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Profesionalización docente a debate
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 419, pp.13 [2011-06-16]
 

En lo que puede considerarse como una nueva estrategia para profesionalizar a los maestros de educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordaron formar, la semana pasada, una alianza cuyo objetivo será el reconocimiento de créditos académicos acumulables que pudieran llegar a ser equivalentes a un posgrado. Según una nota publicada el martes 7 en La Jornada (p. 39), el subsecretario de Educación Básica señaló que el propósito del acuerdo “es transitar de los cursos cortos, aislados y desvinculados, ofrecidos por despachos o instituciones de dudosa calidad académica, hacia la preparación que ofrecen las universidades”.

Con esa iniciativa se pretende que las universidades instrumenten diplomados de alto nivel (no menores de 120 horas de duración) y que éstos se conviertan en especializaciones; varias de éstas, a su vez, podrían ser equivalentes a maestrías, las cuales podrían integrar algún doctorado.

Asimismo, se anunció el incremento de los recursos para apoyar las acciones tendentes a la profesionalización docente, de acuerdo con las recomendaciones que a ese respecto formulara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La firma del acuerdo entre la SEP y la ANUIES forma parte de la estrategia para la evaluación universal de los docentes y la reforma de la carrera magisterial, que recientemente firmaron el Ejecutivo federal y la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En el marco de la estrategia y la reforma mencionadas, también se anunció la realización de una reforma de las escuelas normales en las 32 entidades del país, la cual se iniciará a partir de agosto, cuando comience el próximo ciclo escolar. Se dice que su propósito es “regular” la matrícula de las instituciones formadoras de docentes, pues existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que en otras palabras significa que un gran número de maestros egresados no tiene trabajo.

En este mismo contexto, el viernes pasado el subsecretario de Educación Básica propuso exigir el grado de maestría para poder dar clases, establecer un esquema de tutorías de 12 años para instrucción profesional y condicionar la entrega de plazas a un periodo de prueba de dos años en aulas (La Jornada, 10/06/2011, p. 43).

Todas estas medidas, que curiosamente se dan en el penúltimo año del régimen calderonista, intentan dar un “golpe de timón” a las políticas que en materia de evaluación de desempeño docente se han desarrollado desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992. Sus motivaciones parecen provenir de las evaluaciones realizadas a los alumnos por la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.

De este conjunto de propuestas ya se han comenzado a oír voces discordantes que cuestionan, por ejemplo, el supuesto de que contar con estudios de posgrado (de maestría, en este caso) garantice que un docente sea mejor en el aula. El hecho de tener mayor nivel de estudios no implica necesariamente que se domina la manera de transmitir los conocimientos que se incluyen en los planes y programas de estudios.

Además, a decir de los críticos de dicha medida, un buen docente debe mantener contacto estrecho con sus estudiantes, sus problemas y retos académicos, así como lograr una comprensión profunda de la realidad social en la cual se inserta la escuela. Estas habilidades, por supuesto, deben complementar la formación académica del maestro.

En cuanto a la reforma a las escuelas normales, se critica la intención de dejarlas fuera de las acciones para lograr la alta especialización de los docentes. En ese sentido, se exige que el propósito de reformarlas con fines de “regular” su matrícula no implique su debilitamiento en términos académicos ni financieros.

A los cuestionamientos que hacen las autoridades educativas por los bajos niveles en áreas como matemáticas y ciencias, se demanda que los cambios curriculares se realicen con participación de las comunidades académicas y se aproveche la experiencia y el conocimiento acumulado de los profesores de las propias normales.

Además, pese a las mejoras salariales, existe todavía enorme descontento, porque en algunas regiones del país las condiciones de vida de muchos maestros son aún insatisfactorias.

También las reformas a los criterios para evaluar la carrera magisterial han provocado polémicas, como es el caso de considerar la mitad de la puntuación total a los puntajes que obtenga el grupo en la prueba ENLACE. Se cuestiona que esta medida pueda llevar a ejercicios “perversos”, en los cuales el maestro o maestra dedique su mayor esfuerzo a que sus alumnos se “preparen” para contestar la prueba, en detrimento de la totalidad de actividades que integran la experiencia de aprendizaje.

Asimismo, se critica que el profesor obtenga un porcentaje por participar en “actividades de desarrollo comunitario”, las cuales, si no se especifica claramente su relevancia, pueden llevar a que se obtengan puntos por la organización de actividades como crear clubes sociales de cualquier tipo, por ejemplo.

Seguramente el debate sobre las implicaciones de estas reformas continuará sacando a la luz las consecuencias y los costos (no sólo financieros) de las medidas que se irán instrumentando en el futuro.

Como pasa con mucha frecuencia en este tipo de modificaciones, la lógica instrumental de las medidas no toma en cuenta, con la debida profundidad, las afectaciones que las medidas provocan a los propios agentes del cambio, en este caso los maestros y aun los propios estudiantes y sus familias. Por ello hay que estar pendientes de su devenir.


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