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El INEE, ¿más o menos autonomía?
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 508 [2013-05-02]
 

Tiene su punto paradójico que, bajo el postulado político y programático de “recuperar la rectoría del Estado en educación”, la primera acción del poder público en la materia consista precisamente en transferir las atribuciones de evaluación a un organismo autónomo de la autoridad educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El INEE se creó, por decreto presidencial, el 8 de agosto de 2002. Fue establecido como un “organismo público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio” (Decreto 2002, art. 1), y con la tarea de “definir e instrumentar, de manera conjunta con la SEP, una política nacional de evaluación, que contribuya a la elevación de la calidad de la educación” (Decreto 2002, art. 5).

En su primera fase de operación, que se extiende desde la creación del organismo hasta su reforma en mayo de 2012, el INEE tuvo la capacidad de determinar las evaluaciones que aplicaría, entre las que sobresalen los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), destinados a medir el cumplimiento del currículum en distintos grados de la educación preescolar, primaria y secundaria.

Se ocupó además de la definición y difusión de indicadores sobre el estado del sistema de educación básica en México, y de organizar la participación de México en varias pruebas internacionales, principalmente el examen PISA de la OCDE, así como los exámenes practicados coordinados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO.

Por último, cumplió tareas de evaluación de centros escolares mediante un conjunto de proyectos destinados a recoger información acerca de las condiciones de infraestructura y recursos de muestras de escuelas. Aparte de las tareas mencionadas, el INEE desarrolló líneas de análisis y reflexión sobre las condiciones de inequidad en la distribución de los servicios educativos, las repercusiones del contexto socioeconómico en el logro de los aprendizajes, el cumplimiento del derecho a la educación y las condiciones de desigualdad en que se desenvuelve el trabajo magisterial en el país.

El trabajo de evaluación del Instituto se apoyó en las observaciones y recomendaciones de un órgano colegiado integrado por especialistas nacionales y extranjeros, el Consejo Técnico, del que formaron parte varios de los recientemente designados integrantes de la Junta de Gobierno del nuevo INEE.

Pese a su amplia capacidad decisoria, el INEE original dependía administrativamente de la SEP. Los recursos para el cumplimiento de sus funciones dependían de esa instancia, y por ello las opciones para el desarrollo del Instituto dependían de las circunstancias políticas que encuadraran la relación entre el organismo y la SEP. Cuando las relaciones fueron sólidas, concretamente en el periodo del secretario Reyes Tamez Guerra, el INEE pudo hacer su trabajo sin mayores interferencias o limitaciones presupuestales importantes. En el lapso correspondiente a la gestión de Josefina Vázquez Mota, en que se tejió la alianza SEP-SNTE, el deterioro de esa relación llevó a la renuncia del primer titular del INEE, Felipe Martínez Rizo.

A la renuncia de Martínez Rizo, en noviembre de 2008, el INEE se vio ante la disyuntiva de pugnar por mayor autonomía o por un mayor acercamiento al binomio SEP-SNTE. Lo cierto es que se exploraron los dos caminos. El 31 de mayo de 2011 se dio a conocer el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, suscrito entre la SEP y el sindicato. Ese documento incluye una cláusula que compromete al INEE a “participar en el diseño de las evaluaciones contempladas en este acuerdo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y la disponibilidad presupuestaria correspondiente” (Cláusula séptima del acuerdo).

La decisión de colaborar con la SEP en una evaluación de las denominadas “con consecuencias”, como era el caso de la evaluación universal de maestros y directivos, entraba en tensión con una de las definiciones que el propio INEE había dado a la naturaleza de sus actividades, la de “cuidar que los resultados de las evaluaciones que se realicen no sean utilizados por sí solos para tomar decisiones sobre individuos, y menos de carácter punitivo, entendiendo que su propósito es el de retroalimentar al sistema educativo nacional y a los sistemas educativos estatales en cuanto tales, para que mejoren su operación y resultados…” (Estatuto Orgánico del INEE, art. 5, fracc. V).

La ruta de la autonomía técnica, plasmada en la reforma de mayo de 2012, se facilitó por la presión ejercida por el SNTE sobre el Ejecutivo Federal, en el sentido de extraer de la autoridad central facultades de evaluación sobre los maestros y entregarlas a una instancia autónoma. De este modo, en el decreto presidencial correspondiente se modificó la figura jurídica del Instituto para quedar como un “organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.”

La única razón plausible para impulsar un INEE con autoridad en materia de evaluación, como lo está haciendo la administración de Enrique Peña Nieto, radica en la intención de disolver la articulación SEP-SNTE en este campo. La paradoja señalada al principio de este artículo se disuelve en la medida en que la autoridad central fije las condiciones y características del trabajo de evaluación encargado al organismo, lo que conduce, nueva paradoja, a un Instituto autónomo con menos autonomía que la que tenía previamente. Ya veremos en la ley reglamentaria qué es lo que realmente ocurre.


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