El debate sobre qué hacer con el sistema educativo en México ha estado marcado, en diferentes momentos de la historia, por sus repercusiones políticas. Es el caso de la actual reforma educativa, porque se contraponen dos visiones: la continuidad del modelo centrado en el predominio del mercado y un Estado débil y, por otra parte, la instauración de un nuevo modelo orientado al desarrollo, con abatimiento de la pobreza, combate a la desigualdad social y un Estado que tenga legitimidad. El modelo vigente resulta inviable para darle futuro al país, lo cual se aprecia en la disputa por la reforma educativa, que ha elevado los riesgos de ingobernabilidad del presente régimen.
A la educación se le atribuye un papel diferente en cada modelo. En el primero se considera que la educación sirve como recurso estratégico para el desarrollo económico. Lo importante es que coadyuve a generar riqueza, calificar, profesionalizar e individualizar a la mano de obra con orientación a las necesidades del mercado laboral. Esta visión tiene coincidencias con la sostenida en el Pacto por México, y con las medidas que en esta materia propone para lograr la “excelencia”. Las deficiencias, los procesos y los huecos en el sistema educativo abren paso a una mayor participación del sector privado.
Grosso modo, la segunda concepción supone que el Estado está comprometido con garantizar la igualdad de oportunidades educativas, social y territorialmente hablando. Asimismo, comprometido a que los contenidos educativos mantengan la laicidad, y estén basados en los avances pedagógicos y del conocimiento. Que el aprendizaje no esté directa y solamente vinculado a las actividades económicas, y que contemple la creación de valores ciudadanos en pos de un régimen participativo en la esfera política.
Por ahora, como parte de la reforma, debería estar discutiéndose en detalle, y con seriedad, cómo resolver, en el próximo decenio, los problemas que tiene el sistema educativo, casi de todos conocidos: analfabetismo, rezago, cobertura de educación superior, nudos pedagógicos en todos los niveles, una nueva forma de concebir la relación del gobierno con los sindicatos de maestros, problemas financieros, de coherencia y vinculo entre niveles educativos, coordinación del sistema, educación para la vida y el trabajo, infraestructura y financiamiento.
Capítulo aparte debe ser la discusión y el establecimiento de acuerdos sobre las formas y métodos de evaluación y la definición de las políticas públicas en torno al logro de la “calidad”. En suma, confeccionar una reforma educativa de fondo, que nos aleje de la discusión centrada en los asuntos laborales, y que nos permita trabajar en la mejora del campo educativo, con un horizonte de largo alcance, fuera de intereses sexenales de los gobiernos y de los poderes fácticos.
El régimen político que apoya la lógica del mercado tuvo una acción decisiva para echar abajo los valores que daban cohesión a la sociedad, derivados de la revolución mexicana. El orden neoliberal que enfatiza al individuo, el interés propio y la obtención de los mayores beneficios para cada quien, en medio de crisis económicas sucesivas, terminó por desmoronar muchos valores que nos ligaban y nos daban proyecto común. Así, un asunto de primer orden en las discusiones de la reforma es cómo, por medio de la educación, se puede otorgar a la sociedad, de cara al futuro, un nuevo sentido de la nacionalidad.
Una reforma educativa de fondo es muy difícil de ser acordada con el actual gobierno. Estamos en un momento de desconfianza en las instituciones, de fracasos y, como pocas veces, sintiéndonos muy humillados (L.M. Oliveira, 2016). Retomo lo dicho por Juan Ramón de la Fuente. (El Universal, 12 Sept.2016). El ex rector de la UNAM menciona que lo subjetivo en política tiene un enorme significado, porque los logros y los fracasos de un gobierno repercuten sobre lo que sienten los gobernados. La dimensión simbólica relacionada con el poder también cuenta, y mucho. El descrédito del gobierno le resta legitimidad al régimen político.
Los valores de los mexicanos se devaluaron con las malas decisiones y acciones de los gobiernos, la violencia, la corrupción, la pobreza y el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, que no cumplen moralmente. La autoestima está por los suelos y para que podamos tener nuevamente un proyecto común necesitamos gobernantes honestos, entre muchísimas otras cosas. Un gobierno decente para impulsar el cambio de modelo y una reforma educativa de fondo. Que establezca las condiciones para llevar a cabo un nuevo contrato social.
El doctor De la Fuente señala que no hay mejores instituciones para encabezar la ofensiva cultural, y plantear un nuevo proyecto de desarrollo, que las universidades, con su enorme fuerza intelectual y rigor académico. Por eso, aquí y ahora, los universitarios, todos, debemos apoyar al rector Enrique Graue en su demanda para que no haya reducciones ni recortes a la educación superior, y podamos hacer bien nuestro trabajo.
