Hace 15 años, una de las novedades de la reforma a la ley sectorial, entre muchas otras, fue la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CNCTI). No, no se trataba de poner en marcha y celebrar un encuentro de naturaleza académica de un grupo de expertos. Fue la instauración de una instancia de coordinación entre Conacyt y las entidades federativas para impulsar la descentralización.

En el 2002, cuando se aprobó la ley correspondiente, la concentración regional e institucional de las actividades científicas y tecnológicas era mayor a la que hoy se sigue apreciando. Además, en esa fecha no todas las entidades federativas contaban con un organismo similar al Conacyt y a escala de su territorio. Así que parecía una buena idea crear un organismo para acelerar la descentralización.

Según la ley, la Conferencia es una instancia permanente de “coordinación institucional entre el Conacyt y las dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas competentes en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 31). Claro, la pertenencia era solamente si acepaban la invitación de Conacyt.

Las funciones reservadas a la CNCTI eran sobre todo para la definición de políticas y programas. Por ejemplo, para la elaboración del programa sectorial y muy especialmente para respaldar la “descentralización territorial e institucional de los instrumentos de apoyo a las actividades científicas y tecnológicas”, el tipo de funciones en las cuales los gobiernos estatales podían colaborar operativamente e incluso propuestas de modificación normativa.

Desde el comienzo, la ley otorgó la responsabilidad al director del Conacyt de proponer al pleno de la Conferencia las bases de su funcionamiento. Adicionalmente, la misma norma estableció la periodicidad con la que debía sesionar: “por lo menos cada seis meses en la entidad federativa que para cada sesión se determine”.

Sin embargo, como ocurrió con otras instancias, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que sucede con la gestión de los asuntos públicos. Al comienzo, la CNCTI funcionó relativamente apegada a su encomienda y a lo que marcaba la ley. Fue un instrumento relevante para lograr que todas las entidades federativas contaran con un consejo estatal, o instancia equivalente, responsable de las actividades científicas y tecnológicas.

También desempeñó una labor de asesoría importante para que los estados contaran con una normatividad para regular las actividades científicas y tecnológicas, por eso se puede apreciar cierta similitud en lo que establece el marco normativo de los organismos de un buen número de entidades federativas. Otro tanto hizo para que los asuntos del sector también formaran parte de las discusiones y acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Ahí se creó la comisión de ciencia y tecnología.

No obstante, tal parece que con los logros anteriores, completados al comienzo de la década actual, la actividad de la Conferencia llegó a su punto de inflexión y desde entonces se ha convertido en un organismo prescindible. Entonces: ¿quiere decir que ya tenemos un sistema más homogéneo y equilibrado?

La concentración regional e institucional de las actividades ya no es tan alta, como lo era hace dos o tres décadas. Pero definitivamente todavía tenemos un sistema muy desigual en sus capacidades y desarrollo, con grandes asimetrías y problemas muy diferentes según las regiones.

Sin embargo, ni antes ni ahora, la Conferencia ha funcionado conforme lo previsto. Las sesiones que debía celebrar no las realiza completamente y el propósito a cumplir parece que solamente necesita de su mínima intervención. En esta administración, sí fue consultada la Conferencia para la elaboración del programa sectorial, ocurrió en su primera sesión del 2013.

Luego, vino lo que pareció lo más sobresaliente: la elaboración de las Agendas Estatales y Regionales de Innovación. Un documento relativamente breve para cada una de las 32 entidades que, se supone, les facilitaría la definición de sus prioridades sectoriales, en función de sus capacidades específicas y sus inclinaciones y vocaciones económicas. Al parecer, solamente en algunos estados tuvo utilidad y una buena recepción.

Después, la CNCTI, en su sesión del 2015, solamente habló la importancia de las oportunidades de colaboración entre los consejos estatales y otras instituciones de educación internacionales. Por último, vinieron algunas sesiones de la comisión de ciencia y tecnología de la Conago. Y nada más.

El programa sectorial de esta administración reconoció la importancia de una mayor descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. De hecho, uno de sus objetivos fue impulsar “el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente”.

Las acciones y los instrumentos para lograrlo, sin embargo, no han sido suficientes.