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Otoño sangriento y sombrío
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm. 581, pp.6 [2014-10-23]
 

Resulta muy difícil en estos días escribir u opinar sobre temas educativos o de cualquier otra índole sin hacer referencia a los terribles acontecimientos ocurridos en Iguala a fines del mes pasado, en los que la policía municipal asesinó a seis personas y se llevó a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayot-zinapa. Este ominoso suceso ha consternado al país y ha provocado el repudio internacional, levantando múltiples protestas que exigen el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los autores intelectuales y materiales. Ha sido una lamentable coincidencia, como lo han anotado varios columnistas e intelectuales, que el día de la desaparición de los jóvenes normalistas (26 de septiembre) falleciera Raúl Álvarez Garín, líder emblemático del movimiento estudiantil de 1968, quien como pocos luchó de manera inclaudicable por que se castigara a los responsables de la matanza de Tlatelolco.

También por esos días (28 de septiembre) se inició la movilización de los estudiantes del IPN en contra de la propuesta de modificar el reglamento interno y los planes y programas de estudio de varias carreras profesionales. Llama la atención la celeridad con que las demandas de los estudiantes politécnicos fueron atendidas pues el propio Secretario de Gobernación respondió a las peticiones de los jóvenes de no aplicar el reglamento y suspender los cambios a los planes y programas de estudio. Asimismo la directora de la institución presentó su renuncia a los pocos días de iniciada la movilización. Sin embargo, hasta la fecha, los estudiantes rechazan la propuesta de Gobernación y exigen el otorgamiento de la autonomía al IPN, así como su participación en la elección del director general. Por ahora el asunto se ha trasladado a la SEP, la cual en palabras del secretario Chuayffet ha manifestado—como ocurre al inicio de muchas negociaciones de este tipo—su mayor apertura y disposición para analizar las propuestas de los politécnicos. El asunto está pues sin resolverse. Por otro lado, el mismo secretario Chuayffet se reunió con periodistas para anunciar que en agosto del próximo año se presentará el nuevo modelo educativo para el país, el cual incluirá como uno de sus ejes, la modificación de todos los planes y programas de estudios de las escuelas normales, incluyendo a las normales rurales. Asimismo, habrá mayores recursos para dichas escuelas. Además, la SEP hará un replanteamiento del normalismo y dará un impulso a los planes de estudio para que los nuevos maestros sean más competitivos. También se fortalecerán el programa de becas, la investigación en materia de educación normal y se adecuará la capacitación de los docentes. En síntesis, el funcionario aseguró que lejos de desaparecer las normales rurales, serán fortalecidas. Habrá que esperar entonces en qué consistirán los cambios y adecuaciones, así como la reacción de los maestros y estudiantes normalistas ante tales planteamientos.

Volviendo al ominoso asunto de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, resulta muy preocupante que forme parte de una serie de actos de inaudita barbarie a los que se suman los ocurridos en otras partes del país (Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, entre otros). Aunque lo más terrible, en este caso, ha sido la asociación entre las autoridades municipales y los criminales. Hay quienes incluso lo consideran como un crimen de Estado por la planeación con la que, de algún modo, se llevó a cabo el artero ataque en contra de los estudiantes. El gobierno se está viendo muy presionado para aclarar este asunto que, como se dijo al principio, ha merecido la total reprobación de gran parte de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional. Se ha manifestado en diferentes foros mundiales que el régimen del presidente Peña Nieto no respeta los derechos humanos por hechos como éste y el reciente escándalo que significó el asesinato de un grupo de detenidos por el ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Además también las críticas han sido muy severas por la detención de varios activistas y luchadores sociales. Se exige, aquí y en el exterior, que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes como tantas veces ha sucedido en el país y que no se criminalice la lucha social. En todo esto está en juego, no sólo el prestigio gubernamental sino el que se pueda demostrar que la actual estrategia en contra del crimen organizado es más efectiva que la anterior, tal como lo ha prometido quien dice cumplir con todos sus compromisos de campaña. Tal parece que la Caja de Pandora abierta por los gobiernos panistas sigue llenando de violencia e inseguridad a muchas localidades a lo largo del país y el combate a los criminales no cumple con los procedimientos legales. Un ambiente tan sombrío y enrarecido tiene que ser restaurado antes que se vuelva totalmente incontrolable. Ninguna acción de gobierno llegará a buen fin sin resolver la inseguridad y la impunidad que hasta hoy han prevalecido en el país.


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