A propósito del debate que se está dando actualmente en la opinión pública y en los medios académicos acerca de la insuficiente oferta de espacios para los jóvenes en el bachillerato y en la educación superior, el pasado viernes 15 de agosto en su columna “Economía Moral” del periódico La Jornada, el economisto Julio Boltvinik hizo una propuesta que merece ser discutida. Se trata del planteamiento muy general para la creación de una nueva universidad con alcance nacional.

Con esta nueva institución se pretendería, en primer lugar, coadyuvar a reducir significativamente la exclusión social que representa el rechazo de miles de jóvenes en los niveles medio superior y superior.

En este sentido, el doctor Roberto Rodríguez, columnista de Campus MILENIO ha documentado ampliamente el hecho de que la cantidad de jóvenes que quedan excluidos de la educación superior es mayor que el número de quienes componen la matrícula de ese nivel educativo.

El proyecto de la nueva universidad, según Boltvinik, comprendería los estudios de nivel superior y de posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como abierta; incluiría también la investigación científica y tecnológica, contando para todo ello con instalaciones físicas y virtuales en todo el territorio nacional. Sería, además, una institución totalmente descentralizada que funcionaría como una red en varios sentidos, siendo el principal asegurar el mismo nivel de calidad en todas las subsedes. Si bien la propuesta está delineada de manera muy amplia, los criterios que se postulan no dejan de ser muy interesantes.

En primer término, y para evitar un centralismo en su estructura de gobierno, se habrá de buscar la participación de comunidades académicas de todas las entidades del país. En segundo lugar, deberá contar con un mecanismo de gobierno autónomo en el cual “su propio cuerpo académico y estudiantil sea el que rija sus destinos”.

Por último, su asignación presupuestal requerirá de la aprobación directa de la Cámara de Diputados, y su Ley Orgánica deberá contar con algunos candados que garanticen mínimos operativos y tendencias de crecimiento acordes con su misión institucional.

Parece, entonces, muy pertinente y oportuno analizar con más detalle y profundidad las implicaciones d esta propuesta y de otras que ya existen o algunas más que vayan surgiendo.

Hoy necesario discutir las posibilidades de crear alternativas institucionales que, por un lado, permitan enfrentar el grave problema de la oferta educativa en el bachillerato y en el nivel superior. Por el otro, estas nuevas opciones deberán asegurarse de proporcionar una educación de calidad para un número cada vez mayor de estudiantes, pues hasta la fecha no ha sido así. Tal como lo han demostrado las noticias recientes sobre este aspecto tan crucial de la educación superior, sólo muy pocas instituciones públicas y privadas han sido capaces de ofrecerla de manera satisfactoria.

Finalmente, aunque no menos importante, junto a todo lo anterior existe una serie de aspectos cruciales y muy complejos de poner en marcha como las nuevas formas organizacionales y curriculares, las modalidades de gobierno, modos de participación de estudiantes y profesores en la elección de autoridades, así como la participación de los niveles federal, estatal y municipal en el financiamiento de las instituciones.

Conviene subrayar que toda propuesta digna de consideración tendrá que tomar en cuenta todos estos factores de manera integral.