No, desde luego no es necesario dar respuesta puntual a los 80 mil registros o los casi 300 mil comentarios que se expresaron en los foros de consulta del año pasado sobre el Nuevo Modelo Educativo 2016. No obstante, sí hace falta una explicación pública sobre aquellas propuestas, recurrentes, que se formularon y no fueron incluidas.
En la cultura política de México no está arraigada la participación social en la vida pública y en la toma de decisiones. Las razones son muy variadas, pero en ese conjunto ha sido sobresaliente la captura de los espacios de discusión o simular que sí se toma en cuenta la opinión de los gobernados, estos últimos lo saben y han ejercido con abundancia el recurso de la indiferencia.
El campo de la educación no ha sido un ejemplo de prácticas democráticas y participativas, a pesar de su alta especialización y la concentración de inteligencia. Ahí tenemos el caso de los Consejos de Participación Social, tienen más de dos décadas tratándose de poner en marcha y todavía no son una realidad.
Entonces, instaurar un mecanismo para considerar la opinión de diversos sectores, como los foros de consulta de 2014 y 2016 sobre el modelo educativo, es un tema a analizar y tan relevante como lo es propio modelo que se propone. Aunque tampoco cabria sobreestimarlo.
Si la cultura de participación social en temas relevantes de interés público es prácticamente inexistente, también son escasos los dispositivos para recolectar las opiniones y procesar las posibles propuestas. La experiencia nacional se limita a sondeos de opinión y a la realización de los foros de consulta popular sexenales.
El sistema de planeación Democrática, previsto en la Constitución y en la ley de planeación, establece la consulta popular como mecanismo para el diseño de los planes. Sin embargo, desde el comienzo de los años ochenta, fecha en la que puso en marcha, la consulta solamente es para cumplir con la norma y para otorgar ese aire de legitimidad que requieren las decisiones. En realidad, nadie sabe qué propone quién, ni cómo o por qué se llega a tales o cuales resultados.
Los foros de consulta sobre el modelo educativo del año pasado ensayaron un camino diferente. Tres meses después de finalizados los foros, el CIDE, a través de su Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, presentó un informe con los principales resultados de la consulta. En el mismo documento se aclaró que “no involucraron la generación de valoraciones propias sobre el nuevo planteamiento propuesto, sino únicamente ordenar y sistematizar las opiniones de los diversos participantes en el proceso de consulta” (p. 16).
También precisaron que el análisis y sistematización de la información se realizó con el software Atlas.ti. Un programa informático útil y relativamente conocido por quienes optan por el análisis cualitativo de los datos. El asunto aquí, y conviene reconocerlo, es que explicar cómo se analizaron los datos y presentar públicamente los resultados constituye un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, dado que los resultados de los foros de consulta son públicos y están sistematizados (un documento de casi 300 páginas), la autoridad educativa no solamente está obligada a informar qué de esos resultados incorporó, también debiera explicar porqué omitió otros tantos.
En los documentos sobre el modelo educativo del pasado 13 de marzo, la autoridad nos muestra que recuperó diferentes de sugerencias de los foros de consulta. Por ejemplo, nos dice que se incorporaron las propuestas para una mejor relación horizontal entre los aprendizajes esperados entre cada nivel educativo, también hizo caso de aquellas que opiniones que demandaban una mejor gradualidad entre los niveles educativos. O bien, asumió el reconocimiento de la educación en lenguas indígenas o que debía presentar las principales innovaciones del modelo educativo, entre otras sugerencias.
No obstante, también hace falta que explique qué opiniones y propuestas no consideró pertinentes, por los menos las más importantes y reiteradas que aparecen como resultados agregados de la consulta. Tomemos por caso lo concerniente a la educación inicial.
El informe de la consulta destaca: Si bien se registra una opinión favorable en relación al perfil de egreso, un comentario recurrente en la consulta es la solicitud de incluir la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica. Al respecto, los participantes refieren la gran relevancia de promover, desde la edad temprana, el desarrollo de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de las niñas y los niños a fin de contribuir al logro de aprendizajes fundamentales en años posteriores. Para aquellos ciudadanos y actores que expresaron su opinión sobre este tema durante la consulta pública, resulta desconcertante que una etapa del desarrollo tan relevante, y que la evidencia científica disponible indica resulta clave, no sea considerada adecuadamente en la propuesta (p. 37).
Tampoco lo fue en la propuesta más reciente. En este tema, como en otros no considerados, la autoridad educativa debe argumentar por qué los omitió o los juzga irrelevantes.
