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De la educación pública a la privada. El vuelo de las élites
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 80 [2004-05-13]
 

México ha experimentado un cambio en su modelo económico y en su sistema político. El primero pasó de la sustitución de importaciones a uno basado en la existencia del libre mercado orientado a las exportaciones. El modelo económico vigente fue montado sobre la crisis de la deuda “eterna” y en un marco de recesión, factores que, entre otros, han impedido que se logren tasas de crecimiento adecuadas a las necesidades de empleo. El segundo tuvo una transformación de un régimen de partido de Estado a un sistema pluripartidista, con extinción de facultades metaconstitucionales al Ejecutivo, división de poderes, alternancia y mayor credibilidad electoral. Paradójicamente ha llevado a una parálisis política que dificulta un mejor funcionamiento de la economía y concluir la transición a la democracia con una reforma institucional del Estado.

En la sociedad estos cambios se han acompañado por la polarización de lo que hoy podrían llamarse capas excluidas de los bienes materiales y simbólicos, por tanto, de alta vulnerabilidad y sectores incluidos con capacidad de consumo. Los resultados de lo ocurrido en la sociedad llevan a la duda y al debate para impulsar un cambio del modelo económico y consolidar la democracia.

Hemos visto a todas luces que un clima macroeconómico estable es una condición necesaria pero no suficiente para crecer. Que sin una política industrial efectiva ligada a la creación de conocimiento y un desarrollo sostenido del mercado interno no llegaremos a tener condiciones distributivas ni justicia social.

Al contrario de lo señalado en el modelo vigente, el crecimiento requiere que el Estado tenga un papel activo en la transformación de la economía y en la promoción de la igualdad social, al tiempo que a la sociedad civil se le aseguren sus derechos políticos para que sus demandas sean tenidas en cuenta por quienes gobiernan. Hay muchos caminos a la democracia, según lo muestra la experiencia, y en nuestro caso su logro implica darle bríos al sistema productivo con mayor presencia del Estado.

Para lograr los propósitos nacionales en un nuevo contexto social es de vital importancia fortalecer nuestro sistema de educación superior público porque en éste se encuentra la mayor energía generadora de conocimiento y la mayor cantidad de la matrícula. Para que dicho sistema tenga impacto social se debe reparar los daños que ha sufrido por la mudanza de la fisonomía que adquirió el Estado y el malestar de la economía.

Las lesiones son severas. La debilidad económica del gobierno mexicano se ha traducido en un centralismo excesivo y una escasa participación de los actores involucrados en la formulación y ejecución de las políticas públicas para la educación superior.

Esta manera de proceder es un obstáculo para que las instituciones puedan plantearse sus propias opciones de desarrollo y contar con apoyos para llevarlas a cabo. La centralización ha ido de la mano con la injerencia del gobierno en la vida institucional, la cual ha lastimado la autonomía.

Los frenos a la educación pública universitaria fueron correlativos al auspicio de instituciones privadas. Un Estado reducido permitió que el gobierno dejara de atender a un volumen creciente de la demanda educativa del tercer nivel, una de cuyas partes fue a parar a instituciones propiedad de particulares organizadas para lucrar. Sucedió lo que se conoce como el “vuelo de las elites”. Volaron de lo público a lo privado para evitar mezclarse con la masa, en la idea de que ahí se reciba una mejor educación y más garantías de empleo.

Algunas de las instituciones privadas, las de mayor prestigio, resultan tan caras que es menos costoso irse a estudiar la licenciatura a España, según me comentaban varios estudiantes que han seguido esta ruta.

Lo que sí es cierto es que la diversificación del sistema diferenció a los estudiantes que sí pueden elegir el lugar para estudiar de aquellos que tienen que ir a las universidades públicas. Estas últimas cuentan entre su alumnado con una buena proporción de estudiantes de escasos recursos. Instituciones como la UNAM hacen un esfuerzo meritorio entregando becas a estudiantes de alto rendimiento cuyas familias no tienen dinero para educarlos. Hasta donde se sabe esta medida promueve que no abandonen los estudios y un mayor egreso escolar.

La apertura política hacia un régimen pluripartidista, por otro lado, provocó que se modificaran las fuentes de legitimidad de los gobiernos. Ahora la reciben del mercado político electoral más que de las universidades públicas, que vieron restada su influencia para colocar a sus egresados en altos puestos de la administración pública y en las acciones de gobierno.

Se dejó atrás la legitimidad que provenía de la movilidad social adquirida por los estudios en una universidad pública, entre otras causas porque el mercado de trabajo para los profesionistas se ha vuelto cada vez más estrecho para ocuparlos adecuadamente.

En estas circunstancias, el mercado laboral ha acentuado las barreras discriminatorias fundadas en el origen social y el carácter público o privado de las instituciones donde se realizaron los estudios. Estas barreras, y la falta de oportunidades, impiden que muchas personas trabajen en aquello para lo que fueron educadas, con lo cual hay desperdicio de capital social.

Con el resentimiento que acompaña a todo esto, el gobierno ha sido el que perdió una cuota de legitimidad cualitativamente importante, perdida agravada porque él mismo se ha encargado de quitarle valor a los estudios que subsidia.

Una repercusión más de las modificaciones del entorno es que se introdujo una nueva manera de conceptualizar los procesos y hechos educativos. En el discurso se utilizan conceptos, hasta de forma inapropiada, como son: competencia, competitividad, pertinencia, productividad, excelencia (que como dice Readings es un concepto vacío de contenido), desempeño, calidad y algunos más empleados con menor frecuencia.

Responden a la visión que guía el modelo económico, la cual busca un cambio de valores en la academia y que las instituciones estén vinculadas al sistema productivo, que las habilidades que aprenden los jóvenes y el conocimiento generado y transmitido sean “prácticos” para que tengan realización de mercado.

Tal visión ha orientado las modificaciones de los sistemas de educación superior en varios países postindustriales y aquí la han adoptado las autoridades para ser aplicada de una manera ortodoxa a un universo institucional que está lejos de ser como el de dichos países.

En un medio político desdibujado, todo este lenguaje ha servido para el manejo de recursos escasos. Una vida política turbia ha contribuido a limitar las posibilidades de hacer pactos, alianzas o coaliciones para alterar las condiciones jurídicas, políticas y financieras que favorezcan la reforma de las universidades públicas de cara al siglo XXI.

Ante esta realidad, los profesores tenemos la obligación y la responsabilidad con la juventud de mencionar y examinar las contradicciones de la vida nacional que nos afecta, fundamentar propuestas que den salida a los problemas, reflexionar que universidad queremos y evitar que siga la desinstitucionalización. De tomar la palabra y exponer nuestros puntos de vista a la opinión pública.

También de hacer un esfuerzo para conseguir estándares académicos más altos y cuidar a nuestras universidades, de modo que no vayamos a caer en situaciones como las que hoy tienen varias de éstas en América latina. Por estos motivos, urge una política financiera para ´la educación superior pública que brinde certeza y confianza a las instituciones y a quienes trabajamos como académicos, con el compromiso de que educaremos mejor a las generaciones que nos siguen.


Instituto de Investigaciones Económicas
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