El pasado 20 de mayo, cuando el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, causó relativa sorpresa la relevancia concedida a la prueba Enlace (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), como principal instrumento de evaluación, así como la meta autoimpuesta en materia de cobertura en educación media superior y superior.

La sorpresa por la continuidad de Enlace se debía, sobre todo, a las fuertes críticas que tal prueba recibió desde que se puso en marcha en el 2006 y donde lo más sensato parecía revisarla cuidadosamente. Pero no, en la parte de diagnóstico del PND, se destacó su avance de la última década.

El PND anotó como principal logro el esfuerzo realizado para “conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media superior, a través de la aplicación periódica de pruebas nacionales de logro académico (por ejemplo Enlace) en las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales” (p. 62).

Lo inquietante era que la actual administración inició con la idea de elevar a rango constitucional la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y conferirle el estatus de máxima autoridad en materia de evaluación. En tal sentido, se suponía que estaría a revisión todo el sistema de evaluación.

Entonces, conciliar, por un lado, una idea de autonomía plena a un ente regulador de la evaluación, y por otro, una prueba nacional específica como mecanismo a utilizarse, parecía más bien producto de una disonancia cognitiva a nivel de sistema o, una vez más, una franca simulación del papel de la evaluación.

Por otra parte, las metas sobre cobertura para la educación media superior (80 por ciento) y superior (40 por ciento) que se anunciaron en el PND para el fin de sexenio causaron más bien decepción. Los porcentajes eran inferiores a las que había prometido el ahora ejecutivo federal en su periodo de campaña. Además, como lo ha documentado Roberto Rodríguez en estas páginas, parecen relativamente inexplicables las razones de la disminución.

En el PND, según la Ley de Planeación y como lo hemos advertido aquí en otras ocasiones, deben precisarse los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, así como la previsión de recursos para tales fines, los instrumentos y los responsables de la ejecución. La misma norma establece que una vez aprobados, el PND y los programas sectoriales, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias (artículo 32). Esto, simplemente, quiere decir que en la ejecución de los objetivos y estrategias, las dependencias no pueden ni deben desviarse de las coordenadas trazadas en el PND.

Todavía más, en la presentación del PND, tanto el ejecutivo federal como el secretario de Hacienda, destacaron una de las diferencias del actual Plan respecto de los anteriores: por primera vez contiene indicadores específicos para medir los avances de la administración pública. Una innovación la llamaron. Y sí, aunque las dos administraciones anteriores utilizaron indicadores por primera vez, lo hicieron en el programa sectorial.

El PND contiene dos indicadores para medir el progreso de la calidad de la educación: el puntaje de la prueba Enlace y la eficiencia terminal. El primero, en su momento dijimos que era persistir en el error (Campus No. 511), porque era una evaluación realizada directamente a los estudiantes en las aulas; el segundo porque valora el número de estudiantes que concluye sus estudios de forma oportuna. Ahora resulta que se cambiará el puntaje de Enlace, dado que el secretario de Educación Pública anunció el pasado 18 de julio que la prueba ya no se aplicará a partir del próximo ciclo escolar. Lo sorprendente es que el anunció no lo hizo el INEE, no solamente autónomo en materia de evaluación educativa, también un organismo que el pasado 13 de junio instaló un comité de especialistas para revisar Enlace y Excale, para “dar cuenta de la calidad técnica de ambas pruebas, en especial de su validez y confiabilidad” (Boletín No. 6). Pero no, hasta el momento no hubo resultados de la revisión. Primero llegó el anuncio del secretario del ramo.

La ley faculta la revisión periódica y posibles adecuaciones al PND y los programas sectoriales. Si desde ahora comienzan las rectificaciones con uno de los indicadores educativos, también se podría aprovechar para reconsiderar otros temas. ¿No?