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En la educación superior. Tensión entre lo público y lo privado
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 72 [2004-03-11]
 

Es imposible soslayar el momento difícil por que el país atraviesa el país: problemas económicos, sociales y políticos de todo tipo enmarcan el devenir de la universidad pública. El estancamiento económico y la incapacidad de la clase gobernante para hacer las reformas que culminen la transición han terminado por convencer a investigadores y analistas del fracaso del régimen actual, que siguió las mismas políticas de los gobiernos anteriores.

El modelo neoliberal no es sólo un proyecto económico que lleva al predominio del mercado ya a la disminución de las tareas del Estado. También promueve una organización en la cual las personas se comportan según “cálculos” en sus interacciones sociales con arreglo a valores de rendimiento y competencia para que cada cual obtenga beneficios máximos de su actividad.

Las políticas de educación superior en México –y en otras naciones latinoamericanas, estimuladas por este modelo y las recomendaciones de organismos multinacionales, como el Banco Mundial- muestran actualmente su falta de acierto. El jueves pasado, en el seminario que imparte un grupo de profesores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de l a UNAM, discutimos el texto de Johnstone (1998) Financiamiento y gestión de la enseñanza superior auspiciado por dicha institución bancara. Obviamente, me sería imposible abarcar todo lo que se dijo.

En términos generales, se hizo notar que el documento aborda el problema de la reforma universitaria, a partir de la crisis fiscal del gobierno. En consecuencia, los cambios educativos encaminados al logro de una mayor calidad y equidad de la enseñanza suponen que el gobierno enfrente el aumento de la matrícula y de los costos unitarios de la enseñanza en un contexto en el que priva la escasez de fondos públicos.

A lo anterior se agrega los costos crecientes para producir el conocimiento demandado por la modernización del aparato productivo y la sociedad. Por tales motivos, las universidades públicas tienen la exigencia de competir por el subsidio con otros rubros del gasto gubernamental como, por ejemplo, lo destinado al pago de la deuda, infraestructura, salud y vivienda.

Entre los objetivos de la política financiera está la diversificación del sistema educativo alentada por la privatización. El aumento de la matricula en universidades privadas descarga al gobierno de una parte de la presión de la demanda educativa. Se aconseja, entonces, que los recursos que le queden disponibles se inviertan, no en crear otras universidades sino en instituciones cuyos estudios sean de poca duración y bajo costo. Así, la educación privada abre un espacio con fines de lucro, que al mismo tiempo se considera como complemento del esfuerzo que hace el sector público.

Los argumentos esgrimidos en el trabajo señalan que las universidades públicas no pueden depender exclusivamente del subsidio oficial. El gobierno debe transferir una parte del costo educativo que pagan los contribuyentes a los beneficiarios, esto es, a los padres y alumnos.

Igualmente, estas universidades deben vender servicios, acercarse a la finantropía y, desde luego, hacer una buena gestión administrativa para maximizar el uso de los recursos.

La universidad más competente tendrá más ingresos y mejores condiciones de enseñar con calidad. Se trata de que consiga recursos de fuentes no estatales, entrar al mercado, cobrar el derecho de matrícula y orientar los comportamientos de la planta académica a obtener fondos, que pueden ser más fácilmente adquiridos a través de la investigación.

La estrategia es que las actividades académicas estén orientadas hacia el mercado y se financien fuera del subsidio. Otras, que interesen a los planes del gobierno, se atiendan con fondos extraordinarios distribuidos mediante programas oficiales compensatorios al desempeño.

La visión neoliberal sostiene que la educación superior no es un bien público. Las universidades que dependen del subsidio estatal deben entrar a la competencia por fondos, a estar más atentos a los deseaos de consumidores y beneficiarios de educación, a cobrar colegiaturas más altas, a diversificar sus productos públicos y privados que obtienen provecho de ella.

En esta medida, lo público, aunque tenga esta condición, se privatiza. He aquí, uno de los puntos principales del debate, entre quienes quieren conducir a la educación superior de esta forma y quienes defienden la postura de que lo público debe seguir siendo público.

En el combate por privatizar lo público se introducen formas de mercado como, por ejemplo, aceptar que el rendimiento de la academia se aprecie a través de medidas de productividad. Además, se debilita a las universidades públicas difundiendo en los medios de comunicación que se trata de instituciones endogámicas, alejadas de las necesidades de los alumnos y del tratamiento de las cuestiones sociales de su entorno.

Por tanto, las salidas a los problemas de la educación superior no sólo se formulan desde el ángulo del financiamiento y la gestión, sino también desde un recorte ideológico que favorece el manejo político y la instrumentación de políticas afines al mercado.

Puestos de esta manera los ingredientes, entonces, los cambios que guían las reformas de las universidades están sujetos a las tensiones del enfrentamiento entre lo público y lo privado y a las tensiones que se producen entre la injerencia del gobierno para regular la vida académica y el régimen de autonomía, que se acota y restringe debido a que representa un obstáculo a la privatización.

Las alteraciones que ha sufrido la autonomía universitaria a consecuencia del manejo financiero que sigue el gobierno deben estar en un primer plano de la discusión política y jurídica en torno a la educación superior.

En esta breve exposición quedan expresados sólo algunos de los puntos relevantes del debate que se sostiene con quienes enarbolan el acercamiento al mercado a toda costa.

El reto intelectual y político que nos queda es formular argumentos y desarrollar acciones que nos permitan defender el carácter público de la universidad y luchar para que cuente con plenas capacidades que le permitan establecer sus objetivos, organizar sus funciones sustantivas sin restricción, disponer de recursos públicos suficientes para cumplir sus tareas y, en esa medida, para renovarla y conservar el lugar que le corresponde como institución de cultura.

El financiamiento oficial a las universidades públicas está en el centro del contrato social con la educación. Y en materia educativa, diría Rousseau, “es del hombre de lo que tengo que hablar”.


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