La idea, en diciembre de 2013, antes de que la actual administración presentara su Programa especial de ciencia, tecnología e innovación (Peciti) para el periodo y como parte de lo que ya se planteaba como una profunda reorganización de Conacyt, era que se generaría una especie de “red activa entre sus Centros Públicos de Investigación para diferentes propósitos”.

Después, en abril de 2014, cuando se publicó el postergado Peciti, quedó plasmada como una de sus acciones que se promoverían “clusters” y “consorcios público-privados” para desarrollar proyectos a nivel sectorial y regional. Pero no, eso no fue lo que exactamente se hizo, aunque se impulsó la creación de laboratorios nacionales y parecía que se ampliaría de forma sostenida la infraestructura de instituciones.

Ahora, Conacyt anuncia que reorganizará los Centros Públicos de Investigación (CPI) a través de consorcios. Y pues sí, al cuarto para las doce, cuando el tiempo de los propósitos ya no tiene lugar y el combustible de la administración está casi agotado, es posible que el horizonte para los consorcios también sea limitado.

Los CPI son esas 27 instituciones que se dedican a la enseñanza —principalmente de posgrado— y a la investigación. Los establecimientos se distribuyen casi en partes proporcionales en tres áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades; naturales y exactas; y desarrollo tecnológico. En conjunto, sus indicadores representan una base importante del sistema científico y tecnológico en México. Generalmente, aparecen en la segunda posición en número de artículos científicos, miembros del SNI, programas de posgrado, proyectos de investigación, etcétera. Por ejemplo, la institución que tiene el mayor número de miembros del SNI es la UNAM, con poco más de 4 mil; luego están los CPI, con alrededor de 2 mil integrantes.

Los CPI son entidades paraestatales que se integraron hace 25 años y ostentan diferentes figuras jurídicas. El conjunto está sectorizado a Conacyt y antes lo estuvo en la SEP. A pesar de que siempre se le ha referido como sistema, en realidad por sus normas y presupuesto, es una denominación meramente administrativa.

Sin embargo, el ajuste normativo a los CPI ha sido notorio desde finales de los años noventa. En la reforma a la ley de ciencia y tecnología de 1999 fue cuando se plantearon los convenios de desempeño para estos centros —luego se denominarían Convenios de Administración por Resultados—, así como la regulación de los recursos autogenerados.

Después, en la segunda reforma importante de la misma ley, en los tiempos de Vicente Fox, quedaron sectorizados a Conacyt. En el 2009 se produjo otro cambio importante para los CPI y para las IES en general, ahora la reforma facultaba a estas instituciones para crear “Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.

En esta administración, en abril de 2015, se modificó la “Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, con lo que se permite que servidores de los CPI, de las IES o de la administración pública, realicen actividades de vinculación como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro.

Ahora, en el marco de la reunión de órganos de gobierno del Conacyt, el pasado 17 de mayo, los directivos también firmaron el convenio de creación de nueve consorcios de los CPI que será, dijeron, una nueva forma de trabajo, en la que se integrarán y fortalecerán los 27 centros. Al mismo tiempo, anunciaron que los CPI se agruparan en cinco coordinaciones a cargo de Conacyt. Una de ellas, por ejemplo la de política pública y desarrollo regional, coordinará al Colef, Cide, Geo y Ciesas.

Los consorcios son una novedad relativa en el campo de la ciencia y la tecnología y especialmente en la región de América Latina, aunque en otros ámbitos, como el empresarial e incluso en el de la bibliotecología, ya tienen su historia. Si prescindimos del tema del financiamiento público, un consorcio es, básicamente, un acuerdo de cooperación entre firmas u organizaciones para desarrollar proyectos conjuntos que le darán un valor agregado a los procesos y productos, así como mejores rendimientos a los participantes.

Los nombres de los nueve consorcios que integrarán a los 27 centros públicos se refieren a distintas especialidades. Por ejemplo, está el “automotriz” que agrupa a 12 CPI y estará ubicado en Aguascalientes. Otro, el de “estudios metropolitanos”, aglutina a seis centros y se localizará en Querétaro. Lo sorprendente es que hay centros que participan en más de dos consorcios (p.e. Ciateq) y otros que no están en ninguno (p.e. Ciesas). Lo examinaremos posteriormente.

En fin, viendo en perspectiva las modificaciones normativas, los CPI han sido, ellos mismos, auténticos laboratorios de las iniciativas sectoriales del gobierno federal. El asunto es si los consorcios permanecerán o serán la novedad de un final anunciado.

Posdata: sigue siendo interesante el examen de las propuestas educativas en las elecciones mexiquenses, pero lo será más cuando se conozca la propuesta ganadora de las elecciones. Ahí vamos.