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El gasto científico y el papel de los legisladores
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 108 [2004-12-02]
 

El proceso de aprobación del gasto pública parece cada vez más complicado y sorprendente. Desde que ninguna de las fuerzas políticas representadas en la Cámara tiene mayoría absoluta –esto sucedió a partir de 1997-, los acuerdos de las diferentes fracciones parlamentarias pueden ser sumamente contingentes, inciertos o paralizantes. El alineamiento de fuerzas políticas para la aprobación del presupuesto de egresos u otros temas legislativos ilustra la situación.

Sin embargo, también es cierto que los diputados se han afirmado como el poder que son frente al Ejecutivo federal, lo cual contrasta con la subordinación que los caracterizaba hace apenas unos pocos años.

El asunto es si podremos tener mayor confianza en esta nueva situación o más bien deberíamos preocuparnos. Lo que ha ocurrido con el gasto científico puede ofrecer algunos atisbos al problema.

Un primer aspecto a resaltar es que los diputados y particularmente las distintas comisiones en las cuales están organizados, se han convertido en punto de referencia para quienes demandan mayores recursos públicos.

Las solicitudes ya n se canalizan únicamente a través de los funcionarios del gobierno federal, ahora la siguiente puerta a tocar es la del recinto legislativo y más bien las de las comisiones de diputados. Profesores, directivos, rectores, sindicatos u organizaciones como la ANUIES, se dirigen a tratar de argumentar y convencer a los diputados .incluso los mismos funcionarios gubernamentales depositan cierta esperanza en los mismos diputados.

Tal parece que la vía de los legisladores para lograr alguna mejora en las asignaciones ha sido efectiva y también una de las formas de minar la reiterada austeridad de la Secretaría de Hacienda.

Las modificaciones al alza en el presupuesto educativo en el último lustro y en menor medida el de ciencia y tecnología muestran esa capacidad.

En segundo lugar, las dificultades que se fueron acentuando año con año para la aprobación del presupuesto ahora tomaron otro cauce.

En los años anteriores se trataba de presiones de última hora, generalmente se consumía el periodo extraordinario de sesiones para tratar de alcanzar los acuerdos y llegar antes del primer minuto del año siguiente con el presupuesto ya aprobado.

Ahora, por primera vez, se tomó previsión de discutir y aprobar con anticipación el paquete económico. Ya está normado que el Ejecutivo federal enviará en septiembre su proyecto y los diputados lo aprobarán a más tardar el 15 de noviembre.

Sin embargo, tal parece que la perspectiva de mayor tiempo no dio lugar a una mejor argumentación y discusión entre las fracciones y entre éstas y el gobierno. Por el contrario, fue ocasión para una confrontación más profunda entre el Ejecutivo federal y el Legislativo.

La proporción del presupuesto que modificaron los legisladores es poco significativa (dos por ciento), a la vista del volumen total. No obstante, se trata de modificaciones importantes que entraron en conflicto con la propuesta gubernamental.

Entonces, lo que resalta es una disputa entre poderes que podría agravarse más, pero que expresa visiones distintas de los asuntos públicos.

El tercer aspecto es el sentido de los cambios. Al igual que en los años anteriores, los diputados llevaron al alza la propuesta gubernamental. En el caso del gasto para ciencia y tecnología, y particularmente el de Conacyt, pasó de seis mil 894 millones de pesos a ocho mil 143 millones de pesos.

Es decir, le agregaron poco mas de un mil 248 millones de pesos a la propuesta gubernamental. Incluso, el volumen podría ser mayor, dado que también aprobaron –a propuesta de la fracción parlamentaria de Convergencia- que los ingresos derivados de las multas que imponga el Instituto Federal Electoral sean canalizadas a ciencia y tecnología (artículo 21, fracción K del Presupuesto de Egresos).

De esta forma, contrario a la disminución de casi 12 por ciento respecto del gasto de este año que consideraba la propuesta original, ahora se incrementó alrededor de 5 por ciento en términos corrientes.

Pero aparte de los incrementos, tal vez lo más importante es que la disputa por los cambios ha generado un mayor escrutinio por la forma como se asignan y utilizan los recursos públicos (p.e. el artículo segundo transitorio de la Ley de Egresos que demanda de Conacyt información cerca de la integración de su presupuesto) y, en buena medida, el interés también se ha extendido a sectores de la opinión pública.

Un último aspecto es la consistencia de los legisladores. No cabe duda de que ahora tienen una mayor responsabilidad en la actividad legislativa, pero la pregunta sigue siendo si tienen presente esa responsabilidad y ante quién o quiénes deberían responder.

Sabemos que tenemos múltiples necesidades y grandes rezagos como nación, pero también que los recursos a distribuir son escasos y no crecen. De modo que más recursos aquí, generalmente suponen menos allá.

Las decisiones de los diputados de otorgar mayores recursos o sus iniciativas de reforma deberían acompañarse de las respectivas previsiones y argumentaciones.

El problema es que tal parece que no ha sido el caso. Aparte de algunos errores en la reciente aprobación del gasto, lo sobresaliente es que sus recientes modificaciones que elevaron a rango de ley otorgar ocho por ciento respecto al PIB para educación y uno por ciento para ciencia, no solamente parecen poco fundadas sino que incluso, como ya lo señalé en otra oportunidad, no guardan concordancia entre sí (una se refiere a gasto público, la otra a gasto nacional).

Además, también está el caso de la reforma que convirtió en obligatorio al preescolar y no previó su impacto financiero ni tampoco su competencia con otros niveles escolares.

Como se puede apreciar, la situación es de claroscuros, pero cabría esperar un margen más amplio de negación y, sobre todo, mayor argumentación y entendimiento entre poderes.


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