¿Cuál derecho ha de ser preeminente: el de la libertad de expresión o el de la protesta? Y ¿tiene límites la libertad de expresión? Éstas son las grandes preguntas circulando por los campus universitarios de Estados Unidos. En el último año, se ha registrado una explosión en las protestas estudiantiles en contra de ponentes polémicos—sobre todo los de extrema derecha. En algunos casos, los estudiantes han recurrido a la violencia para impedir que los ponentes propaguen sus mensajes de odio y racismo. Mientras tanto, las administraciones universitarias han vacilado entre una postura de anuencia y mano dura en su trato con los manifestantes.
Ya no. En los últimos meses, un creciente número de universidades han adoptado medidas que buscan proteger el derecho de los ponentes a compartir sus ideas, independientemente del contenido de las mismas. En el proceso, han criminalizado cualquier acto (incluyendo las protestas estudiantiles) que interfiere con la libre expresión, con consecuencias para los estudiantes que van desde las detenciones policiacas hasta la expulsión de la universidad.
Tal es el caso de la Universidad de Ohio. En agosto, la institución pública —un bastión de liberalismo en un estado conservador—anunció nuevos lineamientos en torno a la libertad de expresión. En específico, la universidad prohibió el uso de los espacios interiores para realizar protestas. La nueva política llegó seis meses después de que 70 estudiantes fueron detenidos por tomar control de unos edificios, como parte de las protestas en contra del gobierno de Donald Trump.
Después, en octubre, la Universidad de Wisconsin aprobó una política aún más contundente y punitiva. Bajo la nueva medida, estudiantes que interfieren en dos ocasiones con la libertad de expresión de ponentes o presentadores, serán suspendidos. Y los que lo hacen tres veces (y sobre todo, si recurren a la violencia) serán expulsados de la universidad.
El rector de la universidad, Ray Cross, defendió la política ante la junta de regentes (el equivalente a la Junta de Gobierno universitaria). “Quizás la cosa más importante que podemos lograr como universidad es enseñar a los estudiantes cómo escuchar y conectar con personas con ideas distintas”, argumentó. “Si nosotros no enseñamos esto, ¿quién lo hará?”
La política tiene el apoyo de gran parte del congreso estatal, de mayoría republicana. En junio, la Cámara de Representantes del estado aprobó una medida parecida, aunque falta el voto en el Senado. Durante el debate en torno a la medida, el representante demócrata Tony Evers advirtió del peligro de penalizar la protesta estudiantil, utilizando el mismo argumento que sus oponentes. “Esta política congelará y suprimirá la libertad de expresión en este campus y en todos los campus”, dijo.
Los críticos de las medidas de mano dura insisten en que éstas ponen a las universidades en una postura contradictoria: al defender a ponentes que propagan ideas antisemitas, racistas y homofóbicas, las universidades están violando sus propios valores de tolerancia e inclusión. Para los defensores de las medidas, sin embargo, las instituciones tienen la obligación de proteger la libre expresión a toda costa. Al no hacerlo, argumentan, arriesgan un retorno a la peor época de intolerancia política en el país: cuando docenas de supuestos comunistas fueron purgados y expulsados de las universidades en los años cincuenta.
Los actuales enfrentamientos coinciden con un nuevo periodo de polarización política en Estados Unidos—probablemente el más álgido desde el fin de la Guerra Fría. El arribo al poder del presidente Trump ha empoderado al denominado “Alt Right” (eufemismo para la extrema derecha), que ha buscado diseminar su mensaje de nacionalismo blanco a través de las universidades en todo el país. En algunos casos, los expositores de esta ideología son invitados por los grupos de estudiantes republicanos. En otros, pagan por utilizar espacios universitarios para diseminar sus mensajes ultra conservadores, generando fuerte oposición por parte de la mayoría de los estudiantes, que suelen ser de tendencia liberal.
Los debates en torno a la libertad de expresión han surgido tanto en instituciones públicas como privadas, aunque éstas últimas no están sujetas a las protecciones constitucionales en este sentido. La primera enmienda constitucional de Estados Unidos protege todas las expresiones (verbales y escritas), excepto aquellas que inciten a la violencia o generen pánico (por ejemplo, no se vale gritar “fuego” en un cine lleno de gente).
No obstante, existen opiniones divergentes en torno a lo que constituye “incitar la violencia”. Por ejemplo, algunos críticos responsabilizan al supremacista blanco Richard Spencer—frecuente ponente en las universidades—de haber fomentado la violencia en la Universidad de Virginia en agosto. Una persona murió y una docena sufrió serias lesiones durante una protesta de nacionalistas blancos en las afueras de la universidad. Muchos críticos acusaron a la universidad de haber sido demasiada laxa con los manifestantes, con tal de proteger su libertad de expresión.
Sin embargo, una mayoría de las protestas ha provenido de grupos opositores a Trump y sus apologistas, muchos de los cuales son aún más extremistas que el propio presidente.
