“En términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), responsable de las operaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Este es parte de uno de los cinco dictámenes del reciente informe emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre programas del organismo rector de las políticas científicas.

El documento general del informe permanece en reserva hasta que es entregado a la Cámara de Diputados (máximo el 20 de febrero de cada año), cuando eso ocurre ya es del dominio público y se puede consultar. El informe contiene los resultados de las auditorias a las políticas y programas gubernamentales, también acerca del desempeño de las entidades sujetas a fiscalización, así como lo concerniente al manejo del ingreso y gasto público.

Aunque la ASF toma muestras de cada sector, el universo que incluye el informe de resultados de la cuenta pública es relativamente voluminoso (para la cuenta pública 2015 suman más de 1,600 auditorias). De hecho, todos los entes que ejercen recursos públicos federales son auditables, sean particulares o constitucionalmente autónomos (como algunas universidades) o perteneciente a alguno de los tres poderes de la Unión o nivel de gobierno (municipal, estatal o federal).

Las auditorias constituyen uno de los pocos instrumentos de contrapeso a las decisiones y desempeño discrecional del poder público. A pesar de que se ciñen a un marco normativo sumamente rígido y las valoraciones, algunas veces, siguen una lógica administrativa incomprensible, sus resultados son de los escasos indicadores que tiene la ciudadanía para calificar las actividades gubernamentales.

En el caso del Conacyt, el informe más reciente de la ASF, auditó cinco diferentes programas: 1) El Fordecyt; 2) El de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; 3) Apoyos para el fortalecimiento en materia de infraestructura científica y tecnológica; 4) Auditoria de TIC; y 5) Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas.

De acuerdo el informe de la ASF, el primer programa, el Fordecyt, como se indicó al inicio de este texto, tiene diferentes faltas: en los recursos acumulados al final del 2015, se incluyen 810 millones de pesos “de cuyo importe solo se otorgaron 203 millones 205 mil pesos para proyectos de investigación (25.1 por ciento), por lo que el Fordecyt no cumplió con la gestión financiera de la administración y operación del Fondo Institucional para el Desarrollo, Científico, Tecnológico y de Innovación, con lo que incumplió el objetivo para el que fue creado” (p. 790).

En consecuencia, la ASF recomienda a la Cámara de Diputados que “verifique la disponibilidad y excedentes” del Fordecyt, puesto que al 31 de diciembre de 2015, contaba con recursos acumulados por casi dos mil millones de pesos, incluyendo lo que no se distribuyó de los 810 millones de pesos. Los datos de la auditoria revelan un subejercicio y ponen en cuestión el supuesto incremento reportado por el gobierno federal en su 3er Informe de gobierno: “En los primeros tres años de la actual administración, el gobierno de la República incrementó de manera sostenida la inversión en CTI en los estados y regiones del país a través del Fordecyt. En 2015 canalizó recursos presupuestarios por 810 millones de pesos, 30.6 por ciento más en términos reales que en 2014” (p. 333). ¡Sí, la cantidad fue superior, pero no fue distribuida! Grave.

Otro caso, el segundo programa, el de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas y tecnológicas, en el que se revisaron los subsidios otorgados por Conacyt para atender demandas. La opinión de la ASF es que el organismo puso en marcha el programa con deficiencias en su diseño, puesto que “no definió con precisión a su población objetivo; y desconoció el efecto de los apoyos otorgados mediante el programa en el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas”.

La misma ASF recomienda que Conacyt disponga de mecanismos para cuantificar el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las dependencias y entidades de la administración pública federal. AFP. Sin embargo, el mismo gobierno federal reportó que había promovido un desarrollo integral.

En fin, según el artículo 32 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, la que rige la actuación de la ASF, las entidades fiscalizadas, tienen 30 días hábiles, a partir de que reciben las observaciones y recomendaciones, para presentar la información y consideración que estimen pertinentes.

Algunas fallas encuentran su explicación en la intrincada dinámica administrativa, pero otras son de una negligencia francamente inadmisible. ¿De cuáles estamos hablando? Pronto lo sabremos.