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SNI, que 20 años no es nada
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 90 [2004-07-22]
 

El próximo lunes se cumplen dos décadas exactas de la creación el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): el 26 de julio de 1984 apareció en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo firmado por el entonces presidente Miguel de la Madrid. La iniciativa, que en ese momento parecía de naturaleza transitoria, rápidamente se incorporó a las rutinas administrativas del sistema científico y tecnológico y persiste hasta hoy como uno de los instrumentos más importantes para orientar la actividad de los investigadores en el país.

En la llamada década perdida de los años ochenta, el SNI fue concebido como un mecanismo que permitiría distribuir recursos adicionales a los científicos sin recurrir a los incrementos generalizados de salario.

En 1983 el gobierno federal anunció que se crearía ese sistema y solicitó a la entonces Academia de la Investigación Científica el estudio correspondiente; al año siguiente ya estaba en funcionamiento.

El sistema intentaba paliar los graves efectos de la crisis económica de esos años en el nivel de vida de los científicos y, se dijo en su momento, evitar la fuga de cerebros.

En realidad, el SNI ha sido algo más que un dispositivo para distribuir recursos compensatorios. Fue una iniciativa que determinó a nivel nacional quién estaba en condiciones de recibir o no el nombramiento de investigador.

También fue la primera medida del gobierno federal, de alcance nacional, que intentó una evaluación del rendimiento individual y asoció grados de desempeño con recursos adicionales.

Las consideraciones del acuerdo de creación de 1984 señalaron, aparte de reconocer la importancia de la investigación científica para el desarrollo del país, que con el fin de alentar a la investigación era necesario establecer un “sistema que tienda a estimular a los investigadores de calidad notable, así como a los investigadores que se inician en la carrera de investigador (DOF 26/07/84:9).

Los objetivos originales marcaron claramente que se trataba de un sistema dirigido a las instituciones públicas y a los investigadores dedicados de tiempo completo a la investigación (artículos 1 y 2).

Al efecto de evaluar a los aspirantes previó establecer tres comisiones dictaminadoras: ciencias físico-matemáticas e ingeniería; ciencias biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas, y ciencias sociales y humanidades.

Lo más importante es que, posterior al dictamen de las comisiones, el aspirante recibía el nombramiento de candidato a investigador o investigador (este último tiene tres niveles) y un estipendio mensual según categoría y nivel.

Pero en el acuerdo mismo claramente se anotó que la beca otorgada no afectaría en modo alguno la relación laboral con la institución de adscripción del investigador y “de ninguna manera se considerará como un salario o como contraprestación por un servicio prestado” (artículo 20).

De acuerdo con datos del propio SNI, en 1984 admitió a mil 396 investigadores (otra cantidad similar fue rechazada). Una cantidad ciertamente reducida, sobre todo si se considera que en ese año había poco más de 90 mil plazas de profesores en las instituciones de educación superior en el país y de las poco más 18 mil registradas como de tiempo completo. Del total de aspirantes que ingresaron al SNI en 1984, los candidatos a investigador representaron 15 por ciento; los investigadores nivel I, 57 por ciento; los de nivel II, 19 por ciento, y los de nivel III, 9 por ciento.

Pero en estas dos décadas de funcionamiento el SNI ha experimentado diversos cambios, aunque en realidad no han transformado de forma sustantiva el papel que ha desempeñado.

Las sucesivas reformas (seis en estos 20 años) han sido sobre todo para ajustar sus mecanismos de evaluación: número de comisiones, formas de integración, duración en el cargo de sus integrantes, etcétera.

La reforma más reciente, la de 1999, hace ya cinco años, fue la más importante. Esa reforma permitió que los investigadores que laboran en las instituciones privadas aspirasen a pertenecer al sistema (recuérdese que era un sistema solamente para las instituciones públicas), cambió la estructura de sus órganos de gobierno y, lo más sobresaliente, eliminó el carácter inapelable de sus decisiones (artículo 24 del acuerdo original) e instituyó una instancia de revisión para conocer y resolver sobre las inconformidades que se presentan.

Cambios notables pero que no modificaron de forma importante su papel en la formación de recursos humanos en el país.

Las cifras del tercer informe de gobierno de esta administración estiman que los integrantes del SNI suman actualmente diez mil investigadores. Es decir, el sistema amplió siete veces el número de sus integrantes en 20 años. Nuevamente, sigue siendo una cantidad reducida para las dimensiones del sistema educativo y científico del país.

Lo sorprendente es que las cifras entre categorías y niveles de candidatos e investigadores conservan casi una idéntica proporción a la que tenía hace 20 años. Y más notables es que, por primera vez, se acepta oficialmente que solamente existen recursos para apoyar a tres de cada 100 aspirantes a científicos. (El Universal, 05/07/04).

El asunto es a dónde debe dirigirse el SIN y qué papel le corresponde asumir. No cabe duda de que ha ejercido una influencia notable y de que puede seguir como hasta ahora, pero la pregunta es si eso es lo deseable.

Es un sistema que podría tener mayor relevancia para impulsar a los jóvenes convocación científica, pero al parecer no ha sido de su interés. ¿Nos esperamos otros veinte años?


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