los cambios.

Cuando el gobierno se retira, frena la velocidad o imprime modificaciones a la dirección del cambio institucional causa tensiones con las universidades que se reflejan en otras dentro de las comunidades y en la capacidad de rectoría por parte de las autoridades.

Por otro lado, una mirada hacia atrás enseña que la intervención del gobierno en las universidades no se guía sólamente por los términos financieros. También ha tenido en su óptica alterar las relaciones entre los miembros de la comunidad y entre ellos y las autoridades de la institución.

Desde hace tiempo se sabe que el ultimo Secretario de Educación del gobierno del Presidente Salinas, según lo comenta éste último, era favorable al cobro y al aumento de las cuotas en las universidades públicas, incluida la UNAM. Pensaba que una medida de este tipo abriría paso a un mayor control en el sistema de educación superior. En el caso de la UNAM, tal como lo sostiene Salinas (2000) en su libro verde, creía que era posible introducir esta medida y minimizaba las posibilidades de un conflicto de fondo y de largo plazo. Suponía que el logro de este propósito tendría un significado simbólico muy importante para reforzar valores sociales en pro del individualismo, la competencia y la hegemonía del mercado.

Ya siendo presidente insistió en su visión. Consiguió que se mantuviera una perspectiva política para la educación que recogió de su antecesor. Pero a Zedillo le fallaron los cálculos y en el intento de imponerla cometió un error histórico que le costó al país una pérdida cuya reparación hemos pagado todos los universitarios mediante nuestras relaciones con el gobierno y con los modos que ha seguido la academia.

Hoy, ante la próxima elección de presidente de la República, los universitarios necesitamos pugnar porque el próximo gobierno tenga pleno respeto a la autonomía y que se comprometa con un financiamiento a las universidades que no ahogue su creatividad. Tendremos que fijarnos, para emitir nuestro voto, en aquel candidato que nos ofrezca revisar las políticas y darles un giro sustantivo para que la cultura, la educación superior y la investigación puedan servir efectivamente a un proyecto nacional distinto al que se ha continuado y extendido hasta nuestros días.

El próximo programa de gobierno habrá de reconocer lo valioso que son las universidades para volver a ampliar los espacios de lo público, para que la universidad atienda a la sociedad mediante formulas que redunden en beneficios para ésta última. En el acercamiento a la sociedad y en la atención a nuevos públicos se encuentra uno de los factores clave para que las universidades se transformen y salgan adelante cuando los tiempos les sean adversos.

En la relación de las universidades con el gobierno lo más delicado será el financiamiento. No puede continuar una política en la que el subsidio se otorga para que las instituciones sobrevivan y usar los fondos adicionales para imponerles derroteros que no necesariamente coinciden con sus propios proyectos.

Bajo un régimen de confianza, transparencia y rendición de cuentas será importante que las universidades tengan la posibilidad de explorar en libertad sus propios caminos. Que los balances y las críticas sean realizados entre las propias universidades, sin que el gobierno deje de asumir su responsabilidad para conducir la educación superior, lo cual es factible como se ilustra en el continente europeo.

En fin, los universitarios todos requieren prepararse para intervenir en la competencia política, a través de la argumentación pública y el voto. Sosteniendo que el sinnúmero de problemas que se viven en el país tiene posibilidades de solucionarse si conseguimos que el conocimiento que se produce en las universidades públicas juegue un papel transformador, motivo por el cual se requiere fortalecer la vida intelectual y cultural del país. En ello las relaciones del gobierno con la universidad son una pieza clave. Entendemos que establecerlas de una manera distinta a la actual es una cuestión política mayor en la que no podemos dejar de participar.


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