Los comunicados oficiales de la administración Trump son el tipo de noticias que pueden ir de malas a peores. Lo mismo para precisar políticas migratorias, negociaciones comerciales, posiciones diplomáticas o la revocación de programas. Quizás, por la misma razón, cuando no anuncian lo peor, ya se toman como una buena noticia.

Por ejemplo, el pasado 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el memorando en el que anuncia la revocación del programa Acción Diferida para los Padres de Americanos (DAPA, por sus siglas en inglés), y aclara que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “seguirá vigente” (https://www.dhs.gov).

En los medios que recuperaron la noticia, el énfasis que prevaleció fue la permanencia del programa DACA, muchos ni siquiera mencionaron el DAPA. Ciertamente, conservar el primero fue una buena noticia, un respiro, momentáneo, para los cientos de miles de jóvenes que están inscritos en el programa y vivían en la zozobra de una deportación masiva.

El DACA es el programa que puso en marcha la administración de Obama en junio de 2012, dirigido a aquellos niños y jóvenes que habían llegado sin documentos a los EE. UU., los llamados dreamers, para protegerlos temporalmente de una deportación. Inscribirse en el programa les permitía obtener un permiso de empleo, un número de seguro social y tramitar una licencia de conducir. La renovación de estatus es cada dos años.

Desde luego, para solicitar su registro en el DACA, los dreamers debían cubrir ciertos requisitos: haber ingresado a territorio estadounidense antes de cumplir 16 años; una edad mínima de 15 años y máxima de 31 años al 15 de junio de 2012; no haber sido declarado culpable por un delito grave, un delito menor significativo o tres delitos menores; y contar con un diploma de bachillerato (high school), equivalente o estar estudiando. Y sí, muchos de los jóvenes inscritos ya contaban con estudios universitarios y de posgrado.

A su vez, el DAPA, planteó un proceso similar, una especie de extensión del programa DACA, porque se dirigía a los padres. Anunciado también por la administración Obama en noviembre de 2014, tenía como destinatarios a las personas indocumentadas, pero que eran padres de ciudadanos estadounidenses o de un residente permanente legal. Podían inscribirse aquellos que, además, habían residido continuamente en los Estados Unidos desde enero de 2010.

Sin embargo, lo cierto es que el DAPA nunca se puso en operación, porque un juez federal de Texas bloqueó la orden ejecutiva de Obama, luego de que 26 estados establecieron una demanda, comandados por Texas, al argumentar que el expresidente se estaba extralimitando en su autoridad para proteger a inmigrantes ilegales. El caso se llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos y quedó con una votación dividida en partes iguales (4-4) por lo que el bloqueo y litigio permaneció hasta ahora (The New York Times. 16.06.2016).

Hoy, con el memorándum firmado por Kelly, la administración Trump resuelve en definitiva. Ahí se asienta que el programa nunca ha estado en efecto, existen nuevas prioridades en materia de inmigración y después de consultar con el abogado general, el programa DAPA queda rescindido. Una orden ejecutiva lo diseñó y otra orden da marcha atrás.

En México, luego de que se diera a conocer el memorando estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo público su beneplácito por la permanencia del programa DACA (SEP. Comunicado No. 240). Nada dijo sobre el DAPA. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió apenas hace unos meses, la SRE dio cifras precisas del volumen de dreamers.

Por ejemplo, anotó que, a marzo de 2017, 787 mil 580 jóvenes habían sido beneficarios del DACA y de ese total 618 mil 342 (78 por ciento) son mexicanos. Sí, es el grupo más favorecido por el programa y también el que estaba (¿o está?) en un mayor peligro de deportación. Ni la SRE ni la SEP han publicado los datos por nivel de escolaridad de estos jóvenes, pero por los requisitos de solicitud al programa, los testimonios de varios de ellos y la protección que les han ofrecido algunas universidades estadounidenses, en su mayoría son jóvenes talentosos que concluyeron su bachillerato, cursan la licenciatura o el posgrado.

Definitivamente, es mejor para los dreamers saber que, por ahora, el programa en el que están inscritos sigue vigente. Sin embargo, por un lado, seguramente, las medidas de deportación se endurecerán para la población que no está en el programa. Por otro lado, con la velidosa administración Trump, nada es seguro ni permanente.

En la década anterior, el flujo global de migrantes con alta escolaridad creció 130 por ciento y el de menor escolaridad solamente 40 por ciento. Salieron, cada vez más, de un mayor número de países y se concentraron en unos cuantos, principalmente en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia (Sari Pekkala Kerr et al. “Global Talent Flows”. 2016). Seguramente, las mediciones posteriores reflejarán el impacto de las medidas que actualmente están en marcha, como picos o tendencias sostenidas. Ya lo veremos.