Una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos, la American Civil Liberties Union (ACLU), publicó la semana pasada un reporte que expresa una dura crítica a las políticas para la ciencia en ese país. Se refiere especialmente a las iniciativas que puso en marcha la actual administración a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001.

En realidad los elementos de análisis que menciona el reporte de la ACLU no son novedosos, ya han sido expuestos en diferentes oportunidades por analistas y organizaciones de científicos estadounidenses. Conviene recordar la declaración de más de medio centenar de científicos, entre ellos algunos premios nobel y consejeros, de febrero del año pasado que protestaron por el uso inapropiado de la ciencia en la administración Bush y demandaron restaurar la "integridad" en la elaboración de las políticas. Pero lo que ahora cabe resaltar es que a los señalamientos críticos se suma una organización como la ACLU y, además, coincide con una declaración en el mismo sentido que también recientemente emitió la Asociación Americana de Profesores Universitarios. Lo que pasa o deja de ocurrir con las iniciativas estadounidenses en materia científica, no solamente le incumben a ese país. Los puntos de tensión y los temas, como veremos, tienen un efecto más allá de sus fronteras.

La ACLU, como lo reconoce ella misma, no es una organización académica ni tampoco científica. Desde 1920 su actividad principal ha estado centrada en la defensa y preservación de los derechos y libertades individuales, y su posición es que las "libertades civiles deben ser respetadas incluso en tiempos de emergencia nacional" (www.aclu.org). De modo que las amenazas a esas libertades desatan el activismo de la organización. Ese es el origen de su reporte sobre las políticas científicas: los numerosos casos de científicos y académicos que han visto ensombrecida su libertad de participación e investigación científica por la actuación gubernamental. Incluso, como dato adicional, menciona los recientes casos que se han registrado por tratar de desacreditar el evolucionismo como una teoría científica y el intento de reemplazarlo con un dogma sectario en las escuelas públicas.

El reporte de la ACLU de medio centenar de páginas (Science Under Siege. The Bush Administration´s Assault on Academic Freedom and Scientific Inquiry) plantea que la libertad académica y el estudio científico han estado bajo un acoso permanente por la actual administración gubernamental. Según la información que presenta, las restricciones se refieren sobre todo a tres diferentes aspectos: el libre flujo de la información científica; el control y monitoreo de los individuos; y las barreras poco razonables para el uso de materiales científicos y tecnológicos.

La primera restricción apunta a la interferencia de la administración del presidente Bush en el flujo de información -dentro y fuera del sector gubernamental-, dado que ha presionado a diferentes oficinas del gobierno federal para que restrinjan el acceso a información, bajo el argumento de que es información "sensible". Esta situación, dice el reporte, ha provocado una especie de "reinado del secreto", altos índices de información clasificada y la calificación de grandes áreas de investigación o conocimiento como "sensibles", con argumentos vagos o poco claros.

Además, la interferencia sobre la información también incluye los procesos de publicación, y esto sería lo relevante para otras naciones, puesto que desde el 2003 una disposición normativa de la oficina correspondiente (OFAC) estableció que los editores estadounidenses no podrían publicar trabajos académicos de autores que residen en países bajo embargo comercial -como sería el caso de Irán, Sudán o Cuba-, a menos que obtuvieran un permiso gubernamental especial (p. 10). En caso contrario enfrentarían penalizaciones de un millón de dólares o prisión hasta por diez años.

En cuanto al control y monitoreo de los individuos, uno de los problemas que señala el reporte son los inexplicables retrasos y los numerosos cambios que se han puesto en marcha para el otorgamiento de visas para académicos visitantes, estudiantes extranjeros y acompañantes. El conjunto de mecanismos de vigilancia y control dispuestos, se anota, han provocado numerosos obstáculos pero, sobre todo, ineficiencias, errores, demoras poco razonables en la emisión de las visas y, lo más importante, un desaliento en quienes deseaban estudiar o realizar una estancia académica en su territorio (En estas mismas páginas ya hemos analizado la disminución de estudiantes internacionales en los Estados Unidos, particularmente la que se registró por primera vez en el ciclo escolar anterior, y también las medidas correctivas que intenta poner en marcha).

Finalmente, a diferencia de las restricciones para publicación o las de investigación, están las que sí se pueden justificar, como la regulación de agentes biológicos y materiales peligrosos que eventualmente podrían ser utilizadas en acciones bioterroristas. Pero el problema es que ese tipo de materiales también tienen un carácter dual: sirven tanto para producir armas químicas, que es lo que el gobierno trata de prevenir, como para desarrollar fármacos que podrían mejorar la protección de la salud.

Como lo expresa el reporte de la ACLU, se pueden tomar diferentes medidas para remediar los problemas identificados. De hecho, la administración Bush ha realizado algunos intentos, particularmente con posterioridad a las elecciones del año anterior. Sin embargo, como también queda claro, no han sido suficientes y tal parece que así continuará.