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Río revuelto: la reforma educativa
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 526 [2013-09-12]
 

En agosto de 2002, se dio a conocer el “Compromiso Social por la Calidad de la Educación (CSCE)”, documento suscrito por una amplia representación política y social, incluyendo a los poderes de la Unión, las asociaciones universitarias públicas y privadas, el empresariado, múltiples organizaciones civiles y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los compromisos asumidos por la dirigencia magisterial, encabezada entonces por Elba Esther Gordillo, son un antecedente importante para interpretar la actual postura sindical ante la reforma educativa. En dicho documento se lee, por ejemplo, que el SNTE, “convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asume el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad, de las formas de organización y gestión escolar.”

En el CSCE el SNTE “se compromete a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio; a fomentar la innovación desde la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles pedagógicos de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes y los directivos se lleven a cabo a través de concursos de oposición.” Asimismo, el sindicato propone “generar un siguiente nivel de competencias en la Carrera Magisterial, que le permita al maestro transformar su papel como parte central del nuevo modelo educativo que requiere el país, flexibilizándolo, haciéndolo más competitivo y mucho más acorde con lo que necesita cada nivel, cada región y cada localidad.”

Las tres ideas centrales de la postura sindical al inicio del gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) eran la transformación estructural del sistema educativo, la reorientación de la carrera magisterial, y el impulso a la evaluación. Éstas serían desarrolladas, en los siguientes años a través de distintos medios y fórmulas de negociación con las autoridades educativas en turno.

Al respecto destacan las conclusiones del IV Congreso Nacional de Educación (2007), en donde se reitera la necesidad de diseñar un programa amplio para la formación y actualización del magisterio, implantar un mecanismo de evaluación autónomo de la SEP, e impulsar nuevas fórmulas para la distribución del gasto fiscal en materia educativa. Un año más tarde el SNTE dio a conocer su “Propuesta de Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria”. Las iniciativas sindicales formuladas encontraron lugar, primero, en el Programa Nacional de Educación 2007-2012 y más adelante en la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), suscrita por el Ejecutivo Federal y el SNTE en mayo de 2008.

La ACE incluyó, entre otros aspectos, compromisos para renovar las fórmulas tradicionales de promoción magisterial así como los procesos de evaluación del sistema y sus componentes. Sobre las primeras la ACE consigna que el “ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas (será) por la vía de concurso nacional público de oposición convocado y dictaminado de manera independiente.” Además, se propone la reforma a “los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación), cursos de actualización (certificados de manera independiente) y desempeño profesional”, así como establecer una Programa de Estímulos a la Calidad Docente basado en los resultados de la prueba ENLACE.

En seguimiento de estos acuerdos, la SEP publicó, en agosto de 2008, dos convocatorias: la de nuevo ingreso al Sistema Educativo Nacional y la de docentes en servicio. Esta fórmula se repetirá en todos los ciclos escolares hasta finalizar el sexenio del presidente Calderón Hinojosa. Aún para el ciclo 2013-2014 se emitió la Convocatoria Nacional para Plazas Docentes y las correspondientes convocatorias estatales.

En la primera convocatoria, la de 2008-2009, se improvisó una comisión ad-hoc para la evaluación de resultados pero, a partir del ciclo 2009-2010, tal como estaba previsto en la ACE, se estableció una instancia evaluadora especial, el “Órgano de Evaluación Independiente con Carácter Federalista (OEIF)”, integrado por setenta especialistas, de los cuales una veintena designados directamente por el SNTE. Dicha instancia fue instalada formalmente en julio de 2009 por el entonces titular de la SEP, Alonso Lujambio.

Además de la OEIF participan en el proceso otros organismos: la Comisión SEP-SNTE del OIEF instancia bilateral para la toma de decisiones en la asignación de las plazas por concurso, y los Comités Estatales de Seguimiento del Concurso, en los que también participa la representación sindical. Esta última instancia se encarga de regular, en el plano local, el proceso de asignación de plazas por esa vía. En 2011 se incluyó en la Ley General de Educación una reforma (Art. 13-VIII) facultando a las autoridades educativas de los estados como instancias corresponsables del proceso evaluativo.

El anterior recuento apunta a señalar el protagonismo sindical en los procesos de evaluación docente implantados en los últimos años, La cuestión: ¿la actual reforma educativa hace desaparecer el tejido construido? Veámoslo la próxima semana.


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