En la situación de crisis por la que atraviesa el país, hay quienes señalan que el modelo de desarrollo nacional está agotado. Es una cuestión estructural. Hay políticos preocupados porque la crisis alcanzó su escenario manifestándose en falta de legitimidad, representatividad y gobernabilidad. Proponen renovar el sistema con un gobierno de coalición (hacer explícitas las alianzas es lo “nuevo”), quitarle un quinto de diputados a la Cámara, hacer más eficaz la toma de decisiones en el gobierno y la administración pública.

En fin, darle una sacudida a la clase política, recortarla, renovarla y reciclarla; redefinir el sistema de partidos, excluyendo a los que no alcancen una determinada proporción de votos, etcétera. En el discurso no se toca hasta ahora, en ninguna de las corrientes, el asunto de la igualdad de derechos, para que pueda instituirse un modo de vida político fincado en una ciudadanía plena. Ello supondría proponer que se instaure una democracia participativa para que los ciudadanos deliberen y decidan en libertad quiénes son sus representantes.

La idea es que puedan elegir a los que efectivamente los convenzan de estar comprometidos con darle un rumbo al país que ponga el acento en la justicia distributiva, en elevar el bienestar y la calidad de vida de 99 por ciento de la población.

El problema visto así es más complejo y profundo, porque su solución se asienta en crear una nueva cultura política que sustituya al autoritarismo, al clientelismo, la corrupción y la impunidad, por principios y valores democráticos, comenzando por la igualdad política para ser electo, la revocabilidad del mandato y la gobernabilidad con apoyo ciudadano.

Crear una cultura política democrática en México es una tarea pendiente a la hora de formular un nuevo proyecto nacional. La transformación productiva, el cambio social y la transición a un modo de vida democrático se sustentan en valores que generan actitudes en la población proclives al cambio.

Se trata de un proceso continuo y de largo plazo para romper los límites que impiden el ejercicio de la ciudadanía. Eso supone ampliar la educación universitaria a quienes están en condiciones de recibirla y a las futuras generaciones.

La existencia en nuestro país de una universidad pública y autónoma puede ir de la mano con la existencia de una ciudadanía plena. En la definición de T H Marshall, la ciudadanía es el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y deberes que tal estatus conlleva.

La ciudadanía está compuesta del derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás miembros de la sociedad. También integra el derecho a participar en el ejercicio del poder político como integrante de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Nadie puede quedar excluido de participar en la vida pública.

El tercer componente de la ciudadanía está ligado a los derechos sociales. Abarca el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico. A vivir como un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. La educación es requisito para gozar de las libertades civiles, para demandar y participar en política, para obtener una mejor situación económica.

La educación universitaria de carácter público y autónomo en México se funda en la transmisión y fortalecimiento de valores mediante la convivencia en comunidad, por medio de lo que llaman el currículum oculto. En las universidades públicas mexicanas se espera que en la vida comunitaria, que es la academia, se forme a las nuevas generaciones con determinados principios y valores, propios de este tipo de instituciones.

En la universidad se cultiva el libre ejercicio de las ideas, la libertad de expresión, la tolerancia a lo diferente en búsqueda de la verdad, la deliberación racional, el debate organizado mediante el diálogo, el gusto por el trabajo, la cooperación en los colectivos, el respeto por los otros, la identidad y la solidaridad.

De ahí que adquirir educación en nuestras universidades públicas sirva para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, al logro de los derechos sociales; de ahí que la universidad pública en México juegue un papel de primer orden en el desarrollo político de la sociedad.

La universidad, por lo demás, mediante su acción institucional, produce valores y símbolos que transmite a la sociedad, valores que también están ligados a la ciudadanía.

Al Estado le toca garantizar que la educación, en todos sus niveles, esté dirigida a satisfacer los requisitos y naturaleza de la ciudadanía. A la universidad pública le toca contribuir al desarrollo político de la sociedad, en los términos aquí expresados.

La reforma del Estado y la instauración de un sistema político democrático deben estar vinculadas a la reforma del sistema educativo, al apoyo, renovación y expansión de la universidad pública, como parte de un proyecto nacional con miras a construir la historia futura mediante una nueva cultura política. Ojalá que este tipo de planteamientos formaran parte del próximo debate electoral.

Con toda modestia, desde la academia queremos contribuir a enriquecer el debate político, a ver sí se puede construir un proyecto de largo alcance para el Estado mexicano. Cunde la mediocridad de planteamientos políticos y más de lo mismo sería simplemente trágico.