Ante el crecimiento impresionante en el número de establecimientos de educación superior en el sector privado ocurrido durante las dos últimas décadas, el cual ha sido motivo de fuertes controversias acerca de la deficiente calidad de muchos de esos establecimiento en los medios académicos y de difusión pública, uno podrá preguntarse si existe algún tipo de criterios que normen o regulen la calidad de los servicios educativos que aquello ofrecen.
En ese sentido, además de los establecidos por la SEP para el otorgamiento del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), existe una serie de lineamientos que han sido propuestos por los propios proveedores de tales servicios a través de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
La FIMPES es una asociación civil “de afiliación voluntaria que acredita a instituciones particulares de educación superior que han alcanzado altos estándares de calidad” (http://web.fimpes.org.mx). La misión de este grupo de instituciones consiste en la superación educativa de sus afiliados con el fin de promover la mejora de la calidad en la educación superior en nuestro país, así como el logro exitoso de los intereses comunes de sus asociados y “el establecimiento de más y mejores posibilidades de colaboración entre sus afiliados”.
Con base en un acucioso proceso de evaluación que comprende 169 requerimientos, la FIMPES otorga una acreditación a las instituciones que los satisfacen y las admiten como miembros afiliados acreditados. Los casi 170 requerimientos se agrupan en once criterios de acreditación: filosofía institucional; planeación y efectividad; normatividad, gobierno y administración; programas académicos; personal académico; recursos físicos; recursos financieros y educación a distancia.
La acreditación de FIMPES es de tipo institucional, lo que implica que abarca a todas las unidades académicas, así como a la totalidad de los programas y servicios ofrecidos por un establecimiento educativo determinado.
En término muy generales, el proceso consiste en requerir a la institución solicitante la realización de autoestudios en periodos de tiempo definidos, y que al final de los mismos “acepte las observaciones realizadas por equipos verificadores y por la Comisión Permanente de Dictaminación sobre el nivel de cumplimiento de los Criterios de Acreditación establecidos en el Sistema”.
La FIMPES exige que el autoestudio evalúe los aspectos importantes del establecimiento educativo; que sea realizado por colaboradores de todos los segmentos de la misma (profesores, estudiantes, personal de confianza, funcionarios y miembros del máximo órgano de gobierno), y que identifique de modo amplio y completo las fuerzas y debilidades de la institución respecto de los criterios. Además, la federación requiere que la institución realice un adecuado seguimiento de las “acciones de mejora continua que se deriven del autoestudio”.
Hasta marzo de 2003, el número de afiliados acreditados por la FIMPES era sólo de 67, una cifra muy baja si se compara con los cientos de instituciones privadas que existen en la actualidad. Para la FIMPES la acreditación está estrechamente relacionada con la mejora de la calidad educativa y con la garantía de que los establecimientos acreditados cumplen con los estándares establecidos.
Asimismo, significa que se cuenta con los recursos, programas y servicios suficientes para cumplir con ella (con la calidad). Si este es así, puede tenerse como colorido que esta última es un bien que no abunda en la inmensa constelación de las instituciones privadas. Más aún, si se revisa la lista de los establecimientos acreditados se advierte que la mayor parte de ellos corresponde, como sería de esperar, a las instituciones de mayor prestigio, las cuales suelen ser con mucha frecuencia las que cuentan con las colegiaturas más elevadas.
Sería deseable, entonces, que el número de instituciones acreditadas aumentara de modo considerable para que los numerosos estudiantes que asisten en busca de oportunidades educativas que no pueden darles los establecimientos públicos por falta de cupo, ni las privadas por sus altos costos, tuvieran la seguridad de adquirir una formación profesional de calidad.
