Recientemente asistí a una reunión organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) cuyo objetivo fue realizar una consulta con académicos en torno a la elaboración del Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD 2014-2018). Como bien es sabido, el mecanismo de la consulta se ha convertido en México en el sustento democrático de los planes y programas gubernamentales porque se supone que a través de la participación de los sectores sociales en foros se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas.

Asistí a la reunión y participé porque estoy convencida de que en el terreno de las políticas públicas de juventud están pendientes muchas cosas y como estoy preocupada por que sucedan quise situar mi voz y mi actuar en este foro. Además, albergo la esperanza de que con la reactivación del área de investigación e información en el Instituto y la reincorporación de personas con honesto interés por los jóvenes y con probado respeto por el conocimiento se reanude la comunicación entre el Imjuve y el sector académico.

En una de las intervenciones que hice en la reunión llamé la atención acerca de la importancia que tiene para las políticas públicas en materia de juventud el hecho de que el Imjuve ahora esté sectorizado como parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuando desde su creación, en 1999, había formado parte del sector educación. En México, la inclusión de la política de juventud al sector educativo es de larga data ya que cuando a mediados del siglo XX en el país surgieron las primeras iniciativas para conformar una política de atención a los jóvenes fue la Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada.

La adscripción de las políticas públicas de juventud, por tantos años, al sector de la educación es efecto y a la vez causa de que en México persista un modelo de joven que no atiende la diversidad consustancial a la condición juvenil. Se piensa que lo normal y lo debido consiste en que los y las jóvenes sean estudiantes, visualizando este periodo como etapa de transición. Coherentemente con esta visión de la juventud, las políticas en esta materia han tendido a ser lineales y su objetivo central ha sido escolarizar a los y las jóvenes para socializarlos y prepararlos para la vida adulta.

El paso del Imjuve a la SEDESOL representa una oportunidad para dejar atrás la relación lineal y meramente socializadora construida por el Estado mexicano respecto a la juventud. En esta materia, como se ha dicho tantas veces, es urgente abrir el paso a una política transversal que reconozca y fortalezca las capacidades de los y las jóvenes para definir un proyecto personal que facilite su emancipación y potencie su participación en la construcción de un proyecto de país que incluya sus propias prioridades.

Pero, la administración pública en México se encuentra organizada en torno a estructuras muy formalizadas, verticales y definidas en base a la especialización sectorial y existe una debilidad ancestral de los estados y municipios frente a la federación. Sin duda, las prácticas institucionalizadas del propio Estado han sido uno de los elementos clave en la inoperancia de las políticas públicas de juventud y, por lo tanto, el propio Estado debe transformarse, si es que en realidad tiene la intención de brindar más y mejores oportunidades de vida a los y las jóvenes y mejorar su relación con ellos y ellas.

Las políticas públicas elaboradas e implantadas por la SEDESOL han tendido a focalizar determinados colectivos y problemáticas y han demandado superar la segmentación sectorial de las estructuras administrativas y de gobierno para poder coordinar las actuaciones públicas referentes a un mismo ámbito sustantivo. En este sentido, es que me parece que sectorizar el Imjuve en esta Secretaría brinda la oportunidad de avanzar en la transversalidad. Pero, para nadie es un secreto que la SEDESOL ha tendido a aplicar la lógica de trabajo por “grupos poblacionales” en función de la des-movilización y control para neutralizar el conflicto social, manipular y ganar adhesión ciudadana que se traduzca en votos.

Como ocurre siempre en el terreno de la política, los cambios traen oportunidades y a la vez riesgos y desafíos. La historia del país se encuentra en un punto crucial en que es urgente tomar la oportunidad de que la nueva ubicación sectorial del Imjuve se traduzca en el cabal cumplimiento del compromiso que tiene el Estado mexicano con los jóvenes, en cuanto a asegurarles la posibilidad de que asuman una ciudadanía plena. Tomar esta oportunidad exige que la forma tradicional de hacer política a través de la SEDESOL sufra un cambio sustancial.

No pude expresar esta propuesta en el foro de consulta y por eso la escribo aquí: propongo que el PROJUVENTUD 2014-2018 asuma, de manera explícita, el compromiso de no adscribirse a la técnica de gobierno que trata a la “población vulnerable” a través de políticas públicas asistencialistas y que derrama excesos de autoridad, manipulación política y centralización del poder.