El enfrentamiento más reciente ocurrió el pasado 30 de octubre en la Universidad Estatal de California, en Fullerton. Un grupo de manifestantes buscó frenar una ponencia de Milo Yiannopoulos, el ex editor del medio de ultra derecha Breitbart News. Ante un público cautivado de unas 800 personas, el autodenominado vocero del Alt Right argumentó lo siguiente: “Cuando se trata de minorías oprimidas y grupos marginalizados, no hay tribu en América que enfrenta mayores riesgos que el conservador en el campus”.
Mientras tanto, docenas de manifestantes se enfrentaron afuera del auditorio con simpatizantes del ponente. Una manifestante, portando un casco negro y una máscara, disparó gas pimienta al aire. La universidad reaccionó llamando a la policía. El saldo fue de ocho personas detenidas, una mayoría de ellos opositores a Yiannopoulos, según reportó el diario Los Angeles Times.
En otro caso muy sonado, casi 20 estudiantes fueron detenidos durante una protesta en la Universidad de Columbia en octubre. Los manifestantes buscaban frenar una ponencia por parte del activista anti-islámico Tommy Robinson en la universidad neoyorquina, de las más prestigiadas del país. Los estudiantes bombardearon al ponente, quien hablaba a través de un chat de video desde Gran Bretaña, con preguntas y gritos de protesta. Algunos también intentaron desconectar el equipo de sonido en un intento por interrumpir la transmisión.
En una carta a la comunidad universitaria antes de la presentación de Robinson, la vice-rectora de la universidad, Suzanne B. Goldberg, insistió en la necesidad de permitir el libre intercambio de ideas. Dicho intercambio, argumentó, es “fundamental para la misión de aprendizaje y enseñanza de Columbia”.
No obstante, las detenciones de los estudiantes desataron fuerte oposición entre los académicos universitarios. Más de 100 profesores firmaron una carta argumentando que la administración estaba sentando un precedente peligroso, al dar voz a personas que propagan mensajes de odio. Los firmantes criticaron “la sobrerreacción de la universidad a la protesta estudiantil” y acusaron a la administración de capitular ante la estrategia de la derecha. “Su apuesta es inundar a las instituciones educativas con ponentes incendiarios y obligar a las universidades a defender su derecho de hablar, a pesar de—o a causa de—sus ideas ofensivas”, dice la carta, que fue circulada por Internet. “De tal manera, recaerá en los estudiantes [la obligación de] manifestarse en contra de la ideología de estos ponentes, y, punto seguido, la universidad castigará a los estudiantes por violar las reglas institucionales de conducta”.
Los profesores también criticaron lo que describieron como una postura naif y excesivamente neutral por parte de la administración universitaria. “La postura de la universidad es que los discursos de odio deben ser contrapuestos con posturas contrarias, de tal forma que la comunidad estudiantil puede decidir por sí sola lo que quiere creer. Mientras este abordaje neutral puede parecer razonable, la universidad ignora el hecho de que no todos las voces tienen un poder igual y que no todos las voces opositoras tienen la misma posibilidad de ser escuchadas”.
El debate sobre la libre expresión no sólo tiene costos políticos, sino también económicos. En el último año, las universidades estadunidenses han gastado millones de dólares en un afán por proteger a los ponentes polémicos. Por ejemplo, la Universidad de California en Berkeley ha gastado más de 2 millones de dólares en proteger a Yiannopoulos y otros ponentes en lo que va del año, según un estudio de CNN. En contraste, la universidad —una de las más liberales del país—gastó menos de 200 mil en 2015 y 2016 para las mismas operaciones de seguridad.
Otras universidades que han desembolsado grandes cantidades en asegurar a personas no gratas son la Universidad de Florida, que erogó 600 mil dólares durante la visita del nacionalista blanco Richard Spencer en octubre. En este caso, el ponente no fue invitado, sino que pagó 10 mil dólares para rentar un auditorio de la universidad, según reportó la revista Time. Finalmente, Spencer tuvo que abandonar el podio después de que los estudiantes opositores no lo dejaron hablar.
Ante las nuevas reglas universitarias, los actos de protestas serán cada vez más castigados. Inclusive pueden acarrear repercusiones legales más allá de las universidades.
Durante un discurso en la Universidad de Georgetown en septiembre, el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que el gobierno intervendría para proteger la libertad de expresión en los campus. “Alguna vez, la universidad americana fue el centro de la libertad académica, un lugar de debate robusto, un foro para la competencia de ideas”, dijo Sessions al grupo de 200 estudiantes invitados. “Pero se está convirtiendo en una cámara para pensamientos políticamente correctos y homogéneos, un refugio para los egos frágiles”.
Al final, las autoridades universitarias se encuentran en un callejón sin salida. Al reprimir las protestas en nombre de la libre expresión, están fortaleciendo a los que propagan mensajes de odio. Al no hacerlo, están permitiendo que reine la censura por parte de la izquierda. Cualquiera de las posturas implica traicionar a sus propios valores universitarios.
