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La polémica SEP-UNAM. Transparentar
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 46 [2003-08-28]
 

La polémica de la semana pasada sobre las cifras del déficit educativo entró en receso al anunciarse que se creará un grupo mixto de trabajo entre la SEP, ANUIES, y UNAM. Según explica el comunicado correspondiente, el propósito será “unificar criterios y establecer recomendaciones que permitan profundizar el abatimiento del rezago educativo histórico y atender la creciente demanda en este nivel” (SEP. 22/08/03).

Probablemente, en un tiempo relativamente breve, el grupo de trabajo cumplirá su propósito; se comparan fuentes, bases de cálculo y se precisan datos. Sin embargo, el reciente debate muestra un problema más complicado y urgente de resolver: la opacidad en aspectos cruciales del funcionamiento del subsistema de enseñanza superior. No es un problema solamente de este nivel educativo y lo principal no se refiere únicamente a la discrepancia entre metas y logros. Es un rasgo que se expresa en aspectos fundamentales para la organización del subsistema.

Respecto a las cifras en disputa, es relativamente sencillo conocer la proporción de incremento en la matrícula de la enseñanza superior y contrastarla con las metas gubernamentales anunciadas. En términos gruesos (normal, licenciatura y posgrado) y consultando las estadísticas de SEP, solamente habría que comparar el número de alumnos que había al inicio de la administración (dos millones 48 mil), frente a los reportados en el ciclo escolar que recientemente concluyó (2, 236,791). En cifras redondas, actualmente habría 189 mil alumnos más que cuando comenzó esta administración –otra sería la cifra si se excluyera la educación normal y el posgrado. Si consideramos la matrícula de inicio del periodo, los 189 mil que se han sumado hasta ahora y la meta anotada en el Programa Nacional de Educación para el 2006 (alcanzar una matrícula de 2.8 millones), quiere decir entonces que el subsistema deberá incorporar 563 mil alumnos más en los próximos tres años si es que el gobierno federal quiere cumplir su meta. Lograrlo depende de varios factores más o menos previsibles y manejables, como los recursos, la capacidad instalada, el desarrollo de opciones no presenciales, o las tasas de egreso y eficiencia terminal. Planteando en estos términos el asunto de la información y las cifras parece un asunto resuelto, pero no es así.

Las dificultades comienzan a surgir cuando se intenta ingresar al mecanismo de funcionamiento del subsistema tres temas cruciales permanecen en la ambigüedad y en la indefinición: el personal académico, los recursos financieros y el desempeño de las instituciones. Respecto del primero, a la fecha no se conoce el dato elemental y cierto de cuántos académicos forman parte del subsistema. Las estadísticas reportan el número de plazas y algunas instituciones hacen la diferencia entre plazas y personas físicas, lo que ha permitido hacer algunas aproximaciones, pero no existe la cifre precisa del número de personas que laboran en el conjunto de instituciones enseñanza superior. Obviamente, la ausencia de un dato de esta naturaleza abre un margen de error en el diagnóstico del profesorado, lo mismo que en su profesionalización y en la búsqueda de su potencial, como el de la relación investigación-docencia o la especialización de tareas y desempeños. También lo es para la puesta en marcha de políticas generales y para la valoración de algunas iniciativas que están ya en operación.

En cuanto a los recursos, hace apenas un par de años se aclaró que ni el tamaño de la matrícula ni la plantilla de personal eran los criterios fundamentales para asignar los recursos a las instituciones públicas. El asunto es que sigue sin precisarse cuáles son. Pero, además como en estas mismas páginas se ha dado cuenta, está por resolverse la aprobación de un nuevo modelo de asignación financiera, por lo cual sigue operando la distribución de recursos en la ambigüedad, la presión y el apresuramiento de fin de año. El financiamiento tiene otros puntos obscuros: no se conoce con certeza la organización y base de cálculo del gasto para el nivel superior. Con las grandes cifras del presupuesto (nacional, federal, estatal, respecto al PIB, institucional, etcétera) no hay mayor problema, las dificultades aparecen cuando se intenta precisar el origen y forma de calculo del gasto privado, los montos de ingresos propios de las instituciones o la diferencia y complementariedad del gasto público en educación superior y en ciencia y tecnología. En este terreno y en ciencia y tecnología. En este terreno las cifras no parecen cuadrar.

El desempeña de las instituciones tampoco está claro. Están las cifras agregadas de los alumnos (por nivel y área de especialidad, de primer ingreso, reingreso, egreso y titulados), el número de plazas o profesores (dedicación, categoría y nivel), y el de programas. Lo que no está del todo claro es, por ejemplo, la eficiencia de la organización institucional, la pertinencia de la forma de cálculo de la eficiencia terminal de las instituciones, sus formas de organización o los niveles de formación de sus egresados. Es un enigma cómo y qué están enseñando el amplio conglomerado de universidades, lo mismo que los contenidos del aprendizaje de los alumnos o el nivel de sus destrezas y capacidades. Igualmente, tampoco resulta explicable el gran crecimiento irregular de instituciones educativas que cuentan con autorización para funcionar pero carecen de componentes mínimos. La desconfianza en el funcionamiento de las instituciones parece estar a la raíz e las especulaciones sobre la diferencia de desempeños entre los egresados de las escuelas públicas y privadas y también en e intento de generalizar exámenes externos a los egresados de la licenciatura, como el que realiza en Ceneval. La ausencia de información confiable en este terreno ha dejado sin respuesta muchas interrogantes de padres de familia y alumnos que están buscando definir su futuro profesional. Lo más grave es que se ha dado pauta para que sean las impresiones personales, los prejuicios ideológicos, los supuestos o los medios quienes dirijan la percepción y preferencias de la opinión pública.

Quizás convendría aprovechar el reciente debate por las cifras para avanzar en la transparencia de información sobre el subsistema de enseñanza superior.


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