En México la evaluación de los componentes del sistema nacional educativo entró al escenario de las políticas educativas a partir de los años setenta del siglo pasado, de la mano de la implantación de nuevos enfoques e instrumentos para la planeación y control del sector.
Hay, sin embargo, antecedentes más remotos que vale la pena recordar. En la Ley Orgánica de Educación de 1939, publicada el último año de la administración de Lázaro Cárdenas (3 de febrero de 1940), se establecía como funciones de un Consejo Nacional de Educación, dependiente de la SEP, “el estudio de la función educativa en sus variados aspectos, fenómenos y problemas, con miras a precisar los mejores métodos y formas de dirección y orientación técnica” (Artículo 92). Además, se establecían, como atribuciones del Estado, las de “convocar periódicamente a congresos pedagógicos en los cuales se discutan los problemas educativos del país; enviar al extranjero comisiones de maestros, cuidadosamente seleccionados, para que vayan a estudiar los problemas educativos de otros países y traigan las innovaciones más aventajadas que al respecto encuentren… y Establecer un intercambio con los demás países, de estudiantes y profesionistas, con el objeto de conocer y aprovechar su legislación escolar y orientaciones en materia educativa” (Artículo 8).
Esta norma duró muy poco tiempo, el último día de 1941 fue reemplazada por la Ley Orgánica de Educación Pública, expedida por Manuel Ávila Camacho y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1942. En ella, en reemplazo del órgano consultivo previsto en la norma previa, se anuncia la creación del Consejo Nacional Técnico de la Educación con, entre otras, atribuciones para “proyectar o estudiar los planes, programas de estudios y métodos de enseñanza comunes para toda la República; estudiar la organización y administración de los distintos tipos de enseñanza, los sistemas de estimación de resultados de la labor educativa, el perfeccionamiento técnico profesional del magisterio, los calendarios escolares, los libros de texto, las bases para la clasificación y promoción de alumnos y demás problemas generales, de orden técnico de la educación, y presentar a la SEP o a las Entidades Federativas, proyectos acerca de (esos) asuntos” (Artículo 119). Además, se daba a dicho Consejo la “facultad de recabar de las diversas dependencias de la SEP o de los Gobiernos de los Estados, las informaciones que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de sus labores” (Artículo 120).
Aunque las funciones del CONALTE se establecieron desde el inicio de los años cuarenta, el órgano iniciaría sus tareas hasta la década siguiente, durante el sexenio del presidente Adolfo Ruíz Cortines. Su sucesor, Adolfo López Mateos (1958-1964) designó a Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública. Torres Bodet ya había ocupado el mismo puesto en la segunda mitad del sexenio de Ávila Camacho (1940-1946), posteriormente fue seleccionado como director general de la UNESCO, puesto que ocupó de 1948 a 1952 y que le brindó conocimientos, experiencia y contactos suficientes para emprender un proyecto de renovación del sistema educativo del país. Uno de los proyectos emblemáticos de la transformación iniciada fue el denominado Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, popularizado como “plan de once años”, que fue encargo, desde el inicio mismo del sexenio a una “Comisión para estudiar un plan para resolver el problema de la Educación Primaria.
El primer problema con que topó la Comisión para el plan fue la inexistencia de datos confiables sobre la población escolar y docente de esa época. Por tanto, se solicitó a la Secretaría de Industria y Comercio, encabezada por Raúl Salinas Lozano, la elaboración de un estudio específico acerca de la demografía del sistema, con el propósito de identificar las principales carencias y proyectar las posibles formas de intervención, así como las implicaciones en términos de los recursos a programar e invertir. Dicho estudio, encargado al Departamento de Muestreo de la Secretaría se tituló “Investigación Nacional de Niños de 6 a 14 años”, entregó primeros resultados en 1959 y una memoria general publicada en agosto de 1961. Sobre la base de este estudio la SEP de ese sexenio y el siguiente perfilaron la política de universalización de la educación primaria.
Aunque la estadística educativa no era, en absoluto, un tema desconocido en México —de hecho, existen registros sistemáticos desde el siglo XIX—, la idea del empleo de datos con propósitos de planeación y diseño de políticas encuentran en los trabajos en torno al plan de once años un referente de primera importancia. Un método similar sería seguido, en los años sesenta y en la década siguiente, para estimar la demanda de bachillerato y educación superior, aunque en tales estudios y proyecciones la Anuies asumiría la responsabilidad principal.
En 1973, como parte de la Reforma Educativa del presidente Luis Echeverría Álvarez, se promulgaría la Ley Federal de Educación (DOF, 20 de noviembre de 1973). En ella, por primera vez, vemos aparecer el concepto de “evaluación” como parte de las responsabilidades de las autoridades educativas. En el artículo 7 de la norma se indica que estas “deberán, periódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servicios educativos”. En consecuencia, la SEP asumirá responsabilidades de evaluación del sistema. De lo ocurrido en esa década y las siguientes nos ocuparemos en la próxima entrega.
