Hace unos diez años escribí un capítulo del libro Universidad: política y cambio institucional (SES 2002) titulado “Orientaciones y respuestas políticas de los académicos universitarios”. Estaba muy preocupado por entender las formas de reacción política que tuvieron los académicos y su escasa participación en el conflicto del “99” en la UNAM y, desde luego, por los pasos que se habían dado durante el mismo, de parte de las autoridades.
En ese texto propuse una clasificación, provisional y para avanzar en el estudio del tema, en la que dividí las orientaciones políticas del grupo en tres, a partir de la experiencia en la UNAM. Distinguí entre las orientaciones contestataria, conservadora y apática. Advertí que estas orientaciones no se presentan en forma pura, que se pueden mezclar en un mismo grupo frente a determinados problemas, en un dado momento, y que pueden no abarcar a toda la comunidad. Terminé el texto con una propuesta de los factores que influyen en las actitudes y comportamientos de los académicos en sus instituciones.
En los últimos tiempos, digamos tres lustros, la política de evaluación ha producido cambios objetivos y subjetivos notorios entre los académicos. Los analistas del campo hemos coincidido en varias cosas: el pago por desempeño exacerbó el individualismo, la monetarización de la academia, por la vía de la obtención de puntos, e introdujo una cultura institucional, particularmente en las generaciones nuevas, de competencia, contraria a la colaboración y la cooperación.
En fin, se ha generado un clima laboral en el cual las incertidumbres, las tensiones y las prácticas académicas impiden un buen desarrollo de la docencia y la investigación. Al tiempo, se ha creado un segmento de evaluadores, que sirve como mediador a la becarización, y un sentimiento de ansiedad por cumplir “just in time”. En este contexto, mi hipótesis es que las orientaciones políticas de los académicos se han cargado hacia la apatía, toda vez que se volvieron trabajadores necesitados y vulnerables, desorganizados e incapaces de protestar hasta por lo que les hace daño o los amenaza de esencia.
No hay evidencias empíricas sistemáticas que nieguen esta hipótesis. Podría decirse, sí, que desde hace muchos años se percibe que la comunidad académica es un segmento social desarticulado (e.g. Varela Petito, 1988). Ahí por los años ochenta del siglo pasado, la diferenciación y complejidad institucional significó, entre otras muchas cosas, que se fuera dando un cambio en la correlación de fuerzas políticas en las universidades públicas.
La instauración de nuevos modelos de gestión centrados en lógicas de mercado y la evaluación de todo lo que se hace en la academia, desplazó el papel y el poder de los sindicatos y puso de lado a los académicos en la toma institucional de decisiones. Es posible, además, que la atención a los conflictos estudiantiles de parte del rectorado, como en la UNAM en 86-87 y 1999, hayan contribuido a minimizar la presencia de los académicos en la política universitaria.
Por ahora, no podemos avanzar el conocimiento. Sabemos algo a partir de la encuesta sobre el cambio de la profesión académica, aplicada en el 2007 en México y otros 17 países (Véase, Cummings, Locke y Fisher, 2010). Los académicos mexicanos, comparados con los de los demás países, son quienes perciben, con más fuerza, que el gobierno y los patrocinadores externos (grupos de interés) tienen más peso que ellos en los asuntos universitarios.
Los resultados de la encuesta de Galaz y asociados (2012), del mismo proyecto, para el caso mexicano, apuntan varias cuestiones de interés para tener en cuenta en el perfil político de los académicos. Por ejemplo, más de la mitad de los académicos en el país sienten que en su institución hay un estilo vertical de administración. Más del 60% respondió que hay una mala comunicación entre administración y académicos. Los académicos sienten tener menos influencia en la formulación de políticas para su sector a medida que se pasa del ámbito donde se trabaja al nivel de toda la institución. Además, 6 de cada 10 mencionaron que en los altos puestos directivos no se ejerce un liderazgo competente y 4 de cada 5 indicó que los programas de estímulos no les permitieron alcanzar un mayor índice de participación en las tareas del gobierno institucional.
Los académicos han resentido los efectos de un régimen laboral que controla su desempeño mediante indicadores de eficiencia, contrario a la acción colectiva en el trabajo académico, pero que ha permitido a un sector tener ingresos para costear su nivel de vida. Tengo la impresión de que las cifras gruesas hablan de un sentimiento de marginación de las grandes decisiones institucionales que afectan sus vidas. Se ha perdido el interés común y hay desinterés hasta para responder a los desafíos que plantean condiciones políticamente adversas. ¿Cómo se representan los académicos a sí mismos? ¿Cómo se identifican? ¿Cuáles son sus imaginarios? ¿Cuáles son las opiniones que tienen de sus fuentes de trabajo y de sus prácticas, qué diferencias existen y a qué se deben? ¿Qué imagen tienen de ellos los estudiantes?
Necesitamos armar proyectos de largo alcance para responder a preguntas como las anteriores. Para entender cómo hemos estado funcionando institucionalmente y para sugerir opciones y modos de operación que liguen de mejor manera vida académica, legitimidad, representación y representatividad en el gobierno de las instituciones, tal que nuestras universidades vayan cambiando sin sobresaltos, conforme a los tiempos, y adquieran fuerza científica e intelectual.
