El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máximo órgano de política y conducción sectorial, ha incumplido sus funciones y responsabilidades prácticamente desde que se creó en el 2002.

El Consejo fue una instancia prevista por una de las últimas reformas importantes de la normatividad científica. En ese entonces se pensaba que si se instituía un órgano de alto nivel, en el que intervinieran el ejecutivo federal y secretarios de Estado, se definiría con claridad el rumbo sectorial y se aseguraría el flujo de los recursos financieros. Ni una cosa ni la otra.

Según el reciente y voluminoso Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, realizado por la Auditoría Superior de la Federación: las obligaciones del titular del CONACYT, como secretario ejecutivo del Consejo General, se vieron afectadas por la falta de acuerdo entre los integrantes para sesionar y para reunirse conforme lo establece la ley.

No es ninguna novedad constatar la escasa funcionalidad y nula articulación del órgano de política y conducción del sistema científico y tecnológico. En esta columna, en diferentes oportunidades, hemos llamado la atención sobre la irregularidad en su operación y las contadas sesiones que ha efectuado.

La ley señala que el Consejo General se integra por 21 personas con derecho a voz y voto. Lo encabeza el Presidente de la República y funge como secretario ejecutivo el director de CONACYT. Pero también son miembros permanentes: 10 secretarios de Estado (los que tienen que ver mayormente con la ciencia y la tecnología); el Coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; tres representantes del sector productivo; un reresentante de los Centros Públicos de Investigación; el secretario de ANUIES; y dos representantes de la comunidad científica o tecnológica. Y, todavía más, el ejecutivo federal puede invitar a personalidades a algunas sesiones.

Además, como principales facultades, la ley le reserva la responsabilidad de establecer las correspondientes políticas nacionales en el programa sectorial, así como la aprobación y actualización de este último. En materia de recursos financieros tiene la capacidad de definir prioridades y criterios de asignación presupuestal; también debe sancionar el proyecto de presupuesto sectorial que será incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo mismo que rendir un informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

No sonaba mal. Los verdaderos decisores y los auténticos representantes del mundo científico y tecnológico sentados a la mesa para definir e informar sobre el rumbo de la política científica y tecnológica, y con la palanca de los recursos financieros para timonearla. Pero lo que parecía una buena idea en el papel, en el laberinto cotidiano de la administración fue todo lo contrario.

A pesar de que la misma ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tal precepto no se ha cumplido. En la administración de Vicente Fox, periodo en el que se creó el organismo, solamente sesionó un par de veces en cuatro años. En lo que va de la actual gestión, solamente se reunió en el 2008.

Por tal motivo, no extraña que en el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación se anote que en el 2010 no se presentó ante el Consejo General el anteproyecto de presupuesto, tampoco el informe general del estado que guarda la ciencia y la tecnología, y menos el informe anual de evaluación del programa especial (Grupo Funcional de Desarrollo Económico. p.4). Tal parece que la idea de reunir a un grupo de alto nivel simplemente ha sido infructuosa.

De hecho, como tal vez se recuerde y como también se anota en la auditoria, la última vez que se reunió el Consejo General fue en septiembre de 2008. En ese entonces el imperativo era la aprobación del programa sectorial para darlo a conocer públicamente. Por supuesto, otras responsabilidades del organismo simplemente han sido ignoradas.

Lo ocurrido con el Consejo debiera llamar la atención para pensar con más detenimiento el sentido de las reformas a la ley que frecuentemente se practican y, desde luego, también la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología.