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La ANUIES rechaza la colegiación obligatoria
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 577 [2014-09-25]
 

El 21 de septiembre se publicó en varios medios una carta abierta del secretario general ejecutivo de la ANUIES, doctor Enrique Fernández Fassnacht, en la que expresa al Senado de la República y a la opinión pública la preocupación y el rechazo de la Asociación a la posible aprobación de la iniciativa de Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatoria.

Como antecedente conviene recordar que el Senado, en febrero de este año, recibió y envió a trámite una iniciativa pluripartidista (PRI, PAN y PRD) de reforma al artículo quinto de la Constitución, que en la Carta Magna garantiza la libertad de emprender actividades lícitas y ejercer profesiones, en la que se propone la siguiente adición normativa: “El Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos.” Además, se integra la siguiente disposición relativa a los colegios de profesionistas: “Serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional; se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas. La afiliación de los profesionistas será individual.”

Además de la reforma constitucional el colectivo de legisladores incluye un proyecto “Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias." Una vez conocidas tales iniciativas, algunos gremios de profesionistas han manifestado reservas. Cabe referir, para ejemplificar, la postura pública de los organismos de la Zona Noreste Región IV de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, compuesta por 14 colegios de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango. Este agrupamiento hizo pública su censura a la medida, “ya que se niega el espíritu de la libertad de la Constitución” el pasado 23 de agosto (Milenio Monterrey).

Al poner en cuestión el proyecto de colegiación obligatoria, la ANUIES ofrece dos argumentos centrales. Primero, que se contravienen un derecho fundamental: la libertad de asociación. Según se indica en la comunicación referida, la colegiación obligatoria violenta el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 1, 2, 5 y 9 de nuestra Constitución. El segundo argumento tiene que ver con la autonomía universitaria. El representante de la Asociación de Universidades hace notar, al respecto, que “los títulos expedidos por las instituciones de educación superior avalan las capacidades, habilidades y destrezas de los egresados para el ejercicio profesional”. Se añade en el texto la consideración de que “pocos servicios al público se someten a tantos y tan rigurosos exámenes antes de poder ofertarse en el mercado.”

Lo más importante es que, con respecto a la colegiación obligatoria, la postura de ANUIES es de franco rechazo. Los legisladores deben tomar en cuenta el alcance de la representación del organismo que agrupa a todas las universidades públicas autónomas, así como a un número importante de IES públicas y particulares. Continuar impulsando la medida sabiendo que las universidades se oponen a ella sería, cuando menos, una insensibilidad.

La misma comunicación de ANUIES manifiesta una postura menos beligerante en contra de la opción de la certificación periódica y obligatoria de los profesionistas. Se señala que la organización “ha sostenido y reitera que esta hipótesis normativa debe estipularse, primero, de manera general en una ley en materia educativa, como podría ser la Ley para la Coordinación, Financiamiento y Evaluación de la Educación Superior que el colegiado universitario ha diseñado y se encuentra discutiendo. Puede interpretarse lo anterior como la intención de la ANUIES de participar en una nueva iniciativa normativa que regule la multiplicidad de procesos de evaluación, acreditación y certificación, que han sido establecidos, en los últimos años como efecto del despliegue de políticas educativas basadas en esos elementos.

Si esto es así, se abre una perspectiva interesante: la normalización de los instrumentos evaluativos que hoy se aplican sobre estudiantes, académicos, programas e instituciones. Hace falta y es de esperarse que el marco de la autonomía universitaria esté presente en el debate correspondiente.


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