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A propósito de la autonomía universitaria
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 582 [2014-10-30]
 

Con motivo del 85 aniversario de la Autonomía de la UNAM, se llevó a cabo un segundo coloquio para continuar con la reflexión del concepto. Su análisis es de enorme relevancia, actualmente, porque está a discusión sí se le otorga al Instituto Politécnico Nacional, lo cual es un asunto mayor, porque la autonomía es imprescindible para una actividad académica libre y creativa en las instituciones públicas. Algunas ideas enseguida.

En México, la Universidad pública nació al amparo del Estado para responder a los reclamos de la sociedad por educación superior. La autonomía, por su parte, fue concedida por primera vez en 1918. La UNAM la conquistó en 1929 para autogobernarse y realizar sus tareas con libertad académica, separada pero formando parte del Estado.

Con la autonomía, la universidad pública ganó la posibilidad de tener intercambios con una enorme variedad de públicos, mediante relaciones fincadas en el respeto al quehacer académico y en la tolerancia a la crítica. Jurídicamente, la autonomía salvaguarda a la universidad de intereses y poderes particulares, externos o internos, que quieran intervenir en la conducción institucional, en la definición de sus tareas o en la elección de sus autoridades.

Después de que se le concedió a la UNAM, la autonomía fue ganando en amplitud de miras. Primero, dio la posibilidad de elegir autoridades (1929), después enfatizó la libertad de cátedra (1933), en un tercer momento cubrió toda una mística universitaria para el desarrollo de la difusión cultural y, finalmente, sirvió de resistencia frente al autoritarismo en 1968 (Monsivais, 2004). En 1979, la autonomía universitaria quedó incluida en el artículo 3º constitucional.

La autonomía es el concepto central para que la universidad pública funcione adecuadamente: libre elección de la forma del rectorado y de sus autoridades, libre determinación para establecer sus planes y programas de estudio, las líneas de investigación y las políticas culturales, libertad sobre el destino de sus recursos económicos, libertad para administrar la institución, sus ingresos y su patrimonio. Finalmente, libertad para diseñar el orden jurídico institucional (González y Guadarrama, 2009). El espíritu de la ley exige que el Estado la respete estrictamente, y que sus lazos con la universidad se establezcan sin condicionamientos, sin restricciones a la práctica académica.

La autonomía significa que la universidad es un espacio para que coexistan distintas visiones para ejercer la enseñanza y la investigación. Los académicos, en asociación con los estudiantes, forman el “nosotros universitario”, con poder fincado en el saber, para negociar frente a los “otros”, el poder político y el económico. En sus intercambios con los “otros”, la comunidad y las autoridades universitarias tienen la obligación de ejercer y defender la autonomía para que subsista la universidad pública (véase García Salord, 2010 y Suárez, 2010). La autonomía cohesiona a la comunidad universitaria en torno a principios y valores propios, para construir a la universidad como sujeto capaz de autogobernarse y detener a quienes atenten contra sus principios.

La autonomía ha sido puesta en riesgo por el arribo conjunto de la globalización, la preponderancia del mercado y el cambio en la fisonomía del Estado, de educador a evaluador. En los últimos tiempos, aparecieron los grupos y fuerzas que comandan el mercado en el campo educativo, donde han ganado terreno. Fue el Estado el que auspició al mercado para que adquiriera hegemonía, imponer criterios y valores a la academia, y para que la docencia y la investigación tengan en cuenta intereses económicos.

Los lineamientos de las políticas oficiales, desde finales del Siglo XX, colocaron a la universidad pública en una posición subordinada y vulnerable debido a la forma como se ha hecho la evaluación de todo lo académico. El financiamiento vinculado al rendimiento, según programas e indicadores oficiales, instauró una lógica que ha permitido el control externo y estratificar a las instituciones, sin que se atienda debidamente a las universidades que tienen menos capacidades académicas e intelectuales para satisfacer demandas de la sociedad local.

La universidad ha tenido dificultades para oponer resistencia a favor de sus principios y para manifestar con fuerza sus intereses colectivos, a pesar del reconocimiento social que tiene y la estabilidad institucional que ha mantenido. Envuelta en tiempos difíciles, la universidad pública ha soportado la necesidad de recursos, los límites a la autonomía, la conducción a distancia, la dispersión de lealtades institucionales favorecida por el mercado, y un cúmulo de presiones emergentes derivadas de la multiplicación de demandas sociales. Y, no obstante, la universidad pública ha seguido construyendo futuro con jóvenes bien preparados e investigaciones pertinentes.

Hoy, frente a la coalición del Estado y el mercado, la lucha a favor de la educación superior pública tiene como principal demanda el ejercicio pleno de la autonomía, siguiendo lo que está asentado en la Constitución.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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