En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, que recientemente entregó el gobierno federal al Congreso, se atribuye una responsabilidad financiera a los Consejos Escolares de Participación Social en Educación (CEPS). Desafortunadamente no se desagrega ni se precisa el volumen que podrían alcanzar tales recursos; tampoco la convergencia con otros programas en marcha.

La primera vez que, normativa y oficialmente, se habló de participación social en educación fue hace más de dos décadas. El término quedó registrado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992; al año siguiente sería recuperado en la Ley General de Educación. Una amplia y compleja estructura de participación social se previó desde aquellos años, una que recorrería cada uno de los planteles de educación básica (en ese entonces sumaban más de 150 mil), los más de 2 mil 400 municipios, todas las entidades federativas y culminaría en un consejo nacional.

Pero no, 20 años después, lo que parecía una buena idea simplemente no se ha podido transformar en realidad. Llevar al terreno de la escuela a funcionarios, ciudadanos y padres de familia, a través de una estructura formal, ha resultado sumamente ambiguo y complicado.

Al parecer, con la reforma educativa en marcha, la actual administración realiza un ajuste más a la propuesta de los CEPS. Ahora, de acuerdo a la exposición de motivos que acompaña al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), se busca fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y que los Consejos decidan cómo invertir los recursos financieros, no la autoridad educativa. Anota: “En virtud de lo anterior, los padres de familia (a través de los representantes de sus asociaciones), los maestros y directores de los planteles, conformarán los CEPS, los cuales tendrán la facultad y la encomienda de definir qué carencia será atendida y, por lo tanto, de qué manera se utilizarán los recursos” (p. 18).

No todas las escuelas estarán en la misma posición. En principio, serán aquellas que enfrentan graves carencias de infraestructura: “A partir de esto, serán susceptibles de ser beneficiadas más de 20 mil escuelas públicas de educación básica de los niveles de primaria y de secundaria, las cuales se encuentran en estado de alto y muy alto rezago en sus condiciones físicas, según el Índice de Carencias por Escuela (ICE) elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en los datos del censo escolar del INEGI, así como las supervisiones de zona que atienden a estas escuelas”. Actualmente son 20 mil escuelas de educación básica las proyectadas para recibir beneficios. Desafortunadamente, en la desagregación del presupuesto educativo, particularmente en el ramo 11, no se aclara el volumen de recursos que implicaría.

En el presupuesto educativo suman más de una docena de programas sujetos a reglas de operación. Al menos la mitad tendría que ver con calidad e infraestructura en educación básica. Por ejemplo, están los programas: Escuelas de Calidad (PEC, 1 mil 470 mdp); PROSPERA inclusión social (28 mil 276 mdp); Escuelas de Tiempo Completo (14 mil mdp); para la Inclusión y la Equidad Educativa (572 mdp); y Fortalecimiento de la Educación Básica (800 mdp). ¿En cuál y cómo se incluye la iniciativa? El Acuerdo 716 de SEP, publicado en marzo de este año, estableció nuevas bases de organización y funcionamiento de los CEPS, ahí quedó consignada la posibilidad de que los Consejos manejaran recursos económicos.

La proporción de escuelas y CEPS que podrían ingresar en una nueva dinámica de funcionamiento es relativamente pequeña. Sin embargo, es una redefinición de los ámbitos de competencia y responsabilidad de los Consejos, un nuevo cauce de transferencia directa de recursos financieros a las escuelas y tal vez un acicate a la participación social. El asunto es si será indiferente, refractario o convergente respecto de los programas que están en operación. El año próximo lo sabremos, si es que los diputados no disponen otra cosa.