El movimiento descentralizador de las actividades científicas y tecnológicas ha sido gradual, pero sostenido. Desde hace más de tres décadas, el centro de la República y las instituciones de educación superior consolidadas han cedido milimétricamente su participación relativa en el total de actividades. Hoy, la mayoría de estados figura en los indicadores nacionales y algunos, como Sonora, comienzan a ser documentados detalladamente.
Lo hemos reiterado en estas páginas: apenas en 2009, al establecer Oaxaca su Consejo Estatal, se completaron los 32 organismos encargados de la ciencia y tecnología en el conjunto de entidades federativas. Desde luego, las disposiciones normativas y organizacionales no garantizan el fomento ni la rectoría de las actividades.
La Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico de Sonora, elaborada a semejanza de la legislación federal y vigente a partir de junio de 2007, estableció la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, y le asignó la responsabilidad de elaborar el respectivo programa sectorial en la entidad.
Sin embargo, al parecer debido al cambio de gobierno, la puesta en marcha del organismo y el diseño del programa sectorial han seguido un proceso sumamente lento. Hoy todavía no existen realmente. La elaboración de los reglamentos y las disposiciones normativas apenas se están completando. Hasta ahora, las actividades se han regido por el Programa Estatal de Desarrollo.
No obstante, las capacidades científicas del estado han comenzado a documentarse con detalle por los propios investigadores locales. Los colegas Raúl Rodríguez, Laura Urquidi y Adeline Pérez (coordinadores) acaban de publicar el libro La ciencia en Sonora, primeras aproximaciones.
La publicación, a lo largo de sus seis capítulos, explora variados y sobresalientes temas. Por ejemplo, el primero, elaborado por los coordinadores de la obra, está dedicado a analizar las dimensiones y la orientación del posgrado en la entidad. Resulta particularmente revelador el crecimiento de este nivel en los cinco años anteriores: la matrícula del posgrado pasó de 1 mil 670 a poco más de 5 mil estudiantes en el estado, pero poco más de la mitad está inscrito en instituciones particulares; la mayor parte en el nivel de maestría y en las áreas sociales y administrativas, educación y humanidades. Tendencias que son relativamente similares a las apreciadas en el ámbito nacional.
La entidad, señalan los autores, tiene 127 programas de posgrados y de ese total solamente 27 (21 por ciento) son reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. La proporción también es parecida a la que ocurre con los posgrados en el ámbito nacional. Además, como hacen notar, de los 27 posgrados pertenecientes al padrón, todos pertenecen a las cuatro instituciones más importantes del sector público: la Universidad de Sonora (Unison), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, un centro público del Conacyt), el Colegio de Sonora (Colson) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITS).
La concentración institucional de los recursos humanos calificados también es notoria en la entidad y sigue el mismo patrón que los programas de posgrado. Juan Pablo Durand, en el capítulo dedicado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), detalla cómo se distribuyen en el sistema estatal. Es de apreciarse que, en total, la entidad concentra 305 investigadores nacionales —ocupa un lugar intermedio en el ámbito nacional en la tabla por número de investigadores— y la Unison aglutina a 58 por ciento de esa cifra, le siguen el CIAD (22 por ciento), el ITS (5 por ciento) y el Colson (4 por ciento). El resto de miembros del SNI se distribuye en otra docena de instituciones.
Otro tema explorado en el libro de referencia es el de la vinculación; un elemento recurrente en el campo de la educación superior y de la ciencia y la tecnología. Roberto Jiménez, por medio de la información recabada por el estudio de las capacidades de instituciones académicas y la industria metal-mecánica local, advierte que a partir de 1990 se nota un escenario cambiante que fomenta el vínculo entre academia, industria y gobierno.
El libro cierra con dos capítulos que no se circunscriben a la exploración estatal. Uno, a cargo de Laura Padilla, Guadalupe Villaseñor y Leticia Santacruz, sobre el desempeño científico de la mujer mexicana y algunos de los obstáculos que enfrenta; las autoras ofrecen información empírica sobre las inequidades, las cuales han sido ampliamente documentadas en la literatura.
Otro, de la autoría de Mery Hamui, dedicado a una interesante exploración analítica del concepto de ethos en la cultura académica y, particularmente, la aplicación de un modelo en las ciencias médicas.
A diferencia de lo que ocurría hace apenas dos o tres décadas, cada vez será más evidente el papel de las entidades federativas en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. No es un panorama homogéneo, más bien muestra las diferencias en capacidades y trayectorias, pero seguramente cambiará en el corto y mediano plazos.
