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¿Nuevas? políticas de Educación Superior
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 549 [2014-02-27]
 

Hay dos cuestiones que saltan a la vista cuando se hace una revisión de las políticas educativas del actual gobierno: una, que no hay un cambio de fondo en las de educación superior, acorde a lo esperado en el contexto de una reforma educativa. Otra, es la necesidad de insistir sobre temas y problemas que continúan siendo críticos y que no se ve para cuando van a quedar resueltos. De siempre, cada vez que tocamos los asuntos de la educación superior, aparece el tema del dinero. Por lo pronto, son un buen número las universidades públicas estatales las que están con finanzas deficitarias. No se han corregido pasivos que llevan años, porque las instituciones solas no pueden hacerlo. Tienen que remontar sus problemas económicos y académicos al mismo tiempo. Los académicos resultan muy difíciles dados los primeros. Está por verse sí esta problemática puede arreglarse con el fondo de saneamiento financiero que anunció la SEP.

Más todavía, en el sistema universitario hay desigualdades institucionales en materia de capacidades académicas que no son atendidas por las formas actuales de programación y distribución del presupuesto. Los recursos contenidos en los programas para mejorar la academia no están dirigidos, (tal vez parcialmente), a que las instituciones superen en el corto plazo sus debilidades en cada una de sus funciones sustantivas.

Así las cosas, es de prever que las mejores universidades seguirán siendo las mismas que han sido las mejores. Como en los rankings, internacionales y nacionales, hay poco movimiento de posiciones en los niveles altos. Poco dicen de la vida académica real. Y, no hay políticas explícitas que lleven a la cooperación y a la realización de proyectos docentes y de investigación conjuntos entre las universidades, por estado y entre regiones, que potencien capacidades intelectuales y economías de escala.

Mejorar la calidad requiere que las instituciones dejen de tener problemas financieros y que puedan programar su trabajo en tiempos más adecuados, lo que supone presupuestos multianuales, abatir la deserción, el abandono de los estudios, reformar los planes de estudio en el bachillerato y dar alicientes para la superación del personal académico.

Sería deseable, además, orientar el trabajo de las universidades públicas a la atención del desarrollo local de las entidades federativas que las cobijan. El impacto y la comunicación de la academia con la sociedad es un buen indicador de calidad.

Se ha señalado que la meta de este gobierno es lograr una cobertura de educación superior del 40 por ciento. Sería de esperar una atención especial a aquellos estados de la república donde todavía la cobertura se encuentra por debajo del promedio nacional, por un lado. Por el otro, que se abran oportunidades para que una buena parte del crecimiento de la matrícula radique en la incorporación de estudiantes de familias con bajos recursos económicos, lo que evidentemente se relaciona con los programas de becas, en los cuales las exigencias de rendimiento deberían ir en primera fila. Aumentar la matrícula en un millón de estudiantes no es suficiente para ubicar la cobertura del país en un nivel razonable a escala internacional. Pero ese no es el problema mayor. El que sí es crucial es preparar profesores con doctorado, con buenas capacidades para enseñar, y abrir las plazas correspondientes, que seguramente serán miles.

El aumento de la cobertura implica un conjunto de políticas de renovación de la planta académica, mecanismos de selección para la incorporación a la docencia y la investigación, salarios razonables a los jóvenes académicos y acciones de retiro voluntario para los académicos que cubran edad y antigüedad.

Sobre la renovación hay pocos avances y, de no ponerle énfasis, la realidad puede rebasar a las previsiones políticas. Algunos ejemplos que están en operación muestran que hay posibilidades de su manejo financiero, pero ciertamente este es un rubro que requiere de un esfuerzo mayor. Para hacer frente a la cobertura, se ha pensado en abrir nuevas instituciones de educación superior, la mayoría de las cuales serán institutos tecnológicos y universidades politécnicas. Se dice que habrá algunas más de carácter federal. Tengo tres puntos para comentar. Uno es que, hasta donde se conoce, los jóvenes prefieren estudiar carreras en buenas universidades, como las públicas estatales. Otro, es que no sabemos donde se piensan instalar, por el asunto de la demanda educativa. Y, un tercero, como lo ha planteado la ANUIES, habría que discutir hasta qué punto el esfuerzo debería concentrarse, inicialmente, en consolidar y ampliar lo que ya funciona bien.

Por ahora, tengo la impresión de que las políticas de educación superior no han cambiado gran cosa y que vuelve a darse una tendencia reforzada hacia el control central.


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