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Los estudiantes ilegales dividen a candidatos republicanos en EU
Marion Lloyd
Campus Milenio Núm 436 [2011-10-20]
 

En realidad, las diferencias ideológicas entre los políticos conservadores Mitt Romney y Rick Perry no son tan grandes como ellos quieren ostentar. Ambos son conservadores: el primero es un ex misionero mormón y el segundo cuestiona la validez de la teoría de la evolución, alegando “grandes hoyos” conceptuales en el pensamiento de Darwin, sostiene la autora de este ensayo.

Hace una década, Texas se convirtió en el primer estado estadunidense en autorizar que los migrantes indocumentados ingresaran a las universidades estatales pagando cuotas preferenciales de residentes. En su momento, la Ley Estatal HB1403 desató poca controversia en un estado que cuenta con más de un millón de inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos. Desde entonces, por lo menos 12 estados han seguido el ejemplo de Texas, aunque Oklahoma después revocó su propia ley.

Hoy, el clima político y económico es otro, y el debate sobre si los indocumentados deberían beneficiarse de cuotas preferenciales se ha colocado al centro de la precampaña presidencial en Estados Unidos. Enfrenta a los dos candidatos más fuertes del Partido Republicano, el gobernador texano Rick Perry, y el ex gobernador de Massachussetts Mitt Romney. Quizá porque no son muchas las diferencias ideológicas que separan a los dos candidatos, Romney se ha aferrado al tema migratorio para atacar a su rival, acusándolo de haber alimentado la inmigración ilegal en su estado al firmar la Ley HB1403 en 2001.

En un debate entre los precandidatos republicanos en Miami el mes pasado, Perry defendió la ley, argumentando que los egresados universitarios suelen aportar más al erario del estado, en la forma de impuestos, que los que sólo cuentan con estudios preparatorios. Además, tachó a Romney de poco compasivo, reprochándole: “si dices que no deberíamos educar a los niños que han venido a nuestro estado sin ninguna culpa, más allá de que fueron traídos aquí, no creo que usted tenga corazón”.

Romney contraatacó y dijo que en momentos de crisis económica, el gobierno no puede ni debe otorgar más beneficios económicos a inmigrantes ilegales. Alegó que la diferencia entre el costo de una carrera universitaria para un residente de Texas y para un no-residente (es decir, un estudiante que viene de otro estado o país) asciende a los 100 mil dólares. Además, invocó una ley federal de 1996, la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act, que prohíbe un trato preferencial a los no ciudadanos.

En realidad, las diferencias ideológicas entre Romney y Perry no son tan grandes como ellos quieren ostentar. Ambos son conservadores: el primero es un ex misionero mormón y el segundo cuestiona la validez de la teoría de la evolución, alegando “grandes hoyos” conceptuales en el pensamiento de Darwin.

Pero el debate republicano refleja la división más amplia dentro del país en torno de los derechos educativos de los migrantes ilegales. Mientras que 12 estados han legislado en favor del derecho de los indocumentados a gozar de cuotas preferenciales, un número casi igual ha pasado leyes para dificultar el acceso a la universidad de este grupo, según una revisión de las legislaciones estatales hecha por The Chronicle of Higher Education.

Según el periódico, los siguientes estados permiten cuotas preferenciales a migrantes indocumentados: California, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Texas, Utah, Washington y Wisconsin. (Hay que agregar Rhode Island, el cual se sumó a la lista el 27 de septiembre.) Además, hay tres estados que ofrecen becas y préstamos a estudiantes sin residencia legal: Illinois, Nuevo México y Texas.

Al otro extremo, cinco estados prohíben explícitamente a las universidades otorgar cuotas preferenciales: Arizona, Colorado, Georgia, Indiana, y Carolina del Sur. Y tres estados niegan acceso a los indocumentados a universidades estatales: Alabama, Georgia y Carolina del Sur.

Sin embargo, lo que no ha salido del frenesí de legislación reciente es cuál ha sido el impacto real de la Ley HB1403 y otras que han surgido a su imagen. ¿Se ha incrementado notablemente el número de estudiantes indocumentados que ingresan a las universidades estatales gracias a los descuentos en las cuotas de colegiatura? ¿Cuánto ha costado al erario estatal otorgar tales descuentos?

Son pocos los estudios que buscan responder a esas preguntas, pero casi todos coinciden en que las leyes que permiten acceso a cuotas preferenciales han tenido un impacto positivo en la matrícula universitaria de los indocumentados. Sin embargo, el impacto varía entre estados y entre universidades. Por ejemplo, un estudio reciente sobre el impacto de la Ley HB1403 de Texas sobre seis universidades en el estado, encontró que la ley incrementó la probabilidad de que los residentes indocumentados se matricularían en las universidades del estado. Sin embargo, el impacto fue mucho mayor en las universidades menos competitivas y en las que tradicionalmente contaban con una fuerte base hispana.

El estudio, realizado por las investigadoras Lisa M. Dickson y Matea Pender, también encontró que la ley tuvo un impacto negativo sobre la matrícula de la Southern Methodist University, una institución privada, pues algunos estudiantes optaron por pagar cuotas menores en las universidades estatales.

Una revisión de los estudios existentes, realizado este año por el Latino Policy Institute, de Rhode Island, reporta resultados más dramáticos. Encontró que las leyes estatales han ocasionado un incremento de 31 por ciento en el número de indocumentados inscritos en institutos públicos de educación superior. También, encontró evidencia para refutar el argumento de que esos estudiantes fueron una carga para el erario estatal. Al contrario, estimó que en el caso de Rhode Island, la matrícula de indocumentados va a generar 162 mil dólares en ganancias adicionales al año por parte de las instituciones de educación superior estatales.

Sin embargo, aún los defensores de los migrantes ilegales apuntan una contradicción en las leyes en favor del acceso universitario: no vienen acompañadas de un cambio en el estatus migratorio de los estudiantes. Es decir, cuando ellos terminen sus estudios, no tendrán permiso para trabajar.

Una propuesta de ley respaldada por el presidente Barack Obama busca remediar esa situación. El llamado Dream Act federal (acrónimo para el Development, Relief and Education for Alien Minors) otorgaría residencia legal a estudiantes que fueron traídos al país antes de cumplir 16 años, que han estudiado varios años en preparatorias en EU y completado dos años de universidad. Sin embargo, la propuesta, que fue introducida por primera vez en 2001 y reintroducida en mayo de este año, ha encontrado fuerte oposición por parte de los republicanos. Entre los opositores más vociferantes está precisamente Rick Perry.


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