La UNAM acaba de instalar su Consejo de Evaluación Educativa (CEE). Un órgano amplio que tendrá entre sus responsabilidades: incrementar la utilización de los resultados derivados de la evaluación para mejorar las acciones educativas en la institución.

El asunto de la evaluación, como es obvio, continúa generando preocupación, reacciones y polémica en distintos niveles y muy diferentes ámbitos de responsabilidad. Nada menos, la semana anterior, en este espacio (Campus Milenio No. 473) se daba cuenta de los avatares del proyecto en marcha de la OCDE para diseñar una evaluación de los aprendizajes en la educación superior (AHELO); un equivalente de la prueba PISA que permita comparar internacionalmente el desempeño de los egresados de la educación terciaria.

A nivel nacional, desde fines de los años ochenta, estamos experimentando con la política de evaluación. En poco más de dos décadas de operación, ha quedado arraigado el principio de valoración del desempeño y de rendición de cuentas en las instituciones escolares. La asociación entre evaluación y acceso a recursos financieros traspuso el marco y los ductos del sistema educativo; aunque con reticencias y dificultades quedó instaurada.

Sin embargo, tal parece que la evaluación como instrumento para mejorar la educación se extravió en la vorágine y el furor de su descubrimiento. Lo importante no fue identificar, a través de la evaluación, qué cosas hacía bien el profesorado y en cuales fallaba, para tratar de ponerle remedio a lo que estaba mal. No, lo relevante fue que se evaluara para que recibiera incentivos dependiendo de su rendimiento. La evaluación como fin en sí mismo, no como un medio.

Los resultados de las pruebas a gran escala para precisar los niveles de aprendizaje de los estudiantes también se conviertieron en un fin en sí mismos. La actual administración federal se planteó como meta, erróneamente, mejorar en 43 puntos el puntaje de los estudiantes en la prueba PISA; un escenario similar se planteó para la prueba Enlace. De hecho, alcanzar cierto puntaje en esta última, por los medios que sean, se convirtió en el principal objetivo de directores y profesores de los planteles, al asociarse los resultados con la entrega de recursos adicionales. La finalidad no es qué hacer para mejorar, la apuesta es capturar la prueba.

Más o menos lo mismo ocurre con la evaluación institucional. Lo esencial no radica en cómo aprovechar la información y los datos, el acento se coloca en cómo ajustar indicadores y cuadrar cifras. La idea es alcanzar un mayor monto de recursos y controlar internamente su distribución. Lo de menos es qué hacer institucionalmente con el cúmulo de resultados.

Entonces, a la fecha hemos construido un amplio, variable y complejo sistema de evaluación que más bien es autoreferencial. Aunque, en realidad, no funciona propiamente como un sistema. Incluso, la iniciativa explícita de crear un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, impulsada por la actual administración gubernamental en el 2007, se quedó solamente en buenas intenciones.

Las modalidades, tipos, niveles y escalas de evaluación que están en movimiento hacen difícil pensar en un sistema de evaluación homogéneo y armónico. Sin embargo, bien se podría comenzar por discutir cuál debiera ser su principal finalidad y acordar sus orientaciones. Una discusión que necesariamente deberá transitar por las instituciones educativas y los organismos intermedios, de los cuales podrían venir las mejores sugerencias de cambio.

Actualmente, a diferencia de lo que ocurría dos décadas atrás, casi todas las instituciones de educación superior cuentan, en su estructura administrativa, con una sección o departamento encargado del asunto de la evaluación. La misión que tienen y su desempeño es muy variable, pero podrían ejercer una función más decisiva.

Por lo anterior, resulta relevante el acuerdo de creación y la instalación del CEE de la UNAM. Un órgano que estará presidido por el rector y casi un centenar de representantes de instancias y planteles de sus tres niveles educativos (Gaceta UNAM 13/08/12). Normativamente tendrá capacidad para proponer políticas institucionales de evaluación en prácticamente todos los ámbitos: aprendizaje; docencia; modalidades educativas; formación docente; y planes y programas; entre otros.

Uno de los retos iniciales será qué hacer con las actuales y diversas prácticas de evaluación: establecerá una línea de continuidad o dará un golpe de timón. Deberá resolverse si el CEE, con ese volumen, se concentrará en un refinamiento de esquemas de evaluación o discutirá finalidades, orientación y contraste con el espectro nacional.