Al comienzo de este mes, en este mismo espacio, nos referimos a los mecanismos de consulta y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Señalamos el escepticismo que suscita el Sistema Nacional de Planeación, el desencanto con la realización de los foros de consulta popular para la elaboración del plan y la posibilidad de que la participación en tales foros tuviese poco o ningún impacto.

La Ley de Planeación prevé un capítulo para normar el tema de la participación social y la obligatoriedad de convocar a foros de consulta a los diversos grupos sociales para la elaboración y ejecución del plan y programas correspondientes (capítulo 3). Un principio que apareció en el origen de la ley, al comienzo de los años ochenta, para apegarse a la idea de una "planeación democrática", basada en la participación social, el consenso y el apoyo a las iniciativas gubernamentales.

Es difícil saber qué papel cumplen en la actualidad los foros de consulta popular, si en verdad acuden a ellos las organizaciones representativas de los diferentes grupos sociales, expresan sus opiniones y quedan sus planteamientos, o más bien, son un trámite inescapable que carece de importancia pero que hay que cumplir ante la inexorable fuerza de la ley y de la costumbre. Si fuera el primer caso, ¿cómo se pueden conciliar posiciones divergentes y aún opuestas de lo que debe hacerse en materia de desarrollo nacional, en educación o en política científica y tecnológica? ¿Cómo se resuelven las tensiones o qué justificación existe para que prevalezca una visión y no otra?

Lo curioso es que, en nuestro régimen político, pese a las reiteradas anotaciones sobre la pérdida de centralidad de la figura presidencial y el renovado papel del Congreso, tal parece que el primero sigue ejerciendo un importante poder de atracción en las decisiones y el segundo está por encontrar su lugar en el nuevo tablero de intercambios. En el tema del PND y del sector científico y tecnológico, al menos, se puede advertir un dato que muestra esa situación, lo mismo que revela el carácter prescindible o secundario de los foros.

La semana anterior la comisión de ciencia y tecnología de la cámara de diputados publicó en la prensa la "Declaración del foro nacional educar para la ciencia y tecnología" (Reforma 17/05/07). El desplegado recupera las conclusiones de un encuentro convocado por los diputados y realizado en la Universidad de Guanajuato, hace ya un par de meses, en el que participó un amplio número de representantes de la comunidad académica y de las organizaciones del sector, el Conacyt incluido. La idea del foro, según lo expresó en su momento la presidenta de la comisión, la diputada Silvia Luna Rodríguez del Partido Nueva Alianza, era discutir y proponer lineamientos de política pública en el sector.

Lo que ahora llama la atención es que en el reciente desplegado los diputados indican que se trató de un foro para construir propuestas para ser incluidas en el PND y que ponen "a consideración del Presidente de la República el documento en el cual se sintetizan las reflexiones de este evento". Son 18 propuestas con distintos grados de especificidad para respaldar e impulsar la ciencia y la tecnología (posteriormente nos ocuparemos de examinarlas).

Es decir, pese a que la ley de planeación señala expresamente que los diputados y senadores participaran en los foros de consulta popular para la elaboración del plan (artículo 20), los legisladores prefieren obviar ese camino y se dirigen pública y directamente al titular del ejecutivo federal.

Otro tanto ocurre con el titular del ejecutivo. Independientemente de la necesidad de recomponer las relaciones entre las fuerzas políticas postelecciones, la semana anterior se reunió con los coordinadores parlamentarios de las cámaras de senadores y diputados, así como con los presidentes de los partidos políticos -con excepción del PRD-, para darles a conocer personalmente los cinco ejes en los que se sustentará el PND y para que ellos le expresaran su parecer. Esto es, también se omitió el mecanismo previsto por la normatividad.

Es innegable la influencia de los medios en la vida política, lo mismo que la necesidad de espacios de negociación entre partidos y poderes. Sin embargo, resulta paradójico que en el amplio movimiento por establecer políticas de Estado y contrapesos a la figura presidencial, continúen los esquemas de intercambio cifrados en torno a las posibilidades y capacidades del ejecutivo federal. Tal parece que legisladores y ejecutivo federal persisten en y por los mismos medios.