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La agenda legislativa
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 41 [2003-07-17]
 

Los resultados de las elecciones casi están completos. Además de las múltiples hipótesis sobre el significado del alto índice de abstencionismo, está la certeza de que ningún partido logró mayoría absoluta en la próxima legislatura y también de la importante recomposición de las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Lo que todavía no sabemos es cuál será la agenda legislativa, quiénes se encargarán de coordinar el trabajo en las distintas fracciones parlamentaras y cómo se integrarán las comisiones de trabajo. Estos aspectos son cruciales para definir las prioridades normativas de la educación y enfrentar una de las reformas más complicadas que aprobó la anterior legislatura (un gasto educativo de ocho por ciento del PIB).

Según las últimas cifras disponibles, del total de 500 diputados que integran la Cámara, el PRI alcanzará 224 diputados, el PAN 153, el PRD 95, el Partido Verde 17, el Partido del Trabajo 5 y Convergencia 5. Un dato importante es que, respecto de la legislatura anterior, el PRD aumentará 55 diputados, el PRI tendrá 13 más, el Partido Verde uno adicional y, por el contrario, el PAN disminuirá su representación en 55 diputados. En un cálculo simple, las iniciativas del PRI tendrían más posibilidades de avanzar y las del PAN no; los partidos restantes podrían actuar como el fiel de la balanza según el caso y sus intereses. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo.

Un factor relevante para la negociación de las iniciativas en el recinto legislativo es quiénes realizarán la tarea de coordinación en las distintas fracciones. Los nombramientos para ocupar las coordinaciones están en marcha y las disputas también. Las fracciones del PAN y del Partido Verde ya cuentan con sus respectivos coordinadores, pero no es el caso del PRI ni del PRD. Las escaramuzas por esas posiciones en estos dos últimos partidos han sido notorias y seguramente continuarán hasta agosto, puesto que el periodo ordinario de sesiones comenzará el primer día de septiembre. No obstante, lo que conviene subrayar es que en el caso del PRI será un elemento definitorio la persona que ocupe la coordinación, n sólo porque representará a la fracción legislativa más numerosa sin también por su eventual inclinación a la confrontación o al consenso me las negociaciones. Además, no debe soslayarse que una de las personas que compite por el cargo es la profesora Elba Esther Gordillo Morales, controvertida dirigente sindical, figura de peso en las decisiones del ámbito educativo y quien ha avanzado posiciones sobre el trabajo legislativo que piensa impulsar.

La coordinación también tiene implicaciones para la integración de las comisiones legislativas. Los dirigentes de las fracciones negocian entre sí cómo integrar las comisiones y quiénes las presidirán. En la anterior legislatura, la comisión de educación estuvo integrada por 26 diputados; la encabeza un miembro del PRI y contaba con cuatro secretarios (uno del PRI, dos del PAN y uno del PRD). Tradicionalmente, los diputados electos del PRI, que también forman parte del SNTE, se integraban a la Comisión de Educación de la Cámara, formaban un bloque importante y desde esa posición impulsaron u obstaculizaron las iniciativas del área educativa. Para la Legislatura LIX todavía no se define públicamente cómo se integrará la comisión, pero al parecer la presencia del SNTE se verá disminuida. Según los resultados de las elecciones, de los 12 candidatos uninominales del SNTE, solamente cuatro lograron una diputación, a los que se agregarán dos candidatos plurinominales (reforma, 14/07/03).

Las comisiones legislativas han adquirido un papel relevante conforme la Cámara se afirma como poder independiente. Se han convertido en el mejor conducto y espacio de resonancia de los grupos que quieren ser escuchados por los diputados; los presidentes de comisión tienen una influencia creciente en la orientación de las negociaciones.

Una vez resueltos los problemas de nombramiento de coordinadores e integración de comisiones, ¿a qué se enfrentará la LIX Legislatura? No solamente están los dictámenes rezagados de la anterior legislatura y las agendas de cada fracción. Uno de los primeros y principales retos será el financiamiento público para la educación. Para ello deberán considerar la reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) de diciembre del año pasado. Dicha reforma mandata que el monto anual del gasto público para educación no podrá ser menor a ocho por ciento del PIB y de esa cantidad destinar al menos uno por ciento “a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de Educación Superior Públicas” (Diario Oficial de la Federación, 30/12/02, p.92). El decreto tiene un artículo transitorio que prevé un incremento gradual del gasto, de modo que la meta se pueda alcanzar en 2006. Cabe aclarar que la previsión no valió ni para los mismos diputados que aprobaron la reforma, puesto que no lograron incrementar de forma sustantiva el presupuesto para este año respecto de 2002 (sólo seis mil millones más).

Cumplir lo que establece el artículo 25 de la LGE en torno al financiamiento educativo al parecer no será posible. Por ahora, las proyecciones de crecimiento económico, la distribución porcentual de gasto público y los niveles de recaudación fiscal así lo indican; ni para el año próximo ni para el 2006. En estas mismas páginas se ha dado cuenta de las proporciones que guarda el gasto educativo y los problemas existentes en la aprobación del nuevo esquema de financiamiento público para las instituciones de educación superior.

En la perspectiva de la renovación de la Cámara de Diputados, no necesitamos legisladores que nos construyan castillos de arena, tan sólo que cumplan con su trabajo. Es decir, la formación de una agenda realista, un horizonte de soluciones legales de largo plazo -no el que se enmienda en la siguiente Legislatura o se agota en el capital político personal o de partido- y negociaciones efectivas y eficaces. ¿Podremos confiar?


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