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Ciencia y tecnología: Las entidades federativas
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 602, pp.5 [2015-04-09]
 

Desde los años noventa, muy poco a poco, aunque de forma sostenida, comenzó a tomar forma el movimiento descentralizador de la actividad científica y tecnológica en México. Hasta antes de los años noventa, solamente Puebla, Querétaro y Tamaulipas contaban con un equivalente de Conacyt a nivel estatal.

Actualmente, todos los estados tienen una norma y un organismo encargado de regular la actividad del sector. A semejanza de Conacyt, la mayoría de consejos están desectorizados, pero también los hay dependientes de Educación y otros de Economía.

La estructura y la regulación para el sector en las entidades federativas es un avance, pero apenas se trata de la base mínima. Una buena cantidad de estados carece de un programa sectorial para conducir de forma efectiva su sistema de ciencia y tecnología, otros sí cuentan con él, pero se ubica más bien en el terreno de las buenas intenciones, más que en las rutinas de los marcos institucionales. La ley para el fomento de la ciencia y la tecnología (LFCyT) de 1999 fue el giro más relevante hacia las entidades federativas. En esa ley quedaron diseñados los nuevos instrumentos que se encargarían de reorientar la actividad científica y tecnológica en el sistema nacional.

En el cuerpo de la ley, particularmente en los casi veinte principios orientadores, se estableció que los apoyos que anteriormente se otorgaban prácticamente sin condición ninguna, ahora estarían sujetos a una evaluación de los resultados y procedimientos competitivos que permitirían incentivar la actividad. Además, se indicaba que los instrumentos que proponía promoverían la descentralización, la procuración concurrente de apoyo de recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, así como inversiones crecientes del sector privado a través de incentivos fiscales. El instrumento más importante fue el de los recursos financieros, porque permitió la institucionalización de los fondos competitivos. En la ley quedaron anotados los siguientes fondos: los institucionales, los sectoriales, los mixtos y los internacionales. En especial, en el esquema de la ley, los fondos mixtos alentarían la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, dado que preveían la firma de convenios bajo demanda con los gobiernos estatales y municipales.

En realidad, como generalmente ocurre, una cosa es lo que dice la norma y otra lo que se lleva a efecto. Las primeras convocatorias de los fondos sectoriales y mixtos tuvieron sus dificultades para ponerse en marcha. De hecho, fue hasta la siguiente reforma de la ley, en el 2002, cuando lograron cierta sistematización. Sin embargo, todavía hoy, las evaluaciones de los fondos mixtos arrojan resultados controvertidos sobre su funcionamiento.

El otro instrumento que también le dio impulso a la descentralización fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (posteriormente se le añadió el término Innovación), creada con la reforma a la ley del sector en el 2002. La principal función de la Conferencia sería servir de contacto entre los titulares de los organismos estatales y a las autoridades de Conacyt para acordar lineamientos y medidas comunes. A pesar de cierta irregularidad en su funcionamiento, porque al comienzo dependió de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el organismo fue un acicate para la creación de los consejos estatales y la promulgación de las respectivas leyes.

Actualmente, el movimiento descentralizador sigue corriendo bajo los rieles de los instrumentos ya mencionados. En ocasiones espoleado con la creación de algún centro de investigación, la localización de las Cátedras para Jóvenes Investigadores o la elaboración de Agendas Estatales y Regionales. Estas palancas para la movilización, sin embargo, funcionan en una escala muy pequeña.

A la par de la preocupación por el funcionamiento de los consejos estatales de ciencia y tecnología y de los principales atributos de los respectivos sistemas estatales, también se ha logrado compilar información relevante mínima sobre las entidades federativas. En el breve y accidentado camino de la descentralización es lo menos que se puede pedir. Sin embargo, ni en ese terreno podemos tener plena certeza. Pongamos por caso lo que recientemente se dio a conocer: funcionarios de la anterior administración del gobierno tabasqueño inflaron el número de certificados entregados para abatir el rezago educativo, sobre todo con la finalidad de recibir más recursos federales, pero también de sustraerlos discrecionalmente. Así, ni cómo.


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