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El aniversario del foro
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 544, pp.4 [2014-01-23]
 

La coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Gabriela Dutrénit, en un amplio y concurrido encuentro, encabezó la presentación del informe de actividades del año pasado, algunas líneas de acción para éste y un libro conmemorativo.

Tal vez el conjunto de intervenciones en el encuentro, más de una docena, durante casi tres horas, sea una elocuente muestra, aunque incompleta, pequeña y acotada, de la diversidad de sectores y voces del sistema científico y tecnológico. También quizás ese sea el principal reto del FCCyT: cómo aglutinar y representar a la comunidad científica y qué tipo de interlocución sostener con la administración pública.

La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 incluyó cambios importantes al conjunto de instituciones que integran el sistema. Uno de ellos fue la creación del FCCyT, el cual sustituyó al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Éste último se planteó, por primera vez, como un “órgano autónomo de consulta del Poder Ejecutivo” y solamente estuvo vigente entre el 2000 y el 2002. El FCCyT, según establecen sus estatutos, está constituido como asociación civil desde el 2003. En la entonces nueva Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, en el artículo 36 del capítulo de “participación”, quedó definido como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Es decir, respecto del órgano que sustituyó, amplió las fuentes de consulta y el tipo de interlocución.

Actualmente, como consta en la norma, su principal objeto es “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas”. Esto es, un órgano de elaboración de propuestas, necesariamente diversas y plurales.

El foro se integra formalmente por una mesa directiva de 20 personas: 17 miembros permanentes, titulares o representantes de instituciones científicas, empresariales y educativas; y tres miembros designados del Sistema Nacional de Investigadores de tres diferentes áreas del conocimiento. Los propios integrantes de la mesa directiva designan quién preside la coordinación general del foro y, Conacyt, según dice la ley, debe otorgar los apoyo y recursos para el funcionamiento del Foro (artículo 38).

La norma estipula que la presidencia del foro debe renovarse cada dos años y los estatutos del organismo, modificados en el 2010, precisan que la coordinación general, al término de su primer periodo puede reelegirse para un segundo periodo por mayoría simple. De hecho, salvo el primer titular que solamente estuvo dos años en el cargo, los dos subsecuentes, Luis Fernández Zayas y Juan Pedro Laclette, lo hicieron por cuatro años. El periodo de la actual coordinadora inició en junio de 2012.

Al foro se le reservan media docena de funciones básicas y relevantes. Por ejemplo, algunas de las más sobresalientes son: proponer y opinar sobre las políticas nacionales, los programas sectoriales y especiales; también sugerir áreas y acciones prioritarias y de gasto. O bien, “opinar y valorar la eficacia y el impacto del programa especial y los programas anuales prioritarios”.

Por la misma razón, los principales productos del foro en estos casi 12 años de existencia han sido múltiples y muy variados documentos de propuestas, diagnósticos y cifras sobre el sistema científico y tecnológico, lo mismo que reuniones, convenios y declaraciones. Pero ¿qué tanto ha logrado expresar la diversidad de opiniones y qué tanta responsabilidad e influencia se le puede atribuir en la dirección de las políticas sectoriales?

Difícil establecer una relación simple de causa y efecto, tanto por la organización y funcionamiento del sistema científico y tecnológico como por la dinámica de la administración pública. Ciertamente, es innegable la participación del organismo en las instancias de decisión, su condición de interlocutor y su insistencia en algunas propuestas de política pública. Por ejemplo, su intervención en las reformas a la ley sectorial, la idea de crear una secretaría de Estado para atender los asuntos correspondientes o su demanda permanente de cumplir lo que dice la ley en materia de financiamiento. En el reciente informe se presentaron los principales resultados de media docena de documentos que contienen propuestas para el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos 25 años. ¿Cuántas y cómo se convertirán en líneas estratégicas o acciones de esta administración? Pronto lo averiguaremos; también la influencia y responsabilidad.


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