“Las evaluaciones de desempeño deben ser aplicadas a servidores públicos, líderes sindicales, dirigentes de partidos, diputados, senadores e incluso al presidente”. Eso fue lo que dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el “Encuentro internacional de educación inicial y preescolar”, realizado el pasado 19 de octubre. Las palabras pronunciadas fueron a propósito de su idea de cancelar la reforma educativa y la evaluación de profesores; lo ha reiterado en múltiple foros y entrevistas.

A los pocos días del resultado de las elecciones, el mismo AMLO dio a conocer los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Un marco normativo preliminar que regulará la actuación de los funcionarios de la próxima administración y la relación con los ciudadanos.

Además, el presidente electo, desde la campaña electoral y a quienes se sumaron a ella, les dijo que se guiarían por tres principios: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”. Solicitó apego a los principios a quien participara. Más aún, también lo ha dicho AMLO en diversas ocasiones, el siguiente gobierno será un cambio de régimen, un nuevo modelo en el orden político, económico, cultural y social; una separación de los poderes político y económico. De ahí viene su idea de la cuarta transformación que experimentará la nación bajo su periodo.

No parece haber duda de que el nuevo gobierno será distinto; las cosas y la reglas podrían ser diferentes. Pero ¿qué tanto se modificará o qué ocurrirá con el intrincado y difícil entramado de normas que actualmente regula la vida gris de la administración pública? La intensa y necesaria función pública suma miles de leyes, normas y reglamentos, bajo las cuales regula un enorme volumen de planes, programas y acciones; y distribuye cientos de miles de millones de pesos que siguen rutas muy variadas.

Actualmente, existe un marco jurídico y político que delimita atribuciones, marca responsabilidades y establece obligaciones con implicaciones legales y públicas. Las reformas constitucionales han establecido las bases para la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia. Desde luego, como es claro, eso ha sido insuficiente, porque no ha impedido los errores, la ineficacia y el incumplimiento de los funcionarios públicos; tampoco los insultantes casos de corrupción que han protagonizado los servidores públicos de distintos niveles.

Sin embargo, no podemos ignorar los avances normativos, ni prescindir de la regulación. La pregunta es qué normas y procedimientos debiera seguirá la próxima administración. No son solamente las que marca la Constitución, como la separación de poderes, los informes de gobierno que anualmente debe rendir ante el Congreso de la Unión o la vigilancia que debe ejercer la Auditoria Superior de la Federación. También incluye los mecanismos más cotidianos que tienen lugar en las estructuras de la administración pública, aquellos que conectan diferentes dependencias y organismos, equilibran poderes e integran un laberinto de transparencia y rendición de cuentas.

Pensemos en el conjunto de valoraciones que deben observar los miles de programas de las distintas secretarías y organismos descentralizados. En general, como el punto de inflexión son los recursos públicos, ahí se establecen los candados para medir el desempeño y justificar los recursos. La manija la tiene la Hacienda Pública y la clave está en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Pef). No obstante, la cámara de diputados es la que aprueba anualmente el decreto del Pef y ahí se anotan las evaluaciones que se deben llevar a efecto.

Por ejemplo, en el Pef de este año se estipula que la evaluación de los programas de las dependencias y entidades, “se sujetará a lo establecido en la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría (Hacienda) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conveal), y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones” (artículo 25).

En cada dependencia se han instaurado estructuras, tiempos y formas para cumplir con esas y otras disposiciones. Organismos, personas y ciertas consultorías realizan el trabajo de valorar el desempeño de los programas y, por extensión, de los titulares de las dependencias. En la página electrónica del Coneval, por ejemplo, se puede ver una larga lista de evaluaciones de programas. ¿Las evaluaciones han tenido algún efecto para mejorar las acciones? Algunos, como advertir el incumplimiento de metas, la coherencia de los programas, la insuficiencia de logros, la eficacia de los recursos empleados, entre otros. Sin embargo, las consecuencias han sido menos notables.

Sin duda, necesitamos amplificar la transparencia del ejercicio gubernamental, pero a la par requerimos mejorar los mecanismos de control y sanción de su actividad.

Pie de página: Y aunque hubo años sin premio, en éste, en abril y en octubre, como es fin de sexenio, tuvimos dos veces la entrega de los Premios nacionales de ciencias, artes y literatura (2017 y 2018